Sobre finales de septiembre de 2022, el centro de estudiantes del Liceo N° 5 DE 11 “Pascual Guaglianone” comenzó la toma del edificio escolar. Fue uno varios establecimientos educativos donde el movimiento estudiantil llevó adelante la misma medida de protesta, cansados de varias imposiciones inconsultas del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
Por entonces, la ex ministra de Educación, Soledad Acuña, avanzó con las pasantías gratuitas que se llevan adelanten empresas amigas del PRO, donde más de 30 mil estudiantes son obligados a ejercer diferentes tareas sin recibir siquiera el pago de viáticos.
Por otro lado, los edificios escolares pasaban por su peor momento respecto a la infraestructura escolar: invasión de ratas, desmoronamientos, falta de gas y cortes de luz por fallas técnicas entre otras problemáticas. Pero también las y los estudiantes reclamaban por mejoras en la calidad de las viandas escolares.
En ese contexto, Soledad Acuña en lugar de solucionar las falencias que reclamaba el conjunto de estudiantes, decidió endurecer su postura ejecutando un protocolo para evitar las tomas de escuelas. El protocolo, palabra más palabra menos, trasladaba la responsabilidad de las tomas estudiantiles a las familias y habilitaba la demanda económica. En ese sentido el GCBA labró varias multas en contra de decenas de familias.
En ese sentido, interpuso una demanda contra Mónica gullo —en su carácter responsable parental del menor V.M, “y/o contra quien resulte civilmente responsable de los daños y perjuicios derivados de la toma del establecimiento educativo Liceo N° 5 DE 11 de la Ciudad de Buenos Aires “Pascual Guaglianone”, ocurrida entre el 26 y el 30 de septiembre de 2022”.
Larreta y Soledad Acuña ponderaron que por entonces, la suma que debía pagar Gullo ería casi de 3 millones de pesos, “dos millones novecientos treinta y siete mil trescientos noventa y uno con cuatro centavos ($ 2.937.391,04) en concepto de los perjuicios patrimoniales derivados, con intereses y costas.”
La familia replicó judicialmente contra el poder Ejecutivo, y en las últimas horas la justicia falló a favor de una familia que fue demandada por la Ciudad. La familia demandada contó con el patrocinio de la Dra. Giselle Furlong Pader, Defensora Interina a cargo de la Defensoría N° 5 del fuero CAyT.
El Juez Guillermo Scheibler del Juzgado de 1ra instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, decidió “rechazar la demanda interpuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Mónica Gullo”, madre de un estudiante que encabezó la toma junto a sus compañeros y compañeras en 2022. Pero también la justicia determinó “IMPONER las costas del proceso a la parte actora”, es decir que los gastos económicos de todo el proceso judicial quede en manos del gobierno porteño.
Esto neutraliza cualquier tipo demanda actual y futura del gobierno porteño contra las familias de estudiantes que tomen escuelas y, en el mismo sentido, es un fallo que no pone restricciones al derecho de las y los estudiantes a manifestarse en democracia como lo habilita la Constitución Nacional.
Qué dice el protocolo antitomas de Acuña
Esta restricción a la protesta estudiantil que fue aprobada mediante la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018, ordena a los directivos de los colegios «labrar un acta» y enviarla a la «máxima autoridad» del Ministerio de Educación porteño, que luego «elevará» el «expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General».
Con este protocolo, Larreta y Soledad Acuña quisieron evitar que se repitan las tomas de colegios del 2018, cuando los estudiantes paralizaron 29 establecimientos en el marco de las protestas contra la reforma educativa de Larreta
A través de una resolución, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, implementó un nuevo protocolo para el accionar de los directores o rectores ante la toma de colegios con el objetivo de desarticular esta forma de reclamo.
