La primera etapa de búsqueda del Equipo Argentino de Antropología Forense en la actual Reserva Natural de la Defensa cerró este martes con un acto. Expectativas de cara a 2026.

En el marco de esa búsqueda de 70 días, a fines de septiembre se hallaron restos humanos compatibles con las víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, que ahora serán cotejados con las muestras de ADN que familiares han brindado en las últimas décadas, ante la posibilidad, algún día, de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Entre otros aportes significativos, el más relevante este martes fue el del colectivo de familiares que meses atrás se conformó como querellantes, y que significó un indudable impulso a una causa que llevaba buen tiempo sin avances de trascendencia.
En una carta pública leída en el acto, las y los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por La Perla pidieron “presupuesto, personal, leyes, decisión política y vías concretas para que la investigación no solo no se interrumpa, sino que se incrementen los medios” y bregaron por una unidad de búsqueda en Córdoba.Tras haber hecho un reconocimiento del lugar donde se hallaron los cuerpos, llamado Loma del Torito, los familiares ahora piden que “se intensifique y acelere radicalmente la búsqueda”.
“En un paisaje serrano de los que tanto conocemos, un monte en medio de lomas con espinillos y molles, han hallado huesos: lo que queda de nuestros padres, hermanos, hijos, esposos. Allí están muchos de los miles de desaparecidos secuestrados en Córdoba, en esa loma y en otras. No solo los escondieron: los cuerpos no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados. 49 años después, por fin pisamos el suelo en donde están. Ese predio, Loma del Torito, es para nosotros un camposanto”, señalaron.
En el escrito, los familiares destacaron: “Estas lomas nos revelan certezas: que nuestros familiares están allí, cerca de La Perla de donde los sacaron para matarlos como lo dijeron sobrevivientes desde 1980; que el Ejército argentino siempre supo dónde estaban (y están): en terrenos de ellos; que con su silencio siguen manteniéndolos secuestrados; que el Estado argentino no los buscó lo suficiente”.
En ese sentido, destacan que “había mucha información” y que “si hubieran buscado de manera continua los habrían encontrado en estos 50 años”. “Por eso hoy pedimos un equipo de búsqueda permanente en Córdoba. Ahora les toca al Estado, al Poder judicial y a las instituciones garantizar presupuesto, personal, leyes, decisión política y vías concretas para que la investigación no solo no se interrumpa, sino que se incrementen los medios y se intensifique y acelere radicalmente la búsqueda. Nosotros seguiremos andando por las lomas que haga falta”, expresaron, no sin antes anunciar la incorporación de nuevos querellantes.
“Promoveremos una ley de búsqueda que defina como política de Estado la búsqueda permanente, la recuperación y la identificación de todos y todas los secuestrados-desaparecidos, de todos los ciudadanos desaparecidos. No se puede construir la Córdoba del futuro sobre cuerpos insepultos (…) Sus huesos renacen pidiendo Justicia con la fuerza de su dignidad y el brillo de los sueños de cada uno de ellos”, finalizaron.
La perspectiva es que en 2026 la búsqueda continúe. Lo rastrillado es solo parte de uno de los puntos (hay decenas marcados en el predio de 13 mil hectáreas) como posible lugar de enterramientos clandestinos. Otros lugares nombrados en la causa, como las salinas del noroeste o el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, aún esperan su turno.
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