Los diputados opositores evalúan hacerlo en la Comisión que está investigando a la Corte. Las reacciones del oficialismo.
Tras el anuncio de Fernández por cadena nacional llovieron las repercusiones en el Parlamento, sobre todo entre los integrantes de la Comisión de Juicio Político que preside la oficialista Carolina Gaillard y que desde hace varios meses investiga denuncias contra los integrantes del Máximo Tribunal de la Nación.
Como contó este diario, al cierre de la reunión que se realizó ayer en la Comisión, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, manifestó que el FdT “se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos”.
“Si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño, no le quepa la menor duda que también vamos a hacer una presentación de pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte”, desafió.
Martínez también dejó ver sus sospechas sobre el momento en que trascendió el fallo mediáticamente. “A mí me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada del exadministrador de la Corte Suprema Hector Marchi, aquí a la Comisión, con la difusión de la noticia, pero muchísimo. Se estaba sentando y aparecieron los datos inmediatamente”, detalló.
Para los oficialistas la definición de la Corte es leída como un acto de “revancha” por lo que está trabajando la Comisión. De acuerdo a las declaraciones de Leopoldo Moreau es porque «se lleva adelante este proceso. Si la Corte se va a constituir como partido judicial para proscribir a sectores de la sociedad argentina, estamos en problemas».
“Así como proscribieron y suspendieron elecciones a 5 días en dos provincias-remarcó Moreau-Esta Corte en cualquier momento puede sacar una resolución si Cristina fuera candidata, lo que confirma que la proscripción de Cristina no es una fantasía”.
También, Eduardo Valdés, indicó: «Da asco. Muestra el pus que hay dentro de ese tribunal que es la Corte Suprema y la omnipotencia de tres miembros que se meten en las autonomías provinciales. Sacar esto a días de la elección muestra la disociación de esos ministros con lo que pasa en la sociedad». «Hay que revisar el fallo de Rosenkrantz respecto de (Alberto) Weretilnek (gobernador de Río Negro), cuando se pronunció a favor de la posibilidad de su reelección. Hoy fueron a la embajada de Estados Unidos, ¿cuándo hicieron el acuerdo? ¿Lo tenían ya escrito y dejaron pasar los días y dejaron pasar los días? Tenemos que ir hacia la elección popular de los jueces», agregó.
Sin embargo, de la oposición Juan Manuel López (CC) advirtió: “No vaya a ser que amplíen el juicio político por estos nuevos hechos y estemos acá. No se sabe hasta cuándo atacando a la Corte porque otra vez queremos desoír sus fallos”.
Este miércoles, luego de las palabras de Alberto Fernández, el lilito posteó: “presidente no pasará por el Congreso ni su Juicio Político patético, que iniciaron después de que el año pasado usted y Massa se alzaran contra la Corte y no les diera la nafta, ni cualquier otro intento de cargarse la independencia del Poder Judicial. Gobierne, aunque sea siete meses”.
En sintonía, la radical Karina Banfi también adelantó que el espacio político va a rechazar nuevos planteos en la comisión. De hecho, según pudo saber Tiempo, en Juntos por el Cambio definieron contraatacar reflotando los pedidos de juicio político que se han presentado en estos tres años contra la el presidente. Hay más de una docena de pedidos, tres impulsados contra la vicepresidentam Cristina Fernández, y casi una veintena contra los ministros de esta gestión.
La estrategia es que se vote en la nueva convocatoria en la que el oficialismo tendrá que usar su mayoría dentro de la Comisión para desestimar los pedidos y cuidar al presidente, en un marco de una coalición de gobierno dividida.
El último pedido fue “por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, presentado por la UCR encabezada por Mario Negri. Lleva las firmas de todos los integrantes de esa bancada y se hizo cuando el presidente dijo que no aceptaría el fallo de la Corte Suprema favorable a Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación.
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