El 1 de febrero pasado, Tiempo publicó un informe con datos oficiales de los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Jorge Macri, obtenidos mediante la presentación de un acceso a la información pública.
En el documento, la administración porteña reconoció que, hasta el 6 de enero pasado momento que se presentó el pedido acceso a la información, había desalojado a más de 3.000 personas, entre ellas 1.060 niños y niñas. Lo más preocupante de las respuestas presentadas es que el gobierno no sabe cuál fue el destino de las 826 familias que desalojó en menos de dos años.
Tras el informe publicado por Tiempo, la Legislatura porteña presentó un pedido de informes para conocer el destino de esas 3.000 personas.
A la actualidad, la cantidad de desalojos ya superó los 600, y la preocupación crece día a día. En las últimas horas, la oposición presentó otro pedido de informes por uno de los desalojos realizados el pasado 2 de marzo en el inmueble sito en Cochabamba 2642 del barrio de San Cristóbal, donde 36 familias fueron despojadas de sus pertenencias y alejadas de un inmueble por supuesto “riesgo estructural”.
“Nosotros hicimos apersonar una arquitecta matriculada en el lugar y a un abogado con el fin de que las familias que estaban dentro de esa vivienda sean asesoradas para que la arquitecta ratifique el peligro de derrumbe o no, pero el gobierno se negó a permitirnos el ingreso tanto del abogado como del arquitecta”, contó a Tiempo el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra.
Para el diputado de Fuerza Patria, el simple hecho de prohibir el ingreso al inmueble de ambos especialistas generó muchas suspicacias.
“No sabemos si era verdad o no que el edificio tenía peligro de derrumbe. Lo que nos llama muchísimo la atención es el procedimiento que usa el gobierno de la ciudad sobre estas viviendas que, a diferencia de lo que dijeron y de lo que publicaron, no era una propiedad que estaba siendo reclamada por alguien”, agregó Salvatierra.
En ese sentido, el legislador señala que el inmueble estaba dentro del encuadre de lo que se llama una herencia vacante, por lo cual no había ningún privado reclamando esa propiedad.
“Porque en esos casos en donde hay un propietario de un inmueble que está siendo habitado irregularmente por otras personas ,y el propietario va e inicia una demanda judicial y en un momento el juez dicta la orden de desalojo, por supuesto, yo como legislador no tengo nada que objetar ante ese procedimiento. Mi preocupación es en esos casos donde la ciudad dentro de los programas que tiene para contener esta situación y contenga a las familias que son desalojadas.”
Qué indaga el pedido de informes
De aprobarse el documento redactado por Pitu Salvatierra, el Gobierno de la Ciudad, deberá informar, dentro de los 30 días de recibida la presente, acerca de la clausura y posterior evacuación ocurrida el día 02 de marzo de 2026, en el inmueble sito en Cochabamba 2642, ubicado en el barrio de San Cristóbal
Salvatierra solicita al GCBA que informe sobre la titularidad y/o posesión actual del inmueble, que informe también si es de uso público o de uso privado y, de ser así, que detalle el organismo que tiene a su cargo el inmueble.
Entre otros puntos, solicita que el gobierno porteño que adjunte el informe técnico que sustenta la declaración de clausura por “razones de seguridad estructural o constructiva”, y que especifique si se evaluaron alternativas de apuntalamiento, previas a la clausura total.
