En febrero de este año, Tiempo publicó la cantidad de desalojos que realizó el actual jefe de Gobierno desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 hasta enero de este año. Los datos sorprendieron a muchos sectores que, hasta el momento, no imaginaban lo grave del tema. Hasta ese momento, Jorge Macri había desalojado a más de 3000 personas, entre ellas 1060 niños y niñas.
Cabe destacar que estos datos surgieron de un informe exclusivo en base a un pedido de acceso a la información pública que solicitó este medio. Otro punto grave de esta situación es que, una vez que expulsa a las familias de los inmuebles, el gobierno ofrece un subsidio que no cubre ni el 25% de un alquiler y desconoce a dónde van a parar las familias, es decir, no realiza un seguimiento de la situación habitacional de las miles de personas que desalojó.
En ese sentido, hace unas horas el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (MPD) junto a la Defensoría del Pueblo local publicaron un nuevo informe con datos actualizados de familias desalojadas, que también fueron obtenidos mediante unan una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo.
Qué respondió el GCBA al MPD y la Defensoría
Según la información remitida, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes (NNyA), lo que equivale a más de cinco NNyA desalojados cada tres días. La tendencia, además, evidencia una aceleración sostenida: de mantenerse el ritmo observado en los primeros meses de 2026, este sería el año con mayor cantidad de desalojos del período analizado.
El dato más relevante no es sólo el aumento de los desalojos, sino el cambio en la naturaleza de los procedimientos. Mientras que en 2024 el 98% tuvo origen judicial, en los primeros meses de 2026 el 58% fue de carácter administrativo, impulsado principalmente por el GCBA mediante clausuras de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias (DGGAyE). En el mismo período, las clausuras totales —que implican la evacuación completa del inmueble— pasaron del 2% al 56% del total.
Este cambio evidencia una expansión del uso de mecanismos administrativos originalmente previstos para situaciones excepcionales y de riesgo inminente, hoy aplicados con una escala creciente y un fuerte impacto sobre familias en situación de vulnerabilidad habitacional. La respuesta estatal frente a estas situaciones se limita, en general, al ofrecimiento de ingreso a Centros de Inclusión Social o al acceso al subsidio habitacional, sin instancias de seguimiento posterior.
Asimismo, el propio GCBA informó que no cuenta con un protocolo unificado de actuación, un registro consolidado de procedimientos y personas desalojadas, ni mecanismos de seguimiento sobre las trayectorias habitacionales posteriores. En definitiva, se evidencia una política de desalojos en expansión, con un creciente desplazamiento hacia mecanismos administrativos de menor control institucional y una respuesta estatal fragmentada, sin capacidad de seguimiento sobre las familias afectadas.
El aumento y la transformación de los desalojos administrativos
Según datos proporcionados por el GCBA, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos, que afectaron a 4.482 personas, lo que equivale a más de 1 desalojo por día hábil en la Ciudad. El año 2025 registró un incremento del 26% respecto de 2024. De sostenerse el ritmo observado en los primeros dos meses, 2026 podría convertirse en el año con mayor cantidad de desalojos del período analizado.
Tipos de desalojo y su evolución
Los procedimientos de desocupación de inmuebles en la Ciudad pueden clasificarse en dos categorías. Desalojos de origen judicial, en los que el GCBA actúa como auxiliar de la justicia, dando cumplimiento a las órdenes de la autoridad judicial competente.
Desalojos administrativos, en los que el GCBA actúa como impulsor y ejecutor de la medida; comprenden, principalmente, las desocupaciones de inmuebles de dominio público, y las clausuras totales con evacuación dictadas por la DGGAYE bajo el supuesto del art. 12 del Decreto 1510/97 (“riesgo de derrumbe”), que pueden recaer tanto sobre inmuebles públicos como privados.
La transformación cualitativa observada en el período es decisiva. En 2024, el 98% de los desalojos se realizó por orden judicial y los administrativos representaron apenas el 2%. En 2025, los administrativos ascendieron al 6%. En los primeros dos meses de 2026, los desalojos administrativos alcanzaron el 58% del total, superando por primera vez a los de origen judicial, con los desalojos administrativos por orden de clausura representando el 52% del total de los casos analizados (Gráfico 2). Es decir, se subvierte el procedimiento judicial de desalojo y se lo reemplaza por uno administrativo, sin protocolización ni instancias que garanticen derechos mínimos a la población afectada.
El cambio no es sólo cuantitativo. Mientras que en 2025 los desalojos administrat ivos por clausura afectaron a 20 familias y 35 NNyA, en los primeros meses de 2026 alcanzaron a 222 familias y 215 NNyA, lo que implica un incremento de más del 1.000% en familias y del 500% en NNyA en este tipo de procedimientos. A la dimensión cuantitativa se suma el crecimiento de las clausuras totales, que implican la evacuación de la totalidad de las personas que habitan el inmueble. Sobre 386 clausuras registradas entre 2024 y 2026, las parciales representaron el 42% y las totales el 25%. La desagregación anual revela un crecimiento exponencial de las totales: del 2% en 2024 al 56% en 2026.
