Un equipo de técnicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía y el Banco Central está buscando las maneras de implementar la última idea de Luis Caputo para conseguir divisas: que la gente pueda usar sus propios dólares en transacciones cotidianas sin tener que justificar su origen.
La iniciativa fue explicada por el ministro en una entrevista por un canal de streaming. “Lo que vamos a hacer es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos. La idea es comprar lo que quieras y que sea un país normal, donde nadie te pide explicaciones de cómo gastás la plata”, afirmó.
Caputo hizo pública esa propuesta como una manera de remonetizar la economía, inyectando dinero para reanimar la actividad. Sostuvo que es un requisito para permitir una suba del 6 por ciento del PBI, como proyecta el gobierno.
La salvedad es que en lugar de emitir pesos, algo que el credo del gobierno prohíbe porque considera inflacionario, se pide a los particulares que traigan sus propios dólares. El ministro sostiene que si eso no sucede es por las restricciones legales y no porque los ahorristas prefieran quedarse con las divisas como reserva de valor. “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, dijo.
El sentido de la medida se parece en mucho a un blanqueo de capitales como el que ofreció el gobierno a mediados del año pasado. También está alineado con la idea lanzada por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, de que “los argentinos saquen los dólares del colchón” y que inviertan en actividades productivas.
Claro que para implementar una disposición de ese tipo se requiere una ley del Congreso. Y a sabiendas de su debilidad política para realizar acuerdos parlamentarios, el gobierno busca algún resquicio reglamentario para poder lanzarlo por decreto o por una resolución de ARCA.
Una alternativa es que los controles de ese organismo sobre el origen de los fondos no declarados se apliquen solamente en operaciones por encima de los 100.000 dólares, lo que en la práctica habilitaría gran cantidad de transacciones. En el Palacio de Hacienda imaginan a la gente comprando autos, electrodomésticos o paquetes turísticos en efectivo y con billetes verdes.
Semejante ilusión se topa con algunos inconvenientes prácticos. Uno es si los ahorristas efectivamente se desprenderán de sus divisas en medio de una ola inflacionaria en dólares de los precios internos y con un gobierno obstinado en mantener el tipo de cambio bajo, aun cuando para ello deje pasar la oportunidad de sumar reservas (algo que el reciente acuerdo con el FMI le exige).
Otro problema son las presiones de los organismos internacionales que fijan estándares muy estrictos para limitar el campo de acción del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Entre ellos está el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), creado por los países del G7 para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Un pseudo blanqueo de este tipo les caería de maravillas a los sectores que quieren introducir dinero malhabido en el circuito legal, sin que autoridad alguna formule preguntas molestas.
Ya en octubre pasado, cuando el Congreso aprobó la ley de blanqueo, el GAFI tuvo a la Argentina entre ceja y ceja y hasta amenazó con colocar al país en una “lista gris”, quitando el aval para el libre flujo de capitales financieros. Finalmente no lo hizo, pero emitió una advertencia formal. “Argentina debe comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que se enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo. También debe fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores”, dictaminó en ese momento.
