Un aniquilamiento. Así definieron las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la resolución 42/2026 que sacó el Gobierno nacional en la primera quincena de abril que dispuso el cierre de más de 900 servicios, que conllevaría al despido de, al menos, 7000 empleados. Esa resolución acaba de ser suspendida de forma parcial por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.
El freno estuvo a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tras la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar las consecuencias que el Ejecutivo de Javier Milei había dispuesto en el Boletín Oficial.
Luchar sirve: la justicia falló a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI
— Julia Strada (@Juli_Strada) May 27, 2026
La Justicia le ordenó a las autoridades del INTI suspender los efectos de la Resolución 42/26 y frenar cualquier intento de eliminación, traspaso o alteración de funciones dentro del… pic.twitter.com/rqC66NSsP1
Según consta en el fallo, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.
Además enfatizó que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos. De esta manera, el Gobierno debe garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026″.
A su vez, el magistrado de San Martín (el epicentro del conflicto con el INTI, capital de la producción en el conurbano) dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión: “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical.
Y añadió que la cautelar «es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal. Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
“La Justicia le pone un freno al desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Porque el INTI es industria, innovación y valor agregado. Una pieza clave del complejo científico y tecnológico del Estado, fundamental para el desarrollo de nuestra economía y para fortalecer la industria nacional –resaltó a través de un posteo en X la diputada Vanesa Siley de Unión por la Patria–. Existe una decisión política del gobierno de Javier Milei de destrozar el Estado, sus funciones y menospreciar a sus trabajadores. Pero acá hablamos de profesionales y personal capacitados que todos los días trabajan para mejorar la capacidad productiva, tecnológica y competitiva de la Argentina”.
También desde UP, Julia Strada escribió que “luchar sirve”, y acotó: «Se retrotrae la suspensión de los 1.000 servicios industriales del instituto. La medida cautelar representa un paso importante frente a los despidos arbitrarios y el vaciamiento del Instituto de Tecnología Industrial”.
Qué implica la resolución del Gobierno contra el INTI
Desde la Resolución del Gobierno, emitida el 14 de abril, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se fueron movilizando semana a semana, rechazando la decisión que quieren implementar de dar de baja cientos de servicios esenciales para el desarrollo industrial y para la protección y el cuidado de la sociedad. Yamila, una de las trabajadoras del organismo, advirtió: «Esto dejaría en la calle a 700 técnicos y profesionales y en serio peligro a la comunidad argentina, ya que muchos procesos quedarían a la deriva o en manos del sector privado, sin la imparcialidad que eso implica”.
¿Qué es lo que pasa cuando se caen los servicios industriales que prestaba el INTI? Responde Fernando Yapur, físico del organismo: “Lo que termina pasando es que el Estado se corre de su rol de ser un perito imparcial en el intercambio comercial. En todos los productos que se comercializan en el país y cada eslabón de su cadena de producción, el INTI está ahí presente. No solamente para brindar desarrollo, para mejorar la calidad de esos productos, para que puedan ser exportados, por ejemplo, sino también para certificar y verificar que cumplan las normas de seguridad y salubridad con la cual se tienen que comercializar esos productos. Como, por ejemplo, las normas ISO, normas IRAM o normas internacionales para poder exportar productos”.

Nombra el ejemplo de meteorología legal, servicio cortado. En el Instituto tienen una rama que implica que mantener, desarrollar y dar trazabilidad a las siete unidades del sistema internacional. “¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los instrumentos normados en el país tienen trazabilidad a un patrón nacional que está aquí. Las balanzas tienen trazabilidad al patrón del kilogramo. Las cintas métricas, los calibres, los micrómetros tienen trazabilidad a lo que es el metro patrón. Los termómetros clínicos tienen trazabilidad al patrón de temperatura. Y así con las siete unidades del SI. Esto implica que al cortar esa cadena de trazabilidad, por ejemplo, dando de baja, como dieron de baja meteorología legal, todos los instrumentos normados en la Argentina van perdiendo esa trazabilidad y van empezando a salirse del sistema de calidad. Empiezan a medir mal”.
Entonces llega la pregunta clásica en este tipo de casos: ¿Por qué no lo puede hacer el privado? “Yo lo que contesto siempre es que el privado sí lo puede hacer. El problema es la imparcialidad y la trazabilidad. Porque si bien para el privado no es su rol principal ser el árbitro o el perito imparcial en ese intercambio comercial entre el que compra y el que vende, tampoco tiene los patrones nacionales. Porque los patrones nacionales, por ley, son del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces, ¿cómo vos podés brindar trazabilidad si no tenés un patrón nacional que te respalde detrás? Eso es lo que pasa cuando los laboratorios privados se descalzan del INTI, que es lo que pasó ante estas últimas resoluciones del Consejo Directivo del Instituto, mediante la bajada de línea del gobierno”.
Todos los trabajadores y trabajadoras del INTI coinciden: la sociedad va a sentir este ajuste. No será indoloro ni insípido. Enumeran: lo va a sentir en los productos que no están certificados y pueden llegar a intoxicarse. O, por ejemplo, en autopartes de seguridad que no cumplan con determinadas normas y el día de mañana empieza a haber más siniestros. O la falta de control en los ascensores. Un riesgo para la salud. O la falta de controles y de verificación de cementos, que implica construcciones de mucho mejor calidad, implicando posibles derrumbes en un futuro.

Foto: Gentileza Trabajadores del INTI
Los embates al INTI
A diciembre de 2023 el INTI tenía 3100 empleados registrados. Echaron y se fueron expulsados más de 700. Y ahora puede ocurrir lo propio con otros tantos, según el anticipo del Gobierno nacional de que darán de baja 900 servicios, que implicarán el cese de contratos. Sería el golpe mortal a una institución emblema de todo el continente.
Estos embates contra el INTI impactan en el sector alimentario (el organismo realiza ensayos microbiológicos para detectar salmonella, listeria), en los análisis de calidad de agua y efluentes (metales, potabilidad), en el chequeo de seguridad en materiales eléctricos y de la construcción, y en las áreas de certificaciones oficiales.
Además, el INTI posee el único laboratorio capacitado para hacer ensayos de ascensores; capacita a los soldadores que trabajan haciendo los gasoductos que se utilizan en la industria hidrocarburífera y a la mano de obra que se desempeña en el sector de energía nuclear; tiene la potestad de certificar al personal que labora en los talleres aeronáuticos; y realiza la evaluación de envases y embalajes. También realiza controles de seguridad eléctrica, electrónica y de combustibles.

Los ensayos no son un gasto
Los trabajadores remarcan que los ensayos del INTI garantizan que los productos que se usan y se consumen en la sociedad sean seguros, auténticos y de calidad. Involucran, por ejemplo, a los cascos de motos, con pruebas de impacto, de penetración, de sistema de retención y de estabilidad y resistencia.
Lo mismo con materiales para la construcción, que implican ensayos de compresión, flexión, de tipo de compuestos y de durabilidad.
Y también la ropa de seguridad de trabajadores ante posibles fuegos. Realizan pruebas de inflamabilidad, resistencia al calor, resistencia al desgarro y resistencia química.
Técnicos y empleados coinciden: «Los ensayos no son un gasto, son una inversión en salud. Cuando se eliminan los controles, los riesgos los asumís vos».

Con la miel surgen alertas no solo sociales o de seguridad, sino incluso económicas, que pueden poner en riesgo las exportaciones. Los cierres de servicios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, involucran la eliminación de auditorías y certificaciones claves para los tambores de exportación. «Mercados exigentes como la Unión Europea, y más específicamente Alemania, podrían rechazar cargas por falta de trazabilidad». Ya se vio algo similar con cargamentos de carne que tenían «la vaca loca ovina», adjudicada a la falta de control y desmantelamiento de SENASA.
El impacto en el sector de la miel puede ser masivo: es una rama productiva de muchos emprendimientos familiares, cooperativos, pequeños y medianos, compuesto por 22.000 apicultores, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Hasta hoy la Argentina es el cuarto mayor exportador mundial.
