La Ley de Educación Sexual Integral tiene veinte años. Es, hace dos décadas, ley: no una recomendación, no un programa piloto, sino un derecho conquistado después de años de lucha docente y feminista. Una ley además aprobada con un amplio consenso, no es una legislación aprobada por una sola fuerza política , ni instalada por decreto. Y sin embargo, en 2026, vuelve a estar en discusión. No porque alguien haya presentado un proyecto para derogarla —eso obligaría a debatir en el Congreso, a dar la cara— sino porque la derecha encontró una manera más eficaz de disputarla: ideologizarla desde el sentido común, por un lado, y vaciarla en los hechos, por otro. Son dos operaciones distintas que conviene no confundir, aunque se retroalimentan.
La cara más visible fue la de la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, cuando definió a la ESI como una trampa mortal que les destruyó la cabeza a los niños. La frase desató un escándalo que cruzó todos los bloques de la Legislatura e incomodó al propio PRO. Pero conviene no quedarse en el ruido: Muzzio quedó sola en el enunciado, pero no habló en el vacío. Puso en palabras, desde la tribuna porteña, algo que el gobierno nacional viene ejecutando en silencio y con mucha más eficacia.
Porque hay una manera silenciosa de derogar una ley sin tocarla. No hace falta llevarla al Congreso ni exponerse a la discusión pública: basta con retirarle el presupuesto, reemplazar sus contenidos por otros y dejar que muera de inanición. Eso es lo que está ocurriendo con la ESI. La Ley 26.150 sigue formalmente vigente, pero el Presupuesto Nacional 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023. Los docentes capacitados cayeron de 65.000 en 2023 a 900 en 2024. Las provincias asistidas por el programa pasaron de 24 a 6. Eso no es un debate sobre contenidos: es un programa al que le cortaron el oxígeno. Y a la reforma curricular que impulsa el Ministerio de Capital Humano para 2026 —que reemplaza la ESI de primaria por Educación para la Salud y diluye los contenidos de secundaria dentro de Biología— le alcanza con eso para vaciarla sin necesidad de discutir una sola coma en el Parlamento.
Conviene recordar de qué hablamos cuando hablamos de ESI, porque el ataque se sostiene sobre una caricatura. La sexualidad, dice la propia ley, excede ampliamente las nociones de genitalidad y de relación sexual: es una de las dimensiones constitutivas de la persona, que abarca lo biológico, lo psicológico, lo social, lo afectivo y lo ético. La ESI enseña a poner en palabras la propia identidad, a reconocer los estereotipos que nos moldean, a distinguir el amor de la violencia, a saber que existe algo llamado consentimiento —que no es quedarse quieto, ni quedarse callado, ni decir que no—. Enseña, sobre todo, que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y con derechos soberanos sobre sus propias corporalidades. Y una vez más es necesario subrayar, los contenidos de la ESI, son pensados para cada nivel y para cada edad en relación a lo que niños, niñas y adolescentes atraviesan en cada uno de sus momentos vitales, respetando lo que cada quien necesita y puede comprender de su propio proceso.
Los datos son tozudos y desmienten a Muzzio en su propio terreno. Los embarazos en menores de 20 años cayeron un 67% entre 2005 y 2024 —de 107.109 a 35.292—, en el período que coincide con la implementación de la ESI y del programa ENIA. Y hay algo todavía más difícil de refutar, que aportó en la Legislatura la radical Manuela Thourte citando al Ministerio Público Tutelar porteño: entre el 70% y el 80% de los chicos de 12 a 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializadas pudieron reconocer y contar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI. El principal motivo de la develación del abuso fueron esas clases. La ironía es filosa: al frente de ese organismo está Carolina Stanley, del riñón del PRO. Es decir, los datos que destrozan el argumento de Muzzio provienen de su propia fuerza política.
Sobre la sífilis, que ella usó como argumento contra la ESI, conviene mirar los números completos. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, los casos se incrementaron un 68% en 2025 respecto del período 2020-2024: más de 45 mil personas contrajeron la enfermedad el año pasado, la mayoría de entre 15 y 39 años. También creció la sífilis gestacional —12.341 mujeres diagnosticadas en 2025, contra un promedio de 11.396 en el quinquenio anterior—, con el riesgo de transmisión al bebé por nacer que eso implica
Ese repunte no es contemporáneo de la ESI: es contemporáneo de su desfinanciamiento, y del desfinanciamiento de todo lo que la rodea. Un informe de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación de Médicos Generalistas —citado también por Página 12— muestra que, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, la distribución de insumos de salud sexual y reproductiva (entre ellos, preservativos) cayó un 64%. La infectóloga Gabriela Piovano, del Hospital Muñiz, lo resume así: «El aumento de los casos claramente está relacionado con la falta de educación (…) Lo mismo con la Educación Sexual Integral para informar a los adolescentes y jóvenes». Menos preservativos distribuidos, menos ESI en las aulas, más sífilis: no hace falta mucho más para entender la relación entre desfinanciamiento y contagios.
En Fundación SES venimos trabajando estos temas desde una convicción que no es negociable: la ESI se defiende mejor cuando les jóvenes dejan de ser receptores pasivos de una clase y se vuelven protagonistas. Si algo faltaba además de la implementación efectiva que siempre es susceptible de ser mejorada, era sumar la dimensión comunitaria en el abordaje de la ESI. Creemos que es necesario proponer espacios donde crecer acompañades, aprender a ejercer derechos y transformarlo todo entre pares. Porque el derecho a la organización es también parte de la ESI: el derecho a participar, a ser escuchados, a construir colectivamente. El protagonismo de las nuevas generaciones, sin embargo, no se realiza sin personas adultas dispuestas a ceder espacios de poder. Y lo que hoy hace el Estado es exactamente lo contrario: cerrar espacios, borrar contenidos, replegarse hacia una mirada biologicista que ya creíamos superada.
Por eso no hay que dejarse tranquilizar por el argumento de que la ley sigue vigente. Una ley sin presupuesto es una promesa vacía. La ESI fue una conquista, nunca fue una concesión graciosa: es un derecho ganado. Y los derechos ganados no se cuidan solos.
Defender la ESI hoy no es defender un programa entre otros. Es defender la idea de que la escuela pública puede ser un lugar donde niños, niñas y adolescentes se animen a pedir ayuda, un lugar para construir comprensión sobre la propia corporalidad, donde alguien aprenda que la diferencia no es una amenaza. La respuesta a este vaciamiento no puede ser el lamento: tiene que ser la organización. En las escuelas, en los barrios, entre docentes y estudiantes, con las familias, entre pares. La ESI se enseña, se ejerce y —ahora más que nunca— se defiende.
* Especialista en Estudios de Géneros
