La última reforma exprés de la SIDE, originada mediante el decreto 941/2025, desató una serie de intrigas en los primeros días del año. Apenas se conocieron los cambios, comenzaron los interrogantes sobre el nuevo diseño de la estructura de espionaje. Es la segunda que impulsa el gobierno de Javier Milei, después de renombrar a la vieja Agencia Federal de Inteligencia como SIDE, el nombre que mantuvo durante décadas, tanto en democracia como en dictaduras.

Pero la última metamorfosis implicó la creación de una «Agencia Nacional de Contrainteligencia» (ANC), nuevo nombre dedicado a la Agencia de Seguridad Nacional, el ente que estaba dentro de la SIDE y que ahora continuará con la nueva denominación. Si la primera reforma implicó un rediseño generado con el asesoramiento de los Estados Unidos, la segunda pareció tener el mismo origen, pero ante las consultas de Tiempo, distintos funcionarios vinculados con la problemática reconocieron que los últimos cambios responden a la crisis desatada por la salida de Sergio Neiffert y su reemplazo por Cristian Auguadra, que era el auditor interno y ahora es el nuevo señor 5, nombre que lleva el titular de la SIDE desde el siglo pasado.

La interna fue revelada por el portal ElDiario AR. Así quedó al desnudo que el rearmado de la vieja SIDE encerraba una serie de peleas entre sus tribus, que no sólo resquebrajaban el poder del presidente Javier Milei sobre la SIDE, sino que ponían en crisis la ambiciosa división de la secretaría en varias partes que, algunos desconfiados interpretan como parte de una distribución de poder entre los distintos sectores en pugna dentro del aparato de espionaje estatal que reclamaban una reorganización.

Así surgieron los primeros cambios del aparato libertario y el respaldo manifiesto de los Estados Unidos sirvió para unificar posiciones. Pero las coincidencias que fueron secretamente tejidas se rompieron antes de fin de año, cuando se filtró la pelea a gritos entre Auguadra y Neiffert. El anterior jefe de la SIDE afrontó una durísima «apretada» de sus actuales sucesores. La derrota de Neiffert abrió la puerta para la nueva reforma aplicada por decreto, pero no dejó de llamar la atención la urgencia para arrancar el año con otro giro en la conducción del sistema de inteligencia.

Uno de los cambios más llamativos gira en torno a la ANC. La oposición la consideró una verdadera «policía política», porque le restituye la capacidad de demorar personas y luego entregarlas a un juez, pero siempre a partir de una polémica potestad que los espías tuvieron hace años.
Las primeras explicaciones del gobierno buscaron relativizar los cambios. En la Casa Rosada sostienen que todo se ajusta a derecho y que finalmente los cambios serán revisados por la Comisión Bicameral de Inteligencia que deberá expedirse al respecto. Sin embargo la invasión  de Estados Unidos en Venezuela, el derrocamiento de Nicolás Maduro, su posterior detención y el envío a Nueva York para que sea juzgado ofrecieron nuevas respuestas sobre los tiempos elegidos para aplicar la reforma en los primeros días del año.

Las fuentes oficiales niegan que será una «policía política», pero admiten que se concentrará en seguir de cerca a «agentes externos que espían». Una definición llamativa sobre las funciones de un organismo que, en los papeles, podría enfocarse en el seguir de cerca a los aparatos de inteligencia extranjeros.

Pero el futuro rol de la ANC toma otro papel a partir de los anuncios de nuevos controles migratorios que impulsará el gobierno libertario para saber si ingresarán al país funcionarios bolivarianos. A los controles que el Ministerio de Seguridad pondrá en marcha, junto a la Dirección de Migraciones, se sumará la ominosa sombra de la ANC. Su presencia durante este año, al menos por las fuentes consultadas, asoma como un posible organismo que se enfocará en controlar opositores bajo la presunta amenaza contra la seguridad nacional. La curiosa definición que esgrimen en el gobierno habla de un nuevo interés por contar con una oficina dedicada exclusivamente a controlar objetivos extranjeros sospechosos, pero por afiliación política o vocación opositora al gobierno libertario.

Entre las hipótesis de conflicto que enumeran en la Rosada, también admiten que el posible incremento de conflictividad en Argentina por la situación en Venezuela «requiere nuevas herramientas para garantizar la seguridad nacional», aseguró una alta fuente vinculada con la materia.
Hasta que el Congreso no se expida sobre la reforma, los cambios seguirán en pie y la ANC aparece como un recurso que podría dedicarse a controlar presuntas amenazas por el posicionamiento argentino en medio oriente o por el respaldo a Estados Unidos por la situación en Venezuela. La teoría conspirativa interna aparece como un nuevo pilar para el rediseño de la SIDE, sin perder la conexión con sus garantes de Estados Unidos, pero con aspiraciones de una policía política dedicada a preservar a la Argentina como una nueva retaguardia estratégica de Washington.

¿Qué puede pasar con los ciudadanos argentinos que esgriman su oposición a medidas internacionales del gobierno de Milei? En principio pueden ser considerados una amenaza y luego quedar en el radar de una estructura que podría detenerlos a pedido de la Presidencia y después dar explicaciones ante la Justicia, con los hechos consumados.