Tras el festejo que el condenado realizó en febrero de 2024, el TOF de San Juan endureció las condiciones de su prisión y le impidió realizar un brindis y asistir al casamiento de su hijo.
El escándalo que generó el festejo, que incluyó un show de Palito Ortega y la presencia de la referente procesista Cecilia Pando y del represor Gustavo De Marchi, provocó que, a pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal de San Juan endureciera las condiciones de su prisión domiciliaria y le prohibiera volver a realizar un evento de esas características.
Un año y medio después, Olivera quiere organizar un nuevo festejo, esta vez “un ágape” para 30 personas por el casamiento de uno de sus hijos. “Un pequeño brindis”, señaló. También pretende acudir a la ceremonia, que se realizará a fines de octubre en la iglesia San Isidro Labrador, en el barrio de Saavedra.
El represor, a través de su defensor, hizo el pedido a fines de agosto. Los jueces Daniel Alejandro Doffo, Maria Carolina Pereira y Eliana Beatriz Ratta Rivas, resolvieron este miércoles rechazarlo de plano: “En primer lugar, estimamos que el pedido de autorización de Olivera para asistir a una parroquia donde se celebrará el casamiento de un familiar no encuadra en norma legal alguna que permita brindarle favorable acogida”, señalaron, en relación a que este tipo de permisos pueden darse sólo para casos de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados.
“Respecto al pedido de realizar de un evento en el inmueble que el condenado Olivera cumple prisión domiciliaria, no resiste ningún tipo de análisis, por encontrarse expresamente prohibido en el caso concreto”, añadieron, sobre las normas de conducta impuestas en marzo de 2024, luego del anterior festejo.
“Aquella regla añadida es la prohibición de realizar eventos sociales en su lugar de residencia (donde cumple prisión domiciliaria), que por sus características desnaturalicen el alcance y fin de la pena impuesta, como asimismo que signifiquen una extralimitación al afianzamiento de vínculos familiares permitido, bajo apercibimiento de revocar la prisión domiciliaria concedida”, recordaron.
Olivera integró la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan como oficial de Inteligencia y también prestó servicios en el Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata.
Cuando la justicia le tocó la puerta, la respuesta de Olivera fue fugarse. En 2013, a 20 días de su primera condena a perpetua por los crímenes del Grupo de Tareas del RIM 22 de San Juan, Olivera solicitó atención médica en el Hospital Militar en Buenos Aires, donde trabajaba su esposa Martha Ravassi. Junto al también represor Gustavo Ramón De Marchi, se logró escapar y permaneció prófugo hasta 2017, cuando fue recapturado.
El represor fue condenado dos veces más a perpetua por homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones y abuso sexual.
A pesar de haber estado prófugo por más de 4 años, en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió beneficiarlo con la prisión domiciliaria y se la mantuvo aun cuando presentó un certificado médico sin fecha para ausentarse de su casa.
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