Mientras el oficialismo del Congreso quiere avanzar en ambas cámaras con los proyectos de ley impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la oposición continúa marcando su propia agenda enfocada en la crisis económica que atraviesan distintos sectores del país. Será una semana sin sesiones en los recintos, pero cargada de reuniones de comisiones.

En la cámara Baja funcionarios de la cartera de Sturzenegger defendieron este martes el proyecto de Ley Hojarasca, que deroga más de 70 leyes que están en desuso o, según el gobierno libertario, traban la economía. Para Unión por la Patria, se trata de “una ley Caballo de Troya donde en un solo artículo se tratan de derogar varias leyes con nombre y apellido”, dijo Germán Martínez.

De hecho, representantes de cooperativas apuntaron, en la Comisión de Asuntos Cooperativos, contra el proyecto de ley y pidieron que no se derogue un artículo de la Ley 11.380.

En ese contexto, Bruno Rodríguez, secretario de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), solicitó que “se tenga en consideración la exención que plantea la Ley 11.380 sobre la contribución solidarias para formación cooperativa y que se quite del proyecto actual, por el perjuicio que generaría en las cooperativas porque los montos de la contribución de los mínimos no imponibles se van a multiplicar y van a poner a las cooperativas en una situación de quebranto”.

Como vocero de la secretaría de Desregulación, Alejandro Cacace dijo: “Es necesario hacer un ordenamiento normativo para la certeza de los argentinos, para los órganos de la administración y para la libertad de los argentinos que no crean que tienen que incumplir una conducta que ya no debiera estar porque quedó obsoleta”. “Nuestra expectativa es empezar a ordenar nuestro sistema jurídico”, agregó.

Por su parte, la diputada de UP, Vanesa Silley, trató al ministro de desregulación de “obsoleto” y “viejo” en el gobierno: “Todo lo desregulado por Sturzenegger se va por los aires. Sectores del mismo gobierno culpan al señor hojarasca de la suba de precios que hay en la Argentina”.

Silley anticipó que su espacio presenta dictamen propio y expresó: “Pónganse a trabajar para bajar la inflación, para generar empleo, para que haya industria en la Argentina y desendeudar al país. Lo que están haciendo es traer caos y dolor mientras su presidente se va a otro país a celebrar la guerra”.

Desde el Frente de Izquierda, Romina del Pla manifestó: “Esto no es una inocente ley para ver cómo se sacan un montón de normas que están en desuso. Hay un paquete de leyes que tiene en el medio cuestiones que dejan las manos libres a empresarios para evitar regulaciones”.

Las leyes que quiere derogar el gobierno

Dentro de las leyes que el oficialismo propone derogar figura la que regulaba el derecho de reunión, sancionada en 1973 durante el gobierno defacto de Agustín Lanusse. Además de una ley referida a la pena de azotes, abolida por la Constitución; la autorización de emisiones de televisión a color; la creación del “carné de mochilero” y la creación de la Comisión Nacional de Cunicultura (cría de conejos).

“Son leyes que hoy no se aplican, pero siguen vigentes. Quedaron obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo o, incluso, leyes que afectan libertades individuales”, remarcó Maximiliano Fariña, secretario de transformación del Estado.

El bloque libertario pasó a la firma el dictamen de mayoría y prepara el recinto para tratar la iniciativa luego de la visita del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien expondrá su primer informe de gestión el 29 de abril.

Pymes alertan sobre la crisis por la caída del consumo

En tanto, con nutrida concurrencia federal, se reunió la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados, que preside el socialista Pablo Farias.  Los empresarios nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertaron sobre un escenario urgente en el que pidieron un marco de ordenamiento para todo el impuesto provincial y tasas municipales. Pérdida de ingresos, caída de consumo y comercialización informal (contrabando) fueron algunos de los temas que expusieron los invitados.

En ese marco el vocero de la CAME, Vicente Lourenzo señaló: “Frente a una situación de caída de ingresos, pérdida de capital de trabajo y rentabilidad, nos afecta mucho que el capital de trabajo quede en manos de las provincias y municipios. El impuesto que hoy estamos padeciendo es el de los ingresos brutos y también las tasas municipales que están siendo cada vez más”.

“Nosotros proponemos un nuevo consenso fiscal, para que se plantee este sistema de pagos perversos que algunas provincias están generando, como el caso de Misiones. Se generan aduanas internas, donde el contribuyente tiene que pagar por adelantado el impuesto a los ingresos brutos para que esa mercadería ingrese a la provincia. Esto puede terminar en una problemática donde la marginalidad termine siendo la única alternativa para evitar todas estas situaciones”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, reclamaron la necesidad de retomar el tratamiento de una ley de emergencia pyme. “El dictamen se firmó en octubre del 2025, estamos en abril del 2026 y el contexto no mejoró. Al día de la fecha cerraron 24.180 empresas, es el proceso de destrucción de unidades productivas más rápido de la historia, incluso superando a la crisis del 2001 y la pandemia”, indicó Sabrina Selva.