Las pretensiones de la diputada nacional Rocío Belén Bonacci de derogar el derecho al aborto responde a una promesa de campaña de La Libertad Avanza, quienes desde las PASO hasta el ballotage amenazaron constantemente en los medios con “eliminar” uno de los derechos más debatidos en el Congreso de la Nación.
Este miércoles, luego de un martes oscuro para el espacio político de Javier Milei, a últimas horas de la tarde se conoció la presentación de un proyecto que plantea la derogación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la firma de la diputada Bonacci. El avance sobre este derecho es una muestra más del desprecio de La Libertad Avanza hacia las mujeres y diversidades.
El proyecto pretende no solo derogar la normativa actual sino retroceder la legislación más de 100 años, eliminando el aborto aún en caso de violación, tal como establecía el Código Penal de 1921.
Sin embargo, y a pesar que la misma diputada horas después de conocida la presentación de este proyecto dijo que no respondía a una idea del ejecutivo, el presidente durante su campaña expresó en más de una ocasión sus intenciones de derogar o plebiscitar el derecho al aborto.
“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, publicó la diputada Bonacci en su cuenta de X. También negó que se haya firmado el proyecto. Dijo que los diputados que figuran en el proyecto (Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago) no firmaron “de puño y letra” sino que son “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente”.
También el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en su conferencia diaria que no está en la agenda del presidente la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020.
Una ley que mejoró y salvó vidas
La Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo cumplió tres años de promulgación el 14 de enero. En esos tres años los resultados son sólo de mejoras para la vida de las mujeres y personas gestantes.
En la Argentina, de acuerdo a los datos que el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES), dio a conocer el 4 de diciembre en el informe “Es mucho más que un aborto”, que hasta octubre de 2023, “245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023 la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto”.
Además, consigna que disminuyó significativamente la mortalidad materna por aborto y los embarazos en niñas y adolescentes.
El último informe con datos oficiales, consigna la agencia Télam, lo difundió al final de su gestión la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE, un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país.
Otro dato del relevamiento oficial difundido por la gestión saliente es que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país, mientras que en 2020 eran 907. Fue el resultado de un proceso que incluyó una serie de acciones y capacitaciones que se realizaron en estos tres años para profesionales sanitarios, política pública establecida en el artículo 19 de la Ley 27.610.
Con respecto a lo que sucedió con adolescentes, junto con la ley IVE se planteó el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense. En septiembre de 2023, se amplió a 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA. En ese sentido, los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.
Tiempo Argentino, en una nota publicada en diciembre pasado, consigna el resultado del informe que elaboró la Socorristas en Red (SenRed). En él plantea que sólo en 2022, se brindó acompañamiento e información a 13.292 personas que manifestaron su decisión de abortar. El 10% abortó en el sistema de salud, y el resto de manera autogestionada. El 100% recibió contención, información, instrucciones, mensajes de WhastApp, llamadas telefónicas, compañía virtual y presencial de socorristas.
El 91% de las personas que se contactó con SenRed cursaba 12 o menos semanas de embarazo, y el 70% -de las mayores de 18 años- sabía que podía solicitar un aborto voluntario y legal en el sistema de salud.
La vida de las mujeres y personas gestantes
También las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021, según el Ministerio de Salud de la Nación en el último dato disponible. En el informe, el Ministerio menciona la necesidad de ampliar los equipos de salud que garantizan las prácticas para avanzar a una tasa cero de mortalidad materna.
En ese sentido, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak dijo el jueves en su cuenta de X: “Desde que se sancionó la ley del aborto, se redujeron el 90% de las muertes por esta causa en la provincia de Buenos Aires; es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido. No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán”.
Varios diputadas y diputados opositores también se pronunciaron en contra del proyecto que propuso la diputada Bonacci quien, a través de su padre, tiene cercanía con la iglesia evangélica.
En constante retroceso
El proyecto de ley presentado el 5 de febrero por Bonacci pide derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.
En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar “con reclusión o prisión de uno a cuatro años” a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena” a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
También se modificaría el artículo 88 del Código Penal: “Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”. En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, “luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare”.
El proyecto presentado por LLA plantea además que “la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.
Entre los retrocesos plantea este proyecto, está retrotraer el estado jurídico previo a la 1921 cuando se aprobó el aborto con causal. “Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”.
La situación política de La Libertad Avanza no es la mejor hoy luego de que el martes tuvieron que bajar la Ley Ómnibus por lo que esta presentación no podía haberse hecho en peor momento. A pesar de eso, Javier Milei y los políticos que integran ese partido, atacaron incesantemente la agenda feminista, tal como lo hizo Victoria Villarruel hablando del aborto con argumentos falsos.
En la conferencia que brindó Javier Milei en Davos el 17 de enero expresó que fue esa agenda la que no permitió el crecimiento de la Argentina. Durante su campaña negó la brecha de género y apenas asumió eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Hoy durante en ningún espacio estatal en manos del autopercibido espacio liberal, en los se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y el no sexista.
La respuesta de las organizaciones feministas
Desde diferentes organizaciones y colectivas coincidieron en que se trata de una maniobra que intenta distraer y desorganizar el movimiento feminista que, desde el 28 de septiembre, cuando se realizó una gran marcha en torno a la defensa del derecho al aborto y a la agenda feminista, se mantiene en estado de alerta y al frente de asambleas y manifestaciones.
«A días de la gran derrota política del gobierno de Milei en el Congreso, se presentó un proyecto con la intención de derogar la Ley 27610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo», dijeron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La llegada de gobiernos de características conservadoras impulsó en diversos países donde está garantizado el aborto legal a su derogación. Por ese motivo, el 30 de enero, los diputados franceses aprobaron por amplia mayoría la inscripción de la «libertad garantizada» a abortar en la Constitución. El objetivo fue el de proteger su acceso ante los retrocesos registrados en el mundo, como en Estados Unidos.
En ese contexto, la diputada francesa Éleonore Caroit, que representa a sus compatriotas residentes en América Latina, llamó a los diputados de estos países a seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en sus constituciones, columna del diario El País.
«En Argentina, la llegada al poder de Javier Milei, quien ha expresado abiertamente su escepticismo hacia la protección de los derechos de las mujeres, debe alertarnos y preocuparnos», escribió Caroit, para quien la mayoría de países latinoamericanos podría conocer un «retroceso».
