La decisión del gobierno nacional de abrir las importaciones de alimentos para frenar la escalada constante de los precios minoristas golpeó a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y a su titular, Daniel Funes de Rioja, que dejará su cargo en la primera semana de abril.

La versión del paso al costado del dirigente circula desde el jueves. La interpretación más extendida atribuye la desafectación a presiones de las empresas asociadas a Copal, “molestas” porque, pese a la capacidad de lobby del sector, la conducción no pudo anticipar la jugada del ministro de Economía, Luis Caputo. Y, además, porque una vez que se anunciaron las importaciones, no tuvo reflejos para transmitir a las autoridades las objeciones que se le hacen desde distintos sectores de la industria.

Una de las versiones vinculó la salida de Funes de Rioja a una pelea puntual con la empresa Arcor, la más poderosa de las integradas a la Copal, pero otras aseguran que la incomodidad está mucho más extendida entre los miembros de la entidad.

Además, se percibe negativamente que el presidente divida su poder de fuego con la titularidad de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que ejerce la representación de otros sectores muy demandantes del empresariado fabril.

También hizo ruido que el bufete de abogados que lleva su apellido, Bruchou y Funes de Rioja, haya quedado expuesto públicamente como uno de los que participó de la redacción del DNU 70/2023 y la llamada ley ómnibus.

Cuando el tema era un rumor, Funes de Rioja buscó tomar distancia y aseguró que el nombre del estudio refería a su hijo, también abogado. Esta semana una investigación de El Destape comprobó que tres miembros del bufete, los doctores Liban Kusa, Sergio Arbeleche y Carlos Rotman, frecuentaron la Casa Rosada mientras se redactaban las controversiales normas que impulsa la administración de Javier Milei.

Una fuente de la industria alimenticia intentó bajar los decibeles al cambio de mando y explicó que la salida del empresario estaba motivada “por una cuestión de recambio generacional”. La asamblea de Copal será el 8 de abril y se dice que asumiría Carla Martín Bonito, actual directora Ejecutiva de la entidad.

Confusión

Todo pasó en pocos días. Los aumentos de los precios de los alimentos se mantuvieron en el arranque de marzo. Las alertas sonaron en el entorno de Caputo, que se otorgó a sí mismo el laurel de haber frenado una presunta hiperinflación, y que presiona para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el Indec, baje al nivel de un dígito lo más rápido posible.

Enojado por la situación, el ministro convocó a las empresas alimenticias para pedirles que bajen los precios y a los supermercados para que levanten las promociones del tipo 3×2 o 2×1.

Fuentes consignaron que las empresas se definieron planteando que los aumentos obedecen a costos de los insumos y a la presión impositiva del Estado, e informaron que los precios van a bajar en la medida en que se desaceleren esos precios.

La disposición de favorecer la importación de alimentos y otros artículos de la canasta básica sorprendió a las empresas que participaron de esa reunión, que aseguran que las autoridades no informaron que se consideraba una medida por el estilo.

Esta semana, Caputo proyectó que la competencia con los importados va a ser una realidad mensurable en un mes, y las empresas siguen sacando cuentas. En una multinacional dijeron a Tiempo que “el tema (de la apertura de las importaciones) no nos termina de quedar claro como compañía, porque si fuera competitivo importar lo haríamos nosotros”.

Críticas a Funes en la UIA

Daniel Funes de Rioja recibió críticas en la Copal por su papel ante la apertura de las importaciones. Y también fue censurado en la propia Unión Industrial, de la que es presidente. En esta entidad es objeto de fuertes invectivas de parte de sectores que se consideran poco y mal representados por la conducción.

Román Queiroz, titular de la federación maderera Faima, contó a Radio con Vos que en un encuentro reciente le preguntó al conductor si el silencio de la UIA sobre la política del gobierno es “estratégico, negligente u obsecuente”. Queiroz señaló, además, que la UIA no responde a los planteos de las pymes, ahogadas por la política económica del gobierno.