El terrorismo de Estado también tuvo como objetivo a las infancias y adolescencias, que padecieron los crímenes de la represión ilegal en los procedimientos y secuestros de las patotas, las apropiaciones que sustrajeron identidades y los tormentos y abusos que se perpetraron en los centros clandestinos de detención ilegal.

En los tribunales de Santa Fe, se sigue desde hace años el segundo tramo de una causa denominada Laguna Paiva II, en la cual son investigados delitos de abandono, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad padecidos por 16 niños y niñas como consecuencia de operativos llevados a cabo por grupos de tareas que buscaban detener a sus padres.

El expediente está elevado a juicio oral y público desde el año pasado y el debate tenía fecha de inicio para principios de este año, pero el comienzo de las audiencias fue pospuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de Santa Fe, que aún no da precisiones sobre el comienzo de la etapa oral y pública de este proceso.

Víctimas, sobrevivientes y querellantes, menores de edad cuando ocurrieron los hechos, reclaman que este juicio se inicie para obtener reparación de los crímenes que sufrieron a manos de los agentes de la última dictadura cívico militar en centros clandestinos y comisarías, justo cuando sus vidas estaban empezando.

La causa es una derivación del juicio que se llevó a cabo en el primer tramo de del expediente denominado como “Laguna Paiva” (una localidad ubicada en la provincia de Santa Fe) o conocido también como “Chartier”, en referencia a Germán Raúl Chartier, quien supo ser jefe de informaciones de la Policía de Santa Fe, y era una de los imputados en ese proceso.

En ese juicio, concluido en julio de 2021, recibieron condenas seis policías provinciales por delitos de lesa humanidad, por tormentos y secuestros agravados sufridos por un grupo de militantes políticos y sindicales secuestrados en el verano de 1980.

Se trataba de integrantes de una agrupación llamada La Lucha, conformada por trabajadores del frigorífico Nelson, de Laguna Paiva. Entre sus miembros, había militantes del PRT, entre ellos Arnaldo Catalino Páez, víctima junto con su familia de los de los delitos de lesa humanidad que se investigaron.

Durante las audiencias se ventilaron numerosos crímenes sufridos por los integrantes de ese grupo de perseguidos políticos, pero también contra sus familiares e hijos, que padecieron abandonos, abusos y privaciones ilegítimas de la libertad en comisarías, centros clandestinos y otras instituciones del Estado.

“A lo largo del juicio de Laguna Paiva nos dimos cuenta que había delitos contra las infancias que no se habían procesado nunca como tales y que debían ser investigados en otra causa”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Federico Pagliero, querellante en esta por la APDH de Santa Fe.

Cumplir años en un centro clandestino

Desde el golpe de Estado de marzo de 1976, Arnaldo Catalino Páez y su familia vivieron en una suerte de exilio interno y vivieron en varios lugares. En el verano de 1980, estaban establecidos en Lima, en la provincia de Buenos Aires. Hasta allí llegó una patota del D-2 de la Policía de Santa Fe. Se encontraban Arnaldo Catalino, su compañera, Juana Tomasa Medina, y sus hijos, entre ellos Mario, quien trabajaba con su padre en un horno de ladrillos.

La patota se los llevó a los tres. Entre los integrantes de  grupo de represores estaban el entonces juez Víctor Hermes Brusa (condenado en varias causas de lesa humanidad) y Eduardo Riuli, un represor que durante años animaba fiestas y celebraciones populares como una especie de actor de variedades que tuvo alguna celebridad en Laguna Paiva.

Arnaldo Catalino, Juana Tomasa y su hijo fueron trasladados al centro clandestino de detención del D-2. En ese lugar, en medio de los vejámenes y los abusos, Mario cumplió 15 años. Él y su madre recuperaron la libertad después de algunos meses. Pero el padre de la familia resultó blanqueado tras innumerables sesiones de torturas. Estuvo preso en Trelew, Rawson y Coronda. Denunció su caso, pero no pudo ver a sus captores condenados. Murió en 2016.

“Después de tantos años, lo que quiero es justicia, por mí y todos los que sufrimos secuestros y torturas”, afirmó Mario Páez, que muchos años después volvió a vivir en Laguna Paiva, donde actualmente reside.

Todos los familiares de Arnaldo Catalino estuvieron en la mira de la patota y varios lo declararon en el juicio de Laguna Paiva.

En ese debate se detalló el caso de María Ceferina Paez, hermana de Arnaldo. La secuestraron en Esperanza, Santa Fe en febrero de 1980. También raptaron a su marido, Luis Medina. Los cinco hijos de la pareja quedaron abandonados, desamparados sin nadie a cargo. Uno de los hermanos, Mario, un día se sintió mal y debió ir acompañado de una hermana para que lo operaran del apéndice.

Los represores iban a la casa donde estaban los chicos solos, desamparados y los amenazaban. Un día se llevaron a una de las hermanas y la violaron durante días, con promesas sobre la liberación de sus padres. La víctima tenía 14 años.

En total son 16 los niños y las niñas que sufrieron crímenes en el marco del plan sistemático de represión ilegal. Ahora, reclaman el inicio de un juicio oral y público.

La Justicia Federal de Santa Fe debe poner una fecha para que los represores paguen por sus delitos contra las infancias. «