Las centrales sindicales evalúan sus planes de acción ante los despidos

Por: Miguel Carrasco

La expulsión de los trabajadores estatales impactará de lleno en los debates al interior de las organizaciones. En la CGT se profundizan las divisiones. La CTA-T pide un paro nacional.

El despido masivo de trabajadores estatales, previsto para hoy, será revulsivo para las centrales sindicales porque las obligará a posicionarse ante un hecho de magnitud.

En ese contexto, la decisión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de impulsar el ingreso de todos los empleados despedidos a sus lugares de trabajo (ver páginas 3 y 4), podría derivar en escenas conmocionantes por la amenaza que ya expresó el presidente Javier Milei, en el sentido de que se trata de «acciones ilegales» y, por lo tanto, sujetas a una previsible represión policial y de fuerzas de seguridad.

En relación con este escenario, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, le dijo a Tiempo que «esta ofensiva del gobierno contra los trabajadores activa la cuenta regresiva del paro nacional».

Yasky, quien también es diputado nacional, observó: «Tenemos que recurrir a una resistencia que nos permita, primero, rodear solidariamente el conflicto de los estatales, que no es el único en este momento porque hay conflictos muy graves en el sector privado también, como el de los metalúrgicos».

Para Yasky, la tarea de las centrales sindicales (la CGT y las dos CTAs, de los Trabajadores y la Autónoma) pasa por abarcar toda la conflictividad que se está generando a partir de las decisiones del gobierno. «Tenemos que estar presentes, no soltarles la mano a ningún compañero de ningún sindicato», observó. «Nosotros vamos a estar presentes como central sindical en todas las acciones que se desarrollen y creemos que esta ofensiva del gobierno contra los trabajadores activa la cuenta regresiva del paro nacional. Estamos trabajando para que ese paro nacional sea la continuidad del 24 de enero, que se realice con movilización en todo el país y que se pueda coordinar con las otras centrales en el más breve plazo de tiempo posible».

El dirigente expresó que la medida debe reflejar «la unidad de todos los sectores» y, además, «poner sobre la mesa la denuncia del DNU 70/2023 y el intento de acordar a espaldas del Parlamento una negociación para volver con la reforma laboral y las leyes punitivas contra los trabajadores».

En la CGT

La situación de la directiva de la CGT se parece a un «todos contra todos», según le expresó a este medio un directivo de la principal central obrera de la Argentina.

Existe un panorama que, a priori, parece confuso.

Esta semana, en un encuentro en el complejo Parque Norte, que gestiona el sindicato de empleados de comercio, el gastronómico Luis Barrionuevo congregó a varias decenas de directivos sindicales para golpear a la conducción cegetista por su «pasividad». Barrionuevo pidió: «La CGT debe convocar con carácter de urgente a un plenario de secretarios generales y que todos ahí resolvamos cuáles van a ser las medidas que va a tomar». En el camino, apuntó contra Rodolfo Daer, el jefe del sindicato de la Sanidad que, junto con Pablo Moyano y Carlos Acuña, dirige la CGT. Lo notable fue que el propio Acuña acompañó a Barrionuevo en sus diatribas contra Daer, de quien pidió su renuncia como triunviro de la central.

El entuerto mostró las diferencias al interior de la central, aunque la crítica a Daer por su negativa a lanzar un paro en forma inmediata no indique que el sector de Barrionuevo está motorizando esa opción.

Al menos esa es la sospecha en la vereda del tercer triunviro en cuestión, Moyano, quien en la semana dijo que «en los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país».

Si bien las presiones para que se avance en ese sentido provienen desde diferentes direcciones, a la fecha no hay prevista una reunión de la mesa chica de la CGT para comenzar a amasar una medida de fuerza. Luego de la mesa chica, debería darse una reunión con los 52 integrantes del Consejo Directivo.

Yasky observó: «El sentido que tienen las medidas del gobierno es imponer el caos en el sistema de convivencia que tenía la Argentina, estructurado alrededor del Estado. Se genera una especie de caos sistematizado que pretende dar lugar a un nuevo ordenamiento social donde el individuo sea eso: una persona desconectada de sus pares y, además, autosuficiente si sus capacidades se lo permiten. Es la ley de la selva».

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