El viernes pasado, Tiempo publicó un informe sobre una nueva etapa del ajuste educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ataca directamente a los bachilleratos populares ubicados en distintos barrios porteños.
Uno de los primeros bachilleratos en alzar la voz fue el «2 de Diciembre», ubicado en el barrio de Barracas, que funciona desde hace 18 años en el turno noche dentro de la Escuela República de Haití.
“No vamos a permitir que vacíen este bachillerato por donde pasaron cientos de estudiantes al que les cambió la vida”, dijo una ex alumna durante el abrazo que realizaron este miércoles asadas las 19 en las puertas del establecimiento educativo en Lafayette 1879.
Los bachilleratos populares porteños garantizan el acceso a la educación secundaria a jóvenes y adultos que no pudieron finalizar sus estudios en el sistema tradicional. A estas escuelas asisten generalmente trabajadores y trabajadoras precarizados, vecinos de barrios populares y una gran cantidad de mujeres que son jefas de hogar. Actualmente en la Ciudad hay alrededor de 30 bachilleratos con estas características, que operan bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE).
Alfonso, docente y referente educativo de bachilleratos populares recordó que el gobierno de Macri que “luego de presentar la primera parte de la documentación nos dijeron que la escuela se tiene que hacer cargo, a través de una asociación civil o de una cooperativa, del pago de los servicios, la luz, el agua, el gas, etc”.
El reclamo de la comunidad educativa llegó a la Legislatura porteña y en las últimas horas el bloque del FIT presentó un pedido de informes para indagar al gobierno de Jorge Macri por este nuevo vaciamiento en la educación pública.
“Pretenden que docentes y organizaciones se hagan cargo de pagar los servicios, el mantenimiento y hasta los seguros de las escuelas. Todo lo que debería garantizar el Estado”, señaló en sus redes la diputada local Vanina Biasi.
El documento pide información oficial sobre los términos incluidos en el ítem “convenios de colaboración” que se encuentran en la Resolución 1425/25, que el gobierno de la Ciudad pretende implementar en los bachilleratos. Además le exige explicaciones a la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel sobre los motivos por los cuales el Ministerio de Educación se “desentiende de la responsabilidad civil, penal o laboral ante posibles acciones legales, trasladando dichas cargas a las instituciones.”
Efectivamente, como informó este medio la semana pasada, tras la presentación de los documentos requeridos, la cartera educativa impuso la firma de un “convenio de colaboración” que precariza el trabajo de las y los docentes y desconoce las responsabilidades que el Estado había asumido.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la Unión de trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), publicó un comunicado donde advertía esta situación: “Tras reunirnos referentes y delegados de los distintos Bachilleratos Populares y UGEEs, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la Resolución N° 1425/25.”, desde el sindicato denunciaron que la documentación solicitada a las instituciones excede los requerimientos establecidos en la normativa anterior para su reconocimiento.
El vaciamiento y posterior cierre de los Bachilleratos populares, es un viejo anhelo del macrismo porteño. En 2023 se filtró una resolución del GCBA firmada por la ex ministra de Educación Soledad Acuña, que amenazaba la continuidad de estos espacios. Ese documento también fue presentado como una nueva reglamentación y, entre sus artículos, destaca que el ministerio decide si va a financiar o no a los bachilleratos. Además, elige a sus autoridades y pasa a todo el personal a planta transitoria.
“Esta iniciativa del Ministerio de Educación porteño, tampoco garantiza tampoco el 100% de los salarios docentes. En el convenio dice que la cartera educativa se va a hacer cargo parcial o totalmente de la Planta Orgánica Funcional (POF), y establece una fecha de vencimiento, o sea, el convenio vence a fines del 2027, lo que no garantiza ni siquiera el término de un ciclo completo, porque el bachillerato dura tres años: un estudiante que ingresa este año se estaría recibiendo a fines del 2028”, remata el docente
