La provincia de Buenos Aires se presentó en diez causas en investigación en la Justicia Federal de San Nicolás y recuperó el rol de querellante en expedientes por crímenes de lesa humanidad que había sido abandonado por la gestión Cambiemos. Los expedientes llevan años en la justicia e investigan secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidos durante la dictadura cívico militar contra 58 víctimas, en los distritos de San Nicolás, San Pedro, Pergamino y Ramallo, en el norte bonaerense, que involucran a unos cuarenta represores. Las presentaciones fueron realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense que tras un relevamiento detectó que el gobierno anterior había dejado de participar en debates orales y de impulsar causas en instrucción en todas las jurisdicciones, e incluso en muchos casos ni siquiera designaron abogados.

Se trata de causas que comenzaron al menos hace siete años, en general como desprendimientos de otros juicios. Entre ellas están la Causa Di Pascua, que investiga secuestros cometidos en 1976 en San Pedro contra siete víctimas, que es una causa derivada del juicio Saint Amant II que concluyó en junio de 2015 con la condena a perpetua del ex militar Manuel Saint Amant y penas desde tres años a perpetua para otros militares y policías. También la causa por el asesinato del policía bonaerense y militante peronista de Pergamino, Luis Francisco Ceccon, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido en 1978, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El expediente, que tiene diez imputados, también se desprende de la causa Saint Amant II, que hace seis años condenó a su secuestrador Norberto Ferrero.

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Las presentaciones fueron realizadas ante el Juzgado Federal Nª1 de San Nicolás por la Dirección de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría, a través de su Dirección de Querellas, y fue el resultado de un relevamiento realizado en distintas jurisdicciones federales en el que, según explicaron desde el organismo, constataron que durante el gobierno de María Eugenia Vidal y su secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, la Provincia dejó de participar en debates orales de las jurisdicciones de San Nicolás, Mar del Plata, Bahía Blanca y en causas que involucran a la provincia que tramitan en Comodoro Py. También advirtieron que se había dejado de impulsar expedientes en instrucción en todas las jurisdicciones, incluso en algunos casos sin siquiera designar abogados o abogadas.

“Venimos notando un paulatino pero notorio estancamiento en las causas en las que se investigan y juzgan delitos del terrorismo de Estado, que viene de hace cuatro o cinco años. Si bien obedece a una multiplicidad de factores, algunos propios del poder judicial, también deviene del abandono de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y del impulso que la gestión anterior no le ha dado a estas causas”, dijo a Tiempo el abogado Martín Fiorenza, director de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La presentación como querellantes tiene por objetivo darle impulso a las causas por delitos de lesa humanidad, que perdió inercia durante la gestión de Vidal y Cantón. En la jurisdicción de San Nicolás la Subsecretaría de Derechos Humanos ya era querellante en otras causas como Ponce de León; causa Gonçálvez; Causa Patti; causa Marfott de Trod y causa Santillán, en las que indicaron que continúan realizando presentaciones para impulsar la investigación y que se realicen los juicios orales.

“Desde el inicio de nuestra gestión decidimos recuperar el impulso de los juicios, no solo a través del rol de querellante de la Subsecretaría, sino también a través de la recuperación de los equipos de trabajo que fueron diezmados por la administración anterior”, remarcó Fiorenza.

Con la asunción de Axel Kicillof y la designación de Matías Moreno al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Provincia se propuso recuperar el impulso a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia poniendo uno de sus ejes en la participación en los juicios por los crímenes de la dictadura cívico militar. Las diez causas en las que el Estado bonaerense retomó el rol de querellante están radicadas en San Nicolás, jurisdicción que depende de la Justicia Federal de Santa Fe, pero adelantaron que realizarán presentaciones similares en los juzgados federales de Bahía Blanca y Mar del Plata, donde advierten que la situación de retraso es similar.

En el caso de Bahía Blanca, la Provincia se presentará esta semana en otras cinco causas. Entre ellas están la causa Ejército, que investiga más de 400 casos de crímenes de lesa humanidad y tiene más de 60 imputados, y la residual de la causa Aceituno, conocida como Triple A, cuyo tramo principal se encuentra actualmente en debate oral sin participación del Estado bonaerense por no presentarse como querellantes. “La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia constituye una política de Estado inalterable, y de ninguna forma podemos convalidar la impunidad biológica”, resumió Fiorenza. «