Las decisiones de este gobierno están afectando a los argentinos y las argentinas. Se expresan en los grandes números y en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Uno de los rubros más afectados por la motosierra y la licuadora es la obra pública, que en el primer bimestre del año registró una caída en términos reales del 86,9% interanual. Los recortes han sido sustanciales y explican una parte importante (20,3%) de la reducción del gasto primario. Ello tiene un costo, no sólo en términos de empleos directos e indirectos. También se están abandonando obras de suma importancia para el país en el largo plazo, como es el caso de las represas de Santa Cruz, Presidente Néstor Kirchner (con un grado de avance del 20%) y Gobernador Jorge Cepernic (45%), paralizadas desde fines de 2023.

En educación, las transferencias corrientes del gobierno nacional a las provincias registraron una caída del 63% en términos reales durante el primer bimestre 2024 en comparación con igual periodo de 2023. Por su parte, las transferencias de capital para escuelas y otras infraestructuras se desplomaron un 96% real interanual en el mismo periodo.

El gobierno dio a conocer esta semana la creación del Programa de Asistencia “Vouchers educativos” para familias cuyos hijos e hijas asisten a “instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal”.

Por otro lado, en un comunicado del ministerio se aclara que este “voucher” se destinará a aquellas familias con un “ingreso familiar menor a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil” (un total de 1.420.000 pesos) que concurran a “establecimientos cuya cuota mensual no supere los 54.396 pesos”. Es decir, se mantienen los subsidios y se agrega una nueva herramienta de ayuda a las escuelas con elevado aporte estatal y que cobran cuotas reducidas, pero que muchas familias no pueden pagar (aún con el voucher), mientras se sigue desfinanciando a la educación pública.

En materia de salud, la reducción en las transferencias a las provincias fue del 28% real en el acumulado del primer bimestre del año comparado con 2023. En este contexto, desde el gobierno nacional se decidió no incluir la vacuna contra el virus del dengue en el calendario de vacunación, dado que, según su visión, “aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”. Actitud muy diferente a la de Brasil, donde la vacuna ya fue incluida en el calendario de vacunación.

Como siempre sostengo, no hay políticas económicas buenas que sean malas para la ciudadanía; si a las grandes mayorías les va mal, a la economía no le puede estar yendo bien.

En la semana, The Economist, un periódico británico decididamente neoliberal con gran difusión y muy respetado por los adeptos de esa línea de pensamiento, publicó una nota titulada “Luego de 100 brutales días, Javier Milei tiene la confianza de los mercados”. Allí, mientras que por un lado valora los superávit fiscales de enero y febrero, por el otro resalta lo ocurrido con el gasto en jubilaciones y pensiones, siendo “el ítem más importante del presupuesto, que cayó casi el 40% en valores reales” en los dos primeros meses del año, en términos interanuales. También se dice que los superávits son “difíciles de sostener”, ya que la recesión está “golpeando duramente los ingresos fiscales”. El típico círculo vicioso. En la nota se señala que en términos reales “los salarios retrocedieron 20 años”, que las compras de medicamentos con receta cayeron 7% y las ventas totales de las farmacias un 46%.

El asesor presidencial Federico Sturzenegger dijo que en seis meses se van a ver los beneficios y sostuvo que “no hay ningún economista que no coincida con que si la situación fiscal se resuelve, se resuelve la inflación y el problema del crecimiento”. En tanto, para el presidente Javier Milei, si se levantara el cepo la actividad tendría “un fuerte rebote”. Acerca de su efecto sobre la pobreza, los salarios o el mercado interno, no se dice una sola palabra. La única certeza que hay es que no detendrán el ajuste. Como digo siempre, el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

El gobierno decidió emitir un DNU para “establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”, según asegura, “debido a la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere”. En verdad, fueron el oficialismo y sus aliados quienes no dieron quórum para tratar el tema en Diputados la anterior semana.

Se propone indexar los haberes por inflación, pero se parte de niveles de elevada pérdida de poder adquisitivo debido al fuerte aumento de precios que generó este gobierno. Se establecería un ajuste del 12,5% para cerrar la brecha, cuando, al menos, se requeriría más del 20%. Los que más perderán son los jubilados que cobraban los bonos, ya que la fórmula prevista no los tendría en cuenta.

Queda claro el propósito del Gobierno cuando expresa que se propone “ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado. La misma deberá ser trabajada en conjunto con una reforma laboral”. Nuevamente, un avance hacia el ajuste contra los jubilados y jubiladas, prescindiendo además de las instituciones republicanas para imponer su plan.

Los últimos datos de las cuentas nacionales del INDEC resultan útiles para desactivar la idea de la “crisis total” que recibió este gobierno. Si bien en 2023 el PBI cayó en promedio un 1,6%, esta evolución estuvo fuertemente influenciada por la aguda sequía, que impactó en las exportaciones (-6,7%). De hecho, 1,34 puntos de la caída total de la actividad (1,6 puntos), fue explicado por el rubro Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. Mientras tanto, el consumo público y privado crecieron un 1,2% y 1,1% respectivamente. Analizando la evolución productiva por sectores, mientras 8 de ellos evidenciaron caídas, hubo 9 que mostraron un crecimiento a pesar de las duras condiciones. Adicionalmente, el desempleo evidenció en el cuarto trimestre un 5,7%, el valor más bajo en más de dos décadas para dicho período del año.

Memoria, Verdad y Justicia

Hoy se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio comienzo a la dictadura cívico-militar, proyecto que utilizó el terror y el genocidio de 30.000 detenidos-desaparecidos, a quienes recordamos y homenajeamos.

Me parece importante incluir en esta nota parte del contenido de la declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Allí se señala que “el objetivo político de aquel trágico acontecimiento fue establecer una reorganización antidemocrática, sustentada en el autoritarismo y el miedo, en pos de la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo que condicionó la economía de nuestro país por décadas y (…) el propósito de inculcar valores propios de una ideología que fractura los lazos de solidaridad, exacerba el egoísmo y un individualismo extremo”.

El documento agrega que “se trata de una cosmovisión cuyo fin es la justificación de las desigualdades, las discriminaciones sociales, culturales, de género y de sexo; y el rechazo a toda forma de participación de la sociedad en la vida pública y comunitaria”.