Tras las dos jornadas de audiencias públicas que estuvieron llenas de críticas por cómo fue la organización de estos encuentros, el oficialismo de la Cámara de Diputados convocó para el martes a las 14 horas a los gobernadores que integran la mesa del litio y el cobre a defender el proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares y que ya tiene sanción del Senado.

En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, el espacio libertario avanzará en la firma del dictamen para poder llevar la iniciativa al recinto en una sesión que se espera convocar para el día después. Luego de escuchar a unas 300 personas, de las 102 mil que se anotaron, la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Honorable Cámara de Diputados se volverá a abrir, pero está vez para darle voz a los mandatarios provinciales que forman parte del Triángulo del Litio en Argentina: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

Por otro lado, también se convocó a Marcelo Orrego (San Juan) y a Alfredo Cornejo (Mendoza) que a su vez integran la mesa del cobre, formalmente constituida en 2024 para impulsar proyectos en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De estas reuniones se espera que participen funcionarios del gobierno nacional.

En el caso de Mendoza, según pudo saber Tiempo asistirá a la reunión la exdiputada nacional Jimena Latorre que es la ministra de Energía y Ambiente de la provincia. En esta ocasión no serán de la partida especialistas o constitucionalistas propuestos por la oposición. Ante este escenario, estas bancadas insistirán en llevar la discusión al terreno judicial.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de los gobernadores de provincias que tienen producción minera, busca modificar la ley vigente desde el año 2010 para otorgar a las jurisdicciones el poder de redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial a través de estudios técnicos. El objetivo es que los mandatarios definan qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

En el oficialismo confían en tener el número para convertir la iniciativa en ley sin modificaciones, y calculan una base de 140 votos. Además, recuerdan que en el Senado obtuvo media sanción con 40 votos a favor contando con el apoyo de los bloques aliados como la UCR y el PRO, pero también con parte del peronismo con los votos de los senadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci, exgobernadores de San Juan y Catamarca.

En el caso de Diputados, Unión por la Patria cuenta con tres representantes de estas dos provincias que son Cristian Andino, Jorge Chica y Claudia Palladino. El bloque se mostró en contra del proyecto del Ejecutivo, sin embargo hay que poner el ojo en la posición de estos tres legisladores teniendo en cuenta cuánto pesa en la balanza el interés provincial.

El gobernador Jalil, que mantiene diferencias con el peronismo, tiene su propio espacio de representantes en un bloque que se denomina Elijo, que está integrado por Fernanda Avila, Sebástian Noblega y Fernando Monguillot. También tiene bloque propio San Juan, con un espacio de dos integrantes: Carlos Jaime Quiroga y Nancy Picón.

Próximo paso del oficialismo: la ley hojarasca

Una vez superada esta semana, desde La Libertad Avanza tienen previsto empezar el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que propone derogar una batería de leyes que el Ejecutivo considera obsoletas.

La iniciativa ya se había presentado en la Cámara Baja, pero perdió estado parlamentario por eso fue enviada nuevamente. Con los giros a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por diputados libertarios, según comentaron a Tiempo, el debate comenzará en una reunión plenaria el día 14 de abril.

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retomó los fundamentos expuestos en octubre de 2024. La revisión abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.