Mientras países de la región como Brasil avanzan en leyes que bajan la carga laboral semanal, en la Argentina se está por convertir en ley una reforma del trabajo que degrada derechos como las vacaciones o las horas extra, y promueve mayor flexibilización para despidos con «bancos de horas». En ese contexto, la diputada nacional Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo de la gestión anterior, afirma que la normativa «va a universalizar la precariedad» y «va a hundir aún más los ingresos de los trabajadores argentinos».
Y alerta que hay 22 mil empresas cerradas en lo que va de la gestión de Milei, con 290 mil empleos formales perdidos: «Esta ley iguala para abajo, los ingresos que ya hoy son escasos van a verse todavía más deteriorados».
-¿Cómo evalúa que esta Ley de Modernización Laboral modificará el futuro del trabajo en Argentina en los próximos años?
-En relación al impacto que tendrá la ley, que ellos llaman de «modernización laboral hacia el futuro del trabajo», creo que va a universalizar la precariedad, va a hundir aún más los ingresos de los trabajadores argentinos y tiende a consolidar a la Argentina como un país de mano de obra barata. Esta reforma afecta todos los derechos particulares y colectivos de los trabajadores, y reemplaza la institución de la negociación colectiva, que tiende a emparejar la cancha entre trabajadores organizados y el sector patronal, para reemplazarlo por la unilateralidad empresarial, es decir, va a afectar extremadamente los derechos y los ingresos de los trabajadores.
-¿Qué tipo de empleo se va a expandir a partir de esta ley?
-Creo que se va a profundizar la tendencia a que se reemplace empleo formal con derechos (es decir, trabajo de calidad), por empleo informal, sin reconocimiento de derechos. O sea, precariedad.
-¿Qué sectores productivos cree que obtendrán mayores ventajas con la reforma laboral?
-En la actualidad, las PYMES están en nivel de subsistencia, pero las grandes compañías también están soportando una enorme competencia de las importaciones, con lo cual estamos viendo cierres de grandes compañías. En total, hay 22 mil empresas cerradas en lo que va de la gestión de Milei, con 290 mil empleos formales perdidos.
-La ley amplía las posibilidades de contratación independiente y limita la presunción de relación laboral en ciertos casos. ¿Cómo se protegerá a los trabajadores frente a posibles situaciones de fraude o encubrimiento laboral?
-Esta ley tiende a reemplazar la relación de laboralidad por una relación apoyada en el derecho civil y comercial, que es el que se considera de trabajadores independientes, es decir, trabajadores que si bien están trabajando para una patronal no se les reconoce sus derechos. La reforma permite mayor flexibilidad en jornada, banco de horas y remuneraciones variables. Esta ley deja muy débiles a las y los trabajadores para enfrentar situaciones de fraude o encubrimiento laboral.
-¿Cómo se evitará que estas herramientas se traduzcan en mayor carga laboral sin compensación adecuada?
-Lamentablemente, el universo laboral argentino hace años que tiene un problema de informalidad, de precariedad. Esta ley iguala para abajo, no va a mejorar la situación de los precarios, pero va a empujar a la informalidad o al desempleo a quienes hoy tienen trabajo con derechos. Por ejemplo, esta ley tiene un capítulo dedicado a los trabajadores de plataformas, directamente intenta hacer irreversible su condición de independientes, es decir, de no reconocimiento de laboralidad, con lo cual los derechos a los que van a poder acceder efectivamente, tanto en seguridad social como en salud, son mínimos.
-¿Qué mecanismos de control o fiscalización prevé el Estado para asegurar que la ley no derive en pérdida de derechos?
-Hoy, la jornada laboral tiene un máximo de ocho horas y cuarenta y ocho semanales, una conquista de principios de siglo que se pone en debate en esta ley, que permite hacer que los trabajadores puedan tener jornadas de hasta doce horas sin cobro de horas extras. Así que el banco de horas y las remuneraciones variables son todas instituciones que impone esta ley para destruir los ingresos que ya hoy son escasos y van a verse todavía más deteriorados.
