Gabriel Sánchez Zinny, actual Jefe de Gabinete del intendente porteño Jorge Macri, es recordado por ser uno de los acusados de la muerte de Sandra Calamano (vicedirectora) y Rubén Rodríguez (auxiliar) de la Escuela Nº 49 de Moreno, cuando estalló la cocina por una fuga de gas. Hecho ocurrido el 2 de agosto de 2018 cuando Sánchez Zinny era el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires bajo del gobierno de María Eugenia Vidal.
Pero entre tantos cargos que ocupó en el macrismo, Sánchez Zinny fue el Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), perteneciente al Ministerio de Educación. Cargo que ocupó desde el 10 de diciembre de 2015 hasta abril del 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.
En ese tiempo, había sido acusado de realizar contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas. Situación por la que finalmente fue imputado.
Por esta razón, la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de marzo al actual jefe de Gabinete porteño en una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir del pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.
De acuerdo a la información oficial publicada en el portal Noticias Argentinas, “también fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante por hechos ocurridos entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, cuando se desempeñaban en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación.”
Hechos de la maniobra
Se lo acusa de la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la Ley 22.317. La fiscalía entendió que los fondos fueron utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.
Son un total de tres casos acreditados. En todos ellos, el dinero que dejó de ingresar al Estado se destinó a las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. La investigación subraya que los servicios contratados presentaban irregularidades, baja calidad, inconsistencias en fechas y falta de respaldo documental.
El monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42. En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67.
De acuerdo al requerimiento fiscal, la operatoria se apoyó en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de “expedientes especiales” que no fueron registrados en los sistemas informáticos habituales del organismo.
La fiscal consideró que las evidencias reunidas, entre ellas documentación remitida por la Oficina Anticorrupción y expedientes administrativos del INET, resultan suficientes para sostener el estándar de sospecha exigido para la convocatoria a indagatoria.
Los imputados deberán responder por hechos que podrían configurar defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa incorpore nuevas calificaciones penales.
