El proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica se da en el marco del reclamo sin respuesta del personal del Hospital Garrahan, pero no tiene que ver solo con el principal hospital pediátrico de máxima complejidad, sino con la salud de las infancias y adolescencias en su conjunto.

“Esta ley declara la emergencia de la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud debido a la grave situación que atraviesa todo el sistema”, remarcó la pediatra Rita Fernández, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan.

Las claves de la ley

Pediatra en este hospital desde hace tres décadas, Fernández explica –en diálogo con Tiempo– que los objetivos generales de la normativa tienen que ver con “garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica y asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica”.

Entre otras cosas, apunta también a facilitar el acceso equitativo a prácticas de alta complejidad, cuando sean requeridas en cualquier parte del país, a partir de “asegurar la referencia y contrareferencia en todo el sistema”. Con la sanción de esta ley –reclamada fuertemente en el marco del conflicto del Garrahan – se trata también de dar “continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad” a los sistemas de residencias médicas, vapuleados por la gestión de Mario Lugones. Se trata así de reconocer “su rol formativo, asistencial y estratégico, que requiere condiciones laborales adecuadas y una retribución digna, acorde al nivel de responsabilidad que tienen”.

La declaración de emergencia en pediatría “comprende la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado y atención pediátrica” y también establece la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial”. Una recompensación que, según dice el texto del proyecto, no podrá ser menor en términos reales a la que recibían en noviembre de 23.

Fernández destacó que la normativa propuesta también exime al personal de salud del pago de Ganancias “cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y guardias” y “reconoce y garantiza el funcionamiento del Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza su funcionamiento pleno y sostenido”. Mientras el conflicto salarial continúa sin solución, se apunta a la sanción de la ley como camino para sostener al hospital y sus trabajadores.

Si hay veto, hay vendaval

“Si se aprueba la Emergencia Pediátrica para recomponer salarios y proteger las residencias, y el presidenta atina a vetar la ley, nuestro pronóstico es que va a desatar un vendaval de repudio social”, advirtió Norma Lezana, secretaria general de APyT. “Estamos convencidos de eso por el nivel de solidaridad que recibimos y por la conciencia que tenemos en el hospital de lo que estamos defendiendo”, añadió.

“El eje de nuestro reclamo es presupuestario y salarial, ya que la base del deterioro del hospital es la renuncia de casi 250 profesionales que desmantela los equipos de atención inter-disciplinarios que son claves para la atención de las enfermedades de altísima complejidad que abordamos en el Garrahan. Profesionales que no llegan a fin de mes, que no pueden costear el alquiler o que en lugar de concentrarse en su tarea irremplazable están pensando en cómo sobrevivir económicamente, mata al Garrahan, vacía el hospital”, describió Lezana sobre cómo es la situación de desguace que hoy se intenta revertir.

Por su parte, el colectivo Garrahan de Pie -de trabajadores autoconvocados- definió el tratamiento de la ley como “una oportunidad crucial para que los diputados y senadores prioricen la salud de los niños y niñas de Argentina y garanticen el futuro del Hospital Pediátrico más grande del país”.

Desde ese espacio, conformado por trabajadoras y trabajadores del Hospital, insistieron en que “el impacto económico de la aprobación de esta ley no compromete el equilibrio fiscal. Salvar al hospital pediátrico más grande de la Argentina, que atiende al 40% de los niños con cáncer y las patologías más complejas de todo el país, es una cuestión de política de salud y compromiso con nuestras infancias, no una cuestión económica”.