El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) elevó un pedido de informes ante el gobierno de Jorge Macri, a partir de los cuestionados «operativos de limpieza» urbana, difundidos por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

En los últimos días, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó una serie de videos y fotos en los que se jactaba del éxito de los denominados «operativos de limpieza urbana«. A través de estas imágenes, el gobierno de Jorge Macri muestra una vereda con personas en situación de calle y luego, la misma vereda, pero sin las personas. En algunos videos, además, se observa cómo empleados del GCBA arrojan en camiones recolectores de residuos las pocas pertenencias de estas personas.

Los posteos en redes sociales provocaron estupor en buena parte de la población, que se pregunta qué pasa con esa gente y con sus pertenencias. Desde el GCBA, nadie da muchas respuestas al respecto e insisten con el éxito de «la limpieza».

El petitorio, que lleva la firma de la Defensora General Marcela Millan, manifiesta la «preocupación generada por la difusión por parte del GCBA de los denominados ‘operativos de limpieza urbana’, que afectarían gravemente derechos constitucionales de personas en situación de calle, y asimismo en referencia a la reciente puesta en funcionamiento del denominado ‘Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático'».

Además, se aclaró que este tipo de acciones estatales «deben realizarse con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos».

Las exigencias del MPD por los «operativos de limpieza»

  • Detalle de las intervenciones realizadas en relación a personas en situación de calle, indicando domicilios, cantidad de personas abordadas y soluciones habitacionales ofrecidas, así como indicando dónde y cómo se registran tales intervenciones.
  • Cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por el Gobierno de la Ciudad, y cantidad de plazas disponibles.
  • Derivaciones realizadas a Centros de Inclusión Social (CIS) y otros tipos de soluciones habitacionales otorgadas en el marco de dichas intervenciones.
  • Soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas.
  • Derivaciones realizadas a efectores de salud mental, detallando la intervención de los mismos, y en su caso, si se ha dado intervención judicial.
  • Medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental. En particular señale la dotación actual de ambulancias con personal especializado (SAME psiquiátrico) y el listado de efectores de salud mental actualmente disponibles. Asimismo, indicando cantidad y disponibilidad de camas destinadas a la atención de salud mental en los Hospitales generales de Agudos, detallando las mismas.
  • Actividades de capacitación realizadas con las fuerzas de seguridad a los efectos de la implementación del Protocolo, detallando el contenido de las mismas.
  • Políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales una vez superadas las situaciones de urgencia a las que alude el Protocolo.
  • Indique si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.
  • En referencia al Protocolo citado, especifique los modos y mecanismos en que se realiza la identificación de las personas en situación de calle (punto 2.1 del Anexo del Protocolo), y el registro de tales identificaciones.
  • Toda otra información de relevancia en la presente cuestión.
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