En los últimos dos años, los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo fueron recortados en casi todo el mundo, de la mano de gobiernos que, ya sea por convicción (como Trump o Meloni) o por sumarse a la corriente (como Milei), han atizado o resucitado relatos (sí, relatos…) donde los migrantes tienen la culpa. De qué exactamente tienen la culpa varía según el contexto: hace cien años eran culpables de anarquistas y sindicalistas (Sacco y Vanzetti en EEUU, la Ley de Residencia en Argentina); hace 30 años eran culpables del brote de cólera; hoy son culpables de que los empleadores globales y locales los contraten para realizar trabajos muy diversos, o de que la salud en nuestro país esté desfinanciada.
Y por supuesto, siempre son culpables de la delincuencia y de la inseguridad (desde arrebatos callejeros hasta el crimen organizado), e incluso de una muy creativa acusación de comerse las mascotas de sus vecinos, que resuena con temores atávicos de canibalismo (o con las series de zombis para los millennials).
En general, estas acusaciones van a la par de otra: la de “ilegales”, que se supone busca señalar la irregularidad migratoria, pero que en verdad refuerza la idea que la presencia de las personas migrantes es ilegítima per se. No importa quiénes son, ni cómo y por qué llegaron, ni cuánto hace que están, ni qué “papeles” tengan. Porque finalmente, todos estos relatos carecen por igual de sutileza e información, y así como arrasan con el sentido común y con la evidencia, arrasan con las leyes nacionales y con el derecho internacional.
Es claro que echarle la culpa al migrante, al refugiado o al extranjero no tiene nada de original, pero “mal de muchos, consuelo de tontos”… y a los tontos, si no se despabilan, se los llevan puestos (esto tampoco tiene nada de original).
Entonces, ¿qué es lo específico de esta ronda de persecución de las personas migrantes, de estos pogroms del siglo XXI? Una de las novedades radica en los medios por los que circulan estos relatos. Nada más fácil que culpabilizar, demonizar y perseguir en tiempos de redes, trolls, fake news, inteligencia artificial y algoritmos ponzoñosos.
Igual de fácil pasar por alto que esas narrativas digitales reemplazan la búsqueda de evidencias, el análisis de los hechos y la construcción de argumentos por la amplificación y la manipulación de emociones: temor, enojo, ira, frustración… También reemplazan el diálogo, la participación, la negociación de las diferencias y la construcción de consensos por griterío e indignación. Por mucho griterío y por mucha indignación.
Para ese nudo de emociones, ofrecen un chivo expiatorio preexistente y “autoevidente” -las personas migrantes- y una serie de conjuros de expulsión: las campañas de desinformación (mi favorita: la que dice que las personas extranjeras votan a Cristina para presidente), la viralización de noticias falsas, los pedidos de “mano dura”, las restricciones migratorias, las deportaciones y los cierres de fronteras. Así como hay un consumo aspiracional, hay también una indignación aspiracional, y la indignación con “los migrantes” está a la orden del día en nuestros días.
A los hechos
La temática migratoria no estuvo presente en la campaña electoral de Javier Milei, lo cual tiene sentido cuando se miran los números de los últimos tres censos nacionales: 1.600.000 residentes extranjeros en 2001; 1.800.000 en 2010; 1.930.000 en 2022. Respectivamente: el 4,2 %, 4,5% y 4,2% de todas las personas residentes en el país. (Y no, los censos no registran solo a los residentes extranjeros documentados. Esa es otra campaña desinformativa).
Este no crecimiento de la población extranjera evidencia una de las regularidades de los estudios migratorios: los migrantes van donde hay trabajo y oportunidades laborales (y no donde hay planes sociales – otra campaña de desinformación-). Si bien a Argentina llegaron y se establecieron unas 200.000 personas venezolanas a partir de 2015, nuestro país fue mucho menos atractivo que otros de la región, tales como Chile (670.000) o Brasil (700.000).
Entonces ¿no hay “invasión” en Argentina? No, no la hay.
Miremos ahora los datos de las cárceles. En 2021 había 100.000 personas detenidas en las cárceles provinciales y federales. De ellas, el 5% eran extranjeras. En 2024 había 121.000 personas encarceladas. De ellas, el 5% eran extranjeras. Conclusión: las cárceles argentinas están llenas de argentinos.
Sin embargo, a pesar de los datos y de cómo nos gusta imaginarnos, las sospechas y los prejuicios contra las y los migrantes están siempre disponibles para ser invocados por cualquier traficante de terrores (y hay bastantes, aunque algunos se repiten). En 2017, Mauricio Macri (con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad) modificó la Ley de Migraciones (N° 25.871) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que, con datos tergiversados, atizaba el fantasma de la delincuencia y presentaba a la ley migratoria como propiciadora de un supuesto “descontrol migratorio”. Ese DNU y sus efectos fueron ampliamente analizados y criticados, y fue derogado en marzo de 2021.
Este año, el gobierno de Javier Milei arremetió nuevamente contra las personas migrantes (otra vez, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad) y el 28 de mayo, mediante un nuevo DNU (366/2025) realizó cambios profundísimos y espantosamente regresivos a la Ley de Migraciones. A fines de 2023, también mediante DNU, el gobierno introdujo cambios regresivos en la Ley de Protección al Refugiado, que luego fue reglamentada en septiembre de este año.
Menos salud
De esos cambios regresivos, me interesa destacar dos, por sus tremendas implicancias: las restricciones para el acceso a la salud pública y las restricciones para el acceso a la residencia permanente.
A partir del DNU 366/2025, más personas quedaron sin acceso al sistema público de salud (salvo en casos de emergencia). No podrán atenderse en el sistema público las personas migrantes con DNI argentino de residencia temporaria; ni las personas migrantes con trámite de residencia en curso (que son residentes regulares); ni las/los solicitantes de asilo que han iniciado el trámite para que se las reconozca como refugiadas (que también son residentes regulares); ni las personas reconocidas como refugiadas, que cuentan con un DNI de residencia temporaria. Estas restricciones aumentan el riesgo epidemiológico y ponen en riesgo a todas las personas, no importa cuál sea su nacionalidad ni su documentación. En cuestiones sanitarias, es harto sabido que la prevención y la atención temprana son mucho más eficaces y baratas.
El DNU 366/2025 establece que la salud pública sólo está disponible para quienes cuenten con residencia permanente, y simultáneamente restringe el acceso a la residencia permanente, que se obtiene demostrando solvencia económica mediante recibos de sueldo, pagos de monotributo o certificación contable de ingresos. (Históricamente, el 50% de los trabajadores/as migrantes son trabajadores no registrados, aunque sean residentes regulares con DNI).
Por primera vez en la historia de nuestro país, tener hijos/as nacidos en Argentina o tener cónyuge argentino/a no da derecho a la residencia permanente. Por primera vez en la historia de nuestro país, hijas, hijos y cónyuges de residentes permanentes no accederán a una residencia permanente, sino a una residencia temporaria, por 3 años. Ni siquiera la Ley Videla (antecesora de la actual ley migratoria) se atrevió a crear semejante desigualdad jurídica dentro de las familias.
Desde este DNU, dentro de una misma familia hay personas con menos derechos que otras. Hay niños y niñas migrantes sin acceso a la salud pública (aunque sus m/padres sean residentes permanentes). Hay niños y niñas argentinos cuyos padres o madres migrantes sólo tienen acceso a la salud pública en caso de emergencia. Hay personas argentinas cuyas parejas migrantes están en la misma situación. Esto es una muestra bien tangible de cómo el DNU afectó la vida de cientos de miles de personas, tanto argentinas como extranjeras: generando una categoría de residencia “vip” (la permanente) y otras categorías con menos derechos y sin vías claras (incluso seis meses después) para su conversión en “permanente”.
Estas modificaciones trajeron sufrimiento a las familias (ya lo estamos viendo), pero también traerán problemas al Estado. Sabemos, desde hace décadas, que la irregularidad migratoria (que es el resultado cierto y ya presente de este DNU) es un espectacular negocio para quienes lucran pagando sueldos miserables, evadiendo impuestos y cargas sociales, sub-alquilando, vendiendo documentos falsos, celulares robados, taxis truchos, y un largo etcétera.
Políticas migratorias
Las migraciones internacionales son procesos complejos, cambiantes y llenos de singularidades. América del Sur tiene sus propias dinámicas migratorias, de muy larga data y muy distintas de las dinámicas entre América Central y EEUU, y también de las dinámicas hacia Europa. Estas singularidades han generado políticas y espacios de diálogos regionales, desde el Acuerdo de Residencia del Mercosur hasta la Conferencia Suramericana de Migraciones, ambos de principios de este siglo.
Pensar las políticas y las normas migratorias exige pensarlas integralmente, como cualquier política pública. “Integralmente” es pensar más allá de la agenda política del momento, más allá del incendio o de la coyuntura electoral, más allá de las redes sociales, los clics y los likes. Es pensar a cinco años, a diez años, a veinte y a cincuenta años. Es tener presente que esas leyes, esas decisiones, esas medidas, van a afectar la vida de cientos de miles de familias, algunas de las cuales todavía no existen.
En Argentina, la Ley Avellaneda pensó a largo plazo y dio seguridad y proyección a personas y familias que en 1876 no existían (la de mis abuelos migrantes, por ejemplo). La ley de migraciones N° 25.871, en su texto original, hizo lo mismo: le dio seguridad y proyección a personas y familias que hace 25 años no existían, y que hoy están acá, en todas las ciudades de este país, preocupadas y amenazadas por los cambios que introdujo el DNU 366/2025.
La estigmatización, la persecución, las campañas de desinformación y los diagnósticos tribuneros no mejoran la vida de nadie. Solo aumentan la violencia, la desigualdad y las injusticias. Necesitamos hablar de manera responsable e informada de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de personas –argentinas y extranjeras–.
* Instituto de Ciencias Antropológicas, Fac. Filosofía y Letras (UBA); Comisión Argentina para personas Migrantes y Refugiadas (CAREF)
