La Justicia Federal ordenó distintas medidas para proteger a la docente de historia Soledad Reyes, quien fue abucheada por militares ex combatientes y sus familiares y también fue insultada en las redes sociales. Sucedió cuando la docente leyó un discurso en un acto que se realizó el pasado 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. El evento fue organizado por la intendencia en una escuela de Verónica en el partido bonaerense de Punta Indio.

Durante su exposición al público la mujer inscribió el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña en el marco del plan sistemático de desaparición y exterminio de personas protagonizado por la última dictadura cívico-militar. Tal como lo estipula la historiografía y lo afirman cientos de soldados que sobrevivieron. Los insultos que recibió la docente expresan odio y negacionismo; que son fogoneados por el gobierno de Javier Milei.

Medidas de protección para la docente

Por eso la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo ante el juez federal de la ciudad de La Plata, Alejo Ramos Padilla. El magistrado -durante los últimos días- resolvió y ordenó proteger la integridad física y mental de Reyes, entre otras medidas que dictó, le otorgaron un botón antipánico por medio del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

Cuando la docente estaba leyendo su discurso, inscribiendo la guerra en el marco de la última dictadura cívico-militar, “los veteranos, sus familiares y militares de la Base Aeronaval de Punta Indio comenzaron a vociferar en señal de repudio a los dichos de la profesora de historia”, reconstruyó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Por su parte, el comandante de esta Base y otros militares: “Le dieron la espalda y se retiraron del acto institucional, mientras la Reyes intentaba terminar de expresar su pensamiento desde una perspectiva humanitaria”, repasó el secretario ejecutivo.

La actitud adoptada por miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas “es muy grave porque rompe con todos los principios democráticos”, alertó el letrado. También señaló que un comandante de una Base militar, “está totalmente obligado -más que cualquier ciudadano- a respetar las distintas posiciones e interpretaciones frente a la realidad y la historia de nuestro país”.

Violación a los Derechos Humanos

Porque la guerra de Malvinas “se inscribió en la última dictadura cívico-militar, en la que hubo una violación sistemática de los Derechos Humanos que culminó con miles de personas desaparecidas, detenidas, exiliadas, torturadas, asesinadas y además existen cientos de sentencias judiciales que lo confirman”, denunció el secretario ejecutivo.

Ante esta triste realidad que atravesó a la sociedad argentina “solo pueden sentirse ofendidos aquellos que reivindican el terrorismo de Estado”, apuntó García. La actitud de los oficiales y suboficiales “frente a una docente que expresaba su pensamiento sobre la guerra -que además está reconocido por la historiografía y validada por cientos de ex combatientes- es un ataque directo a la democracia”, remarcó.

También señaló que es una falta de respeto hacia “los miles de soldados que sufrieron frío, torturas, hambre y la muerte por responsabilidad de sus propios jefes durante la guerra”, enfatizó el letrado. Además, “estos crímenes fueron reconocidos en el Informe Rattenbach, que fue confeccionado por las propias Fuerzas Armadas, pero que todavía no fueron juzgados”, reclamó.

Negación de asistencia y justicia

El abogado recordó que después de la guerra “por la negación de asistencia y justicia, muchísimos soldados se suicidaron porque no soportaron todo lo que sufrieron”. Por eso es muy importante “que las instituciones de la democracia, sus autoridades, las organizaciones sociales y políticas, se expresen en forma contundente ante el terrible hecho que sufrió la docente Reyes”, pidió.

Argentina tiene una gran deuda “con miles de ex combatientes que todavía esperan que juzguen y condenen a los militares argentinos que los torturaron estaqueándolos bajo la nieve, la lluvia, las bombas inglesas y los sumergieron durante mucho tiempo en pozos de agua helada”, denunció el secretario ejecutivo. También recordó que les negaban la comida, “que en muchos casos era enviada por el pueblo y que se perdió entre la corrupción de los soldados argentinos”.

Lo que sufrió la docente por parte del comandante de la Base Aeronaval de Punta Indio que fue designado por la democracia “fue un acto terrorista, que solo nos recuerda los momentos más tristes de nuestra sociedad, las oscuras noches dictatoriales”, expresó el letrado. Siendo que debería estar exigiendo: “Justicia por los soldados víctimas y no reivindicando los crímenes de lesa humanidad cometidos por los jefes militares que deshonraron de manera infame a las Fuerzas Armadas de nuestro país”, enfatizó.

Por todo esto, durante los últimos días, luego de tomar contacto con la docente que resultó víctima, el juez federal de la ciudad de La Plata Alejo Ramos Padilla ordenó de manera cautelar medidas de prevención en forma urgente para Soledad Reyes. Desde la Comisión Provincial por la Memoria pidieron, “que la sociedad en su conjunto se pronuncie ante estas actitudes negacionistas y de odio; para que no vuelva a suceder”, terminó el secretario ejecutivo.