En tiempos de un negacionismo oficial sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, que se expresa en el vaciamiento de los organismos estatales destinados a preservar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se registran también demoras en el inicio de varios juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran elevados a la etapa de debate.
Entre esos casos se encuentran dos expedientes en los que se investigan los robos y estafas cometidos por los represores de la ESMA contra los detenidos que pasaron por ese centro clandestino de detención ilegal.
Una de ella es la causa de los hermanos Radice, en la cual se describe un accionar destinado a recaudar fondos para financiar las actividades de los grupos de tareas de la ESMA y blanquear el origen espurio de ese dinero mediante la creación de sociedades y empresas fantasmas, ideadas para sostener el proyecto político del almirante Emilio Eduardo Massera.
También se encuentra pendiente el comienzo del juicio de la causa que se sigue por el caso de un grupo de tareas integrado por un teniente de navío, Aníbal Roberto Colquhoun (ya fallecido), y un grupo de aspirantes de la ESMA que desvalijaron propiedades de detenidos desaparecidos y que no informaron a sus superiores sobre varios de los bienes que habían robado.
Ambos procesos orales y públicos dependen del Tribunal Oral Federal Número 5, que aún no fijó fecha para el inicio de las audiencias.
El represor, su hermana y el almirante
El teniente de fragata Jorge Radice, también conocido como Gabriel o Ruger, fue uno de los represores más conocidos de la ESMA. Su declaración en el Juicio a los Comandantes de la última dictadura es uno de los episodios más recordados de ese proceso oral. Interrogado por el camarista Ricardo Gil Lavedra, Radice afirmó que él accionaba armas a orden de los superiores contra “blancos”, que podían ser ventanas o seres humanos.
En el centro clandestino de detención ilegal más grande que funcionó en la Capital Federal durante los años de la represión ilegal, Gabriel o Ruger conjugó sus actividades represivas con la administración de los bienes que les robaban a los detenidos y a las víctimas.
El represor estaba encargado de administrar las operaciones del Grupo de Tareas 3.2.2 y por su estrecho vínculo con Massera, trabajó en las oficinas de la calle Cerrito, donde el Almirante genocida diseñaba su proyecto político.
Con la colaboración de su hermana, Norma Berta –contadora de profesión–, Jorge Radice creó un entramado destinado a lavar activos de los robos de la ESMA que incluían sociedades en varios países como Argentina, Estados Unidos, Panamá y Uruguay.
Miguel Ángel Egea, un empresario conocido como “el colorado”, fallecido en 2016 y que figuró en los documentos del caso Panamá Papers –revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas–, integró varias de esas sociedades, según consta en el expediente.
Jorge y Norma Berta participaron en la conformación de sociedades y adquirieron bienes inmobiliarios. Uno de los más conocidos fueron propiedades ubicadas en la calle Besares 2019. En ese lugar funcionó Croma S.A, una firma abocada a la filmación de comerciales y videos. En ese lugar, detenidos y sobrevivientes de la ESMA debieron trabajar como mano de obra esclava.
Radice y su hermana crearon al menos tres inmobiliarias de propiedades arrebatadas a los detenidos que eran obligados a firmar poderes en favor de todo este entramado.
El represor y su hermana se quedaron con autos, embarcaciones y caballos de carreras. En marzo de 2023, el juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio oral.
Radice se encuentra detenido en la Unidad Penal número 31 de Ezeiza, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Este año pidió su libertad condicional, pero meses después desistió del trámite, según comunicó el defensor oficial que lo asiste.
En la cárcel aguarda el inicio de este nuevo juicio, en el cual estará sentado en el banquillo de los acusados junto a su hermana. Fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino estimaron que el TOF 5 estaría próximo a fijar una fecha para el inicio del debate.
Rúa Kosich y otros
En octubre de 1976, Ramón García Ulloa, su esposa, Dolores del Pilar Iglesias Caputo y Mónica Liliana Goldstein fueron secuestrados por una patota de la ESMA y aún continúan desaparecidos.
El teniente de navío Aníbal Colquhoun lideró un día después un operativo para desvalijar esas viviendas. En ese hecho participaron René David Rúa, Daniel Omar Kosich, Osvaldo Víctor Pérez, y Jovito Villalba, todos aspirantes de la ESMA que debieron llevar los bienes a los depósitos de esa unidad que administraba Alberto “Gato” González, condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y abusos sexuales.
González está vinculado a Victoria Villarruel, la actual vicepresidenta. En 2005 ambos impulsaron la creación del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas).
El grupo se quedó con parte de los bienes que debía reportar y eso originó la conformación de un sumario para sancionar a Colquhoun (ya fallecido) y los implicados. Esa documentación fue hallada por los Equipos de Relevamiento y Análisis que funcionaban en el Ministerio de Defensa, y que fueron eliminados por el titular de esa cartera, Luis Petri. Luego fue incorporada a la causa ESMA y permitió la conformación de esta causa, cuya fecha de debate debe ser definida por el TOF 5. «
