Desde la no utilización de ascensores y aires hasta el recorte de convocatorias para investigación, la Universidad de Buenos Aires funcionará en “estado crítico” hasta diciembre.
Las acciones van en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”.
En este marco, dispusieron «la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire (frío – calor) en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica»; y el uso de los ascensores «sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia».
Tampoco podrán utilizar los servicios de gas en las calderas en los edificios, «con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica».
Las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria «estarán supeditados a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas». Y las acciones vinculadas por el Programa UBA en Acción estarán limitadas a las financiadas por organismos externos a la UBA y/o aportes privados.
«Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos», añadieron.
Las acciones de cara a la gran Marcha Federal de mañana continúan. Los trabajadores de las universidades públicas nacionales y del Hospital Garrahan convocaron a un apagón las 20 de este martes en rechazo a los vetos del presidente a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
“Sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo para el país”, sostiene la convocatoria, en una semana de medidas de visibilización del conflicto para presionar a que el Congreso revierta los vetos.
En el medio, este lunes por la noche, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto 2026. En el anuncio habló de 4,7 billones de pesos para las universidades. Aunque ese número no implica un aumento, sino que «anualiza» el valor de diciembre de este año. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó en casi el doble la cifra para poder funcionar de manera normal.
«El proyecto de presupuesto no hace más que profundizar la inédita crisis que ya atraviesa la UBA. Ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica», apuntaron desde la Universidad de Buenos Aires.
«Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes –afirmaron–. La partida prevista no contempla la recomposición de los gastos de funcionamiento, la actualización de las becas estudiantiles, la reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en 2024 y 2025, ni un mecanismo que impida que el presupuesto siga perdiendo valor en 2026».
Medida en relación al PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.
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