La Justicia rechazó un pedido de Irurzun para continuar en la Cámara Federal pese a exceder el límite de edad

El próximo 18 de julio será un día clave en la Cámara Federal porteña con asiento en Comodoro Py. Ese día, Martín Irurzun, uno de sus integrantes, cumplirá 75 años, aunque probablemente lo haga con el sabor amargo de no poder continuar al frente de una de las sillas más estratégicas del edificio ubicado en Retiro. Con un gobierno que no tuvo intenciones de avalar políticamente su continuidad más allá del límite etario que impone la Constitución, el juez espera que la Justicia le haga lugar a una cautelar sobre la cual tuvo en los últimos días un primer revés.

Semanas atrás, el camarista se presentó ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para pedir que se dicte una medida cautelar que le permita seguir en el cargo más allá del 18 de julio, día en el que cumple años. Con el aval de sus abogados, presentó un escrito en el que solicitó que se suspendan los efectos de un fragmento del artículo 99 de la Constitución y su aplicación al caso particular. Ese fragmento es el que ordena que para que un magistrado pueda seguir en el cargo más allá de los 75 años tiene que tener un nuevo nombramiento precedido del acuerdo del Senado.

En ese marco, Irurzun también pidió que se declare la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley 26.854 de Medidas Cautelares. El objetivo fue evitar que la Justicia le pida a la parte demandada, en este caso el Estado nacional, que formule un informe sobre el reclamo, algo que ocurre en todos los procesos donde se pretende una cautelar. Ese informe le abre la puerta a que el Estado se expida sobre el planteo y su procedencia, además del acompañamiento de constancias pertinentes.

En parte, el objetivo de ese planteo era ganar tiempo puesto que a Irurzun le queda menos de un mes de mandato.

Sin embargo, en los últimos días el juez Enrique Alonso Regueira, desestimó ese planteo en línea con lo dictaminado por el fiscal Fabián Canda, que había dicho que el artículo impugnado era constitucional.

De ese modo, el magistrado ordenó que se le gire la causa al Estado nacional, representado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el mismo que le dio impulso a la continuidad de otros magistrados que estaban frente a la misma situación que Irurzun, como lo fue su propio padre, el camarista de Casación, Carlos Mahiques.

Pero si había una búsqueda por hacer las cosas lo más rápido posible para lograr un pronunciamiento judicial antes del 18 de julio, a Irurzun no le están saliendo las cosas como pretende. Si bien todavía la Justicia no se expidió sobre el reclamo central, al rechazo mencionado en los párrafos anteriores hay que sumarle una desavenencia administrativa que posiblemente retrase los plazos.

Cuando el Juzgado remitió el oficio al Ministerio de Justicia, lo dirigió al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar, y no a la Mesa de Entradas del Ministerio. Desde la oficina respondieron este martes que “esta Subsecretaría carece de competencia específica para dar curso a lo requerido”, aunque de todos modos avisaron al Juzgado que gestionarían el pase interno a la Mesa de Entradas para que el oficio pueda llegar a manos del ministro. Una vez que eso pase, el Ejecutivo tiene plazo de cinco días para remitir el informe y que el juez quede en condiciones de resolver.

La doctrina Irurzun

Irurzun es juez de la Cámara Federal desde 1994, pero fue en 2017 cuando firmó un fallo que no solo generó polémica y debates en el ambiente político sino que trajo discusiones en el ambiente jurídico: fue cuando dispuso que un ex funcionario podía conservar poder residual necesario como para entorpecer el avance de una causa judicial y eso era motivo para decretar una prisión preventiva. Ese criterio hizo trascender su nombre y su apellido más allá de las paredes de Comodoro Py y el mundillo judicial, y le instauró el mote de autor de la “doctrina Irurzun”.

En Comodoro Py en general y en la Cámara Federal en particular siguen con atención el desarrollo del proceso en torno a las intenciones del camarista de seguir en su cargo. Desde hace semanas hay quienes sostienen ante consultas de Tiempo que ya no alcanza el tiempo para que el autor de la mencionada doctrina pueda seguir por cinco años más como integrante de la Sala II de la Cámara Federal, que se encarga de la revisión de la actuación de los jueces de primera instancia sobre causas de relevancia política.

En ese contexto, hay quienes celebran la decisión del gobierno y del ministro Mahíques de no prorrogar el mandato al camarista. Anticipan que eso traerá un reacomodamiento en los esquemas de poder interno de Comodoro Py porque la salida impactará en un alineamiento histórico del cual formaba parte Irurzun y que tenía en la cúspide al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Además, a esa situación hay que sumarle el impulso libertario al concurso para cubrir los sillones que hoy ocupan otros dos camaristas: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hace dos semanas, el Consejo de la Magistratura avaló la elevación al ejecutivo de las ternas integradas por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, por un lado, y por César Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Betuzzi, por otro.