El gobierno no quiere a ningún medio. No importa cuándo leas esto. Tampoco importa si se trata de empresas de gestión pública, privada o autogestiva. La información es una piedra en el zapato para el plan de saqueo y miseria planificada que se instaló en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2023. El ataque a la labor de prensa se visualiza en todas sus variantes: incluye desde violencia discursiva, física y económica hasta la amenaza virtual y la denuncia judicial.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas” es el mantra que Javier Milei inauguró en este 2025, una máxima que describe el asedio que vive la comunicación. “La historia demuestra que periodistas y medios de comunicación suelen estar entre los primeros blancos de gobiernos autoritarios en su deriva hacia una mayor concentración de poder”, analiza Artur Romeu, director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“Si no hay libertad de expresión, la motosierra con la que Milei ataca a las otras libertades no se conoce”, dice Ari Lijalad, uno de los tantos periodistas agredidos por el poder, para resumir el verdadero objetivo detrás del intento de silenciamiento. La búsqueda ya causa un impacto concreto en las redacciones escritas, radiales y televisivas del gremio: un 86,3% de los 1100 encuestados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) considera que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza, según revela el reciente informe anual realizado en la previa del 7 de junio, Día del Periodista.
“Lidiamos con una tormenta perfecta, porque el problema salarial realmente destroza nuestro oficio con sueldos de indigencia y además atravesamos un momento nunca antes visto de represión contra la prensa”, evalúa Francisco “Paco” Rabini, delegado de la Comisión Interna de Clarín y secretario gremial del Sindicato.
El ataque es sistemático y tan amplio que reúne alertas de parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, RSF, Amnistía Internacional, CELS, ADEPA, FOPEA y la Academia Nacional de Periodismo, por citar solo algunos casos. Entre ellos, además, hay unanimidad: de mínima, marcan el deterioro acelerado en el ejercicio de la libertad de expresión y señalan las agresiones al trabajo de prensa durante 2024, sobre todo en las coberturas de las protestas sociales.
Silvia Mercado, Laura Corradini, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Joge Lanata, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli y Marcelo Longobardi son apenas algunos de los destinatarios del hostigamiento y las agresiones de los funcionarios del Estado en un ránking liderado con notoria ventaja por el presidente. La lista también abarca a medios de comunicación de todo tipo de línea editorial. Sin ir más lejos, Milei mantiene un tuit fijado en su cuenta de X cuyo título es “Clarín: la gran estafa argentina”.
Si el primer año de gestión libertaria fue de deterioro acelerado en el ejercicio de la comunicación -como coinciden y señalan organismos de un amplio espectro político-, la velocidad de la escalada oficial en este 2025 aumentó hasta el nivel 2X. Cada miércoles, circulan distintos nombres de reporteros gráficos y periodistas reprimidos en medio de la cobertura de la marcha de las y los jubilados mientras Pablo Grillo todavía sigue en rehabilitación por el cartucho de gas que la Gendarmería le reventó en la cabeza. Ya se hizo costumbre ver a las y los trabajadores con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos, balas de goma o proyectiles usados por las fuerzas a cargo de Patricia Bullrich.
“Quieren tapar, buscan que no contemos y la tarea entonces es visibilizar, informar y combatir las fake news”, dice Martina Noailles, periodista de Sur Capitalino y secretaria de Medios Autogestivos del SiPreBA.
En medio de un clima de violencia cotidiana, Roberto Navarro -dueño de El Destape– fue agredido por dos personas aún sin identificar y estuvo tres días internado. Unos días después, Santiago Caputo increpó a Antonio Becerra, fotorreportero de Tiempo Argentino, en un evento de interés público como el debate de candidatos de las elecciones legislativas porteñas. Antes, se había filtrado un video en el que el asesor presidencial y actual arquitecto de la SIDE había digitado las preguntas de una entrevista de Jonatan Viale al presidente.
“Milei no tiene un odio hacia los periodistas, aunque lo disfrace de ese modo, sino que le tiene pánico a la información periodística. Quiere que su opinión sea tomada como un hecho incontrastable”, opina Ari Lijalad. Hace unos días, fue el destinatario de otra embestida oficial: el líder libertario lo denunció por calumnias e injurias por la publicación de una nota periodística en El Destape, pero la Justicia rápidamente desestimó tanto la presentación en su contra como la que pesaba sobre Carlos Pagni.
“El objetivo no fue silenciarme a mi, cosa que no va a lograr, sino generar miedo y autocensura sobre el resto del sistema periodístico. Por eso fue tan importante la respuesta colectiva con más de 600 firmas”, valora el conductor de Habrá Consecuencias, programa de El Destape Radio, sobre la decisión de republicar el artículo junto a periodistas, artistas y el SiPreBA como forma de hacer propio el contenido.
“La manera de contrarrestar estos ataques es visibilizando el trabajo cotidiano que generamos y el aporte al derecho a la información que tiene la sociedad”, apunta Noailles. “Desde el inicio de su mandato, el presidente ha adoptado estrategias típicas de líderes autoritarios frente a la prensa: estigmatiza a periodistas y medios presentándolos como enemigos; alienta discursos de odio en redes sociales; restringe el acceso a la información pública; y reemplaza canales institucionales por una comunicación directa a través de sus propias redes o de un ecosistema de influencers afines. A esto se suma el desmantelamiento de los medios públicos y el avance de una lógica de propaganda que debilita el derecho de la ciudadanía a una información plural e independiente”, completa Romeu, de RSF.
El silenciamiento de Télam, la segunda agencia de noticias de habla hispana más relevante del mundo, configura uno de los capítulos más nocivos. El conflicto sigue vigente: el gobierno repite cada vez que puede su intención de privatizar la TV Pública, Radio Nacional y cada empresa del Estado. La avanzada libertaria también incluye el congelamiento salarial que afecta a los trabajadores de estos medios desde agosto de 2025.
Los bajos ingresos son un problema transversal a todas las patronales de prensa, corresponsables del retroceso del oficio y la libertad de expresión. “El 70% de los trabajadores no llega a fin de mes ni siquiera con dos o tres trabajos. Es algo que inevitablemente impacta en la calidad periodística y democrática”, señala Paco Rabini. “Otro nivel de ataque está relacionado al sustento de los medios de comunicación autogestivos y comunitarios, afectados con mucha más fuerza por el quite de la pauta oficial y también por el desfinanciamiento de fondos como el Fomeca”, aporta Noailles sobre otra faceta del modelo de ahogo libertario.
“Si el país continúa por este camino, la asfixia del espacio cívico tenderá a profundizarse, agravando aún más un escenario de inestabilidad política. Al final, no se trata sólo de defender a periodistas y medios de comunicación, sino de proteger el derecho de cada argentino a estar bien informado para poder tomar decisiones sobre el futuro de su sociedad”, dice Romeu, de Reporteros Sin Fronteras, para comprender lo que está en juego detrás de la proclamada batalla cultural. «
Para proteger a la prensa
- Los diputados nacionales de la oposición, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (UP) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco de protección integral para hombres y mujeres de prensa, reporteros gráficos y comunicadores.
Los autores de la iniciativa proponen medidas concretas para prevenir la violencia, garantizar el acceso a la información y proteger la labor periodística frente a ataques, amenazas e intimidaciones.
En los fundamentos se advierte sobre «la urgencia de dotar al Estado de herramientas institucionales que garanticen condiciones dignas y seguras para el ejercicio del periodismo»
La iniciativa declara de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país las disposiciones contenidas en la norma e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir mediante sus propias leyes.
El “reconocimiento del derecho a la protección de las fuentes periodísticas” y «la creación de un mecanismo de protección interinstitucional, con la participación de organizaciones gremiales, medios y universidades» forman parte de los mecanismos de garantía que impulsa el proyecto.
También se pone en marcha un sistema de alerta temprana frente a ataques y amenazas y la capacitación obligatoria a fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para asegurar el respeto a la labor de la prensa
