El gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta el momento de mayor demanda de alimentos. La necesidad de ayuda de las familias configura un escenario que, en ese aspecto, bordea “la situación de colapso” en varios de los 135 municipios, según describieron a Tiempo desde La Plata. La necesidad incluye de manera creciente a bonaerenses de clase media que están endeudados y no llegan a fin de mes.
La gobernación afronta esta récord de demanda con un obstáculo de base: desde hace dos años viene denunciando que el Ejecutivo de Javier Milei perjudica a la provincia más grande y poblada del país con un recorte de fondos que estiman en 22 billones de pesos. En esa cuenta suman programas y transferencias intervenidas, obras paralizadas, más la incidencia de la caída continua de la recaudación por el ajuste, la caída de la actividad y el ‘industricidio’, producto de la política económica nacional.
Ante este panorama complejo, en el marco de las crecientes restricciones presupuestarias de la PBA, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense anunció un aumento de 30% en los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), además de duplicar los programas de atención a niñez, adolescencia y personas con adicciones. La actualización de los presupuestos para el SAE impactará en la asistencia alimentaria que reciben más de 11 mil establecimientos educativos de gestión pública para ofrecer a los estudiantes desayuno, almuerzo y merienda a 2,5 millones de estudiantes, según informaron a este diario desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que encabeza Andrés Larroque.
Este martes, el propio Larroque hizo el anuncio desde su cuenta en la red social X: “A pesar de la deserción del gobierno nacional, en la Provincia por decisión del gobernador Axel Kicillof implementamos nuevos aumentos: 30% en el Servicio Alimentario Escolar, duplicación de la asistencia alimentaria a municipios y 25% en programas sociales del ministerio de Desarrollo de la Comunidad”, posteó.
Como parte de los anuncios, además, se prevé una suspensión por 90 días de un programa complementario de asistencia que se había creado en tiempos de pandemia, cuando no había presencialidad escolar: se trata del llamado MESA Bonaerense (por las iniciales de Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). En rigor, el MESA consiste en una caja con alimentos envasados (generalmente entre nueve y quince, producidos por cooperativas emplazadas en territorio bonaerense) que se envía con regularidad a las escuelas primarias y secundarias de gestión pública, donde las retiran las familias. El objetivo de su creación fue “garantizar la continuidad alimentaria” de los chicos en tiempos de hundimiento de la actividad económica que afectaba a los padres, producto de las restricciones sanitarias para prevenir el Covid. Pero cuando la pandemia terminó se decidió sostenerlo.
La suspensión del programa MESA había sido adelantada por algunos medios, hace unos días. La decisión quedó atravesada por las tensiones políticas con el mileísmo. También, pese a lo sensible del tema, irrumpieron otra vez las pujas internas del peronismo bonaerense: el senador provincial Mario Ishii, sin consultarlo con nadie del gobierno bonaerense y posterior al reclamo de parte de Desarrollo, presentó este lunes un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en el territorio provincial. En el artículo 4°, el proyecto de Ishii propone instruir al Poder Ejecutivo bonaerense para que “incremente de forma inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, servicios alimentarios escolares, comedores comunitarios y programas de asistencia directa”.
En tanto, desde la cartera que encabeza Larroque aseguraron que en materia alimentaria existe desde hace años un procedimiento acordado por las dos jurisdicciones por el cual la cartera de Capital Humano del gobierno nacional cubre el 33% del costo presupuestario del SAE. Sin embargo, desde la asunción de Milei esas transferencias específicas bajaron “al 10 o 15%”, añadieron. Este planteo derivó en que ayer mismo el ministerio de Desarrollo de la Comunidad enviara una carta a la propia Sandra Pettovello para reclamarle “la incorporación del financiamiento nacional para el programa MESA así como la revisión y actualización de los montos propuestos para el financiamiento del SAE”.
En otro párrafo de esa carta la cartera de Larroque advertía que las transferencias de Nación a la PBA para cuestiones alimentarias previstas para este año corren el riesgo de licuarse por efecto de una variación inflacionaria en alimentos que ya orilla el 30% anual. En ese texto, la PBA le recordó a la Nación que “el aporte nacional actual necesario para sostener el nivel de ejecución y capacidad operativa” de las políticas alimentarias “se estima aproximadamente en 177 mil millones de pesos”.
En contraste, “la propuesta nacional actual” que habría aceptado transferir Capital Humano suma alrededor de 80 mil millones, objetaron desde La Plata.
Desde el ministerio de Pettovello contestaron la misiva bonaerense con un comunicado muy breve: en apenas tres párrafos dijeron que la cartera de Capital Humano “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la PBA ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y SAE” y plantearon que la distribución del financiamiento de los programas bonaerenses debe ser con “un 20% de aporte nacional” más un 80% restante de “obligación provincial”.
Finalmente, negaron que el gobierno nacional tenga “deuda alguna” con la PBA.
