Los ministros de Seguridad provincial, Cristian Ritondo y de Justicia, Gustavo Ferrari deberán dar explicaciones por el incumplimiento del fallo judicial sobre la prohibición de alojar detenidos en comisarías por más de las 48 horas reglamentarias, tal como lo dispuso la Cámara de Apelaciones de La Plata el 15 de noviembre pasado.

Así lo dispuso la jueza María Ventura Martínez, del juzgado Contencioso Administrativo N°2, ante el pedido expreso de los organismos demandantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), y dispuso una audiencia para mayo para que concurran los ministros.

Sería conveniente que vinieran a clarificar qué medidas están llevando a cabo para llegar a una solución”, sostuvo la magistrada, en la segunda audiencia realizada en la mañana de este martes en el marco del fallo de la Cámara. En representación de los organismos participaron Esteban Rodróguez, del CIAJ, y Diego Morales del CELS.

La jueza también pidió que el ministerio informe cuáles son las medidas que tomará la provincia y reclamó medidas en concreto que sean efectivas para la resolución del tema de fondo y que permitan cumplir con la cautelar.

En ese sentido, desde el CIAJ plantearon que “pasados seis meses (de lo dispuesto por la Cámara), el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo no lo redujo: entre marzo y abril, los detenidos en dependencia aumentaron de 3.500 a 3.732, una superpoblación del 251,4%», dijeron desde el CIAJ.

Por su parte, Morales explicó que en la audiencia plantearon que no había información en el expediente referida a “cómo el ministerio de Seguridad y de Justicia, y en definitiva, la Provincia iba a cumplir con la medida cautelar”. En ese sentido, recordó el incremento de pa población presa en comisarías: “es decir, no solo no traen respuestas sino que la situación sigue empeorando”, remarcó.

La prohibición de alojar presos en comisarías rige desde 2005 y fue renovada en noviembre pasado por un fallo de la Cámara de Apelaciones de en lo Contencioso de La Plata, que suspendió la resolución 642/14 que había vuelto a habilitar la detención en calabozos policiales. Ese nuevo fallo se produjo luego de que el 2 de marzo del año pasado, siete jóvenes que estaban detenidos en la Comisaría 1era de Pergamino murieran durante un incendio de la dependencia. El hecho, todavía está impune.

En la audiencia de este martes, el ministerio de Seguridad adelantó que no cumplirán la decisión judicial. En un documento presentado ante la jueza Ventura Martínez antes de esta nueva audiencia, indicaron que era “inviable” el cumplimiento de la manda judicial, al menos, en el corto plazo.

“El gobierno de la Provincia tiene las herramientas para ir cerrando lugares de detención policiales que son ilegales para la detención de personas”, dijo el abogado Diego Morales al finalizar la audiencia.

Y criticó: “El gobierno tiene que tener coherencia y no pude ser que acá diga que quiere cumplir y después a nivel Legislativo, a nivel propositivo y de resolución administrativa eso no se vea representado”.

EN la Provincia de Buenos Aires las tasas de encarcelamiento vienen creciendo. En la primera audiencia realizada en marzo, en la cual las agencias del Estado debían informar sobre las medidas que adoptan, se registraban 3.500 detenidos en 1.800 plazas disponibles. En la audiencia de este martes las personas privadas de la libertad habían aumentado a 3.732.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia informaron la finalización de una nueva alcaidía que sumará 300 plazas. “Eso tiene que estar plasmado en una disposición, sino se diluye”, opusieron los abogados de los organismos.