Quedó una lectura preliminar de las negociaciones que se llevaron hasta el jueves entre oficialismo y un sector de la oposición para destrabar el proyecto de Ley Ómnibus. Los legisladores que pasaron desde el lunes por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, notaron que la última palabra no pasó por el anfitrión, ni por el ministro del Interior, Guillermo Francos, sino por Santiago Caputo.
El estrecho colaborador del presidente Javier Milei no tiene cargo, pero cuenta con una influencia determinante para llegar a un acuerdo sobre el futuro de la ley bases y puntos de partida. El joven consultor, sobrino del magnate Nicolás Caputo, pasó toda la semana convencido de que la oposición le «corre el arco» todo el tiempo y por eso tensó el intercambio hasta último momento.
«Habló mucho más que Francos e incluso a veces lo dejó en una posición bastante incómoda porque demostró que es él quien acepta o rechaza. El tipo habla de todos los temas, como si supiera todo, tiene una especie de filtro sobre lo que Milei está dispuesto a dar. A las dos reuniones fue más a filtrar temas que a defender argumentos», confió a Tiempo uno de los interlocutores que sumaron horas de vuelo en la incipiente negociación.
Para los diputados y diputadas de la oposición dialoguista la presencia de Caputo marcó el arranque del tramo de definiciones para saber si el Gobierno está dispuesto a negociar o si realmente no tiene interés en sacar la ley adelante. Para Milei, tal como lo dijo en la noche del 19 de noviembre, cuando ganó la segunda vuelta, Caputo es un «gigante que suele mantenerse en la oscuridad y es el verdadero arquitecto de esto junto a ‘el jefe'». Así lo definió el economista de ultraderecha al consultor y lo puso al mismo nivel que su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En esa mesa chica no están tan concentrados en los números que puedan conseguir en Diputados, sino en la imagen ante la opinión pública y el respaldo obtenido en el balotage que se realizó hace dos meses. Caputo estuvo miércoles y jueves moviéndose con esa premisa para tensar y acorralar. «Si no aceptan nada le van a tener que explicar a la sociedad», le dice Caputo a quienes lo buscaron para descifrar el ánimo negociador que tiene. Si el diálogo no prospera, en el entorno del Presidente siguen convencidos de aumentar los panegíricos y las advertencias, casi en tono de amenaza.
Recién este jueves por la noche las autoridades de los bloques del PRO, la UCR, y Hacemos Coalición Federal (HCF) se llevaron un primer pliego de respuestas para buscar un acuerdo que se plasme en un dictamen común. Sin embargo todavía queda un camino muy largo que los negociadores buscarán recorrer con urgencia durante este fin de semana. La idea es poder convocar al plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto para el martes.
Sería la tercera semana del road show que arrancó con el año. La semana pasada hubo más de 200 expositores que, en su mayoría, plasmaron duros rechazos a distintos aspectos del proyecto. Los que se sentaron con Menem y los enviados del Gobierno pudieron escuchar esas críticas a medias, porque durante el transcurso del plenario estaban tratando de hilvanar un acuerdo posible.
El miércoles apareció Caputo en el despacho de Menem y el jueves avanzó con las primeras respuestas. En un bolsillo llevaba las respuestas a cada uno de los reclamos y en el otro la decisión de aumentar la presión pública en caso de que naufrague esta etapa del intercambio.
Caputo sabe que la opinión pública está ultra polarizada y si no hay una respuesta satisfactoria tiene margen para echarle la culpa de todo al Congreso y a la oposición. «Tenemos claro que este pibe nos acorrala para acordar en las últimas 24 horas, así termina cediendo algunos temas y evita que le desplumen el proyecto», resumió otra de las espadas legislativas que lo escuchó con atención.
El saldo del jueves despierta lecturas promisorias y pesimistas. Los más optimistas fueron los integrantes del bloque del PRO. El espacio conducido por Cristian Ritondo es el más predispuesto a acompañar el proyecto. De sus 40 voluntades también había surgido el rechazo a acompañar la derogación de la ley de movilidad jubilatoria sin que exista una fórmula de aumento que la reemplace.
Pero fue el bloque de la UCR el conglomerado que propuso aceptar la suspensión de la norma, a cambio de un aumento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior al pago. Si esa chance no avanza, el Gobierno estaría dispuesto a sacar el artículo del texto y postergar el debate para otro momento.
Sobre las 11 emergencias para delegarle al Ejecutivo facultades del Legislativo hay un saldo que todavía no cierra. Caputo y Francos aceptaron reducir el planteo inicial de impulsarlas por cuatro años. Resignaron las emergencias Social, Sanitaria y de Defensa pero todavía no accedieron a que se achiquen a un año extensible a otro con autorización del Congreso, sino que proponen una renovación discrecional del Ejecutivo, algo que podría ser aceptado por una parte de los bloques negociadores.
El Gobierno ahora aceptó bajar a cero las retenciones para las economías regionales, pero en el bloque HCF, que conduce Miguel Pichetto, ya avisaron que están en desacuerdo con las «alícuotas que siguen muy altas para la carne, oleaginosas, cereales y otras industrias». No cederán en ese punto y agregaron una diferencia sustancial respecto al Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y las 13 cajas jubilatorias provinciales.
«El Gobierno quiere consolidarlo en el Tesoro para poder vender las acciones, pero nosotros reclamamos que para hacerlo usen parte de los fondos para condonar las deudas de las provincias con la ANSES y pagar los flujos adeudados y futuros de las cajas de jubilaciones no transferidas de las 13 provincias que todavía no lo hicieron, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe», detallaron cerca de Pichetto. Todavía no hubo respuesta al respecto.
Otro eje que aún no fue resuelto pasa por el compromiso que había asumido Milei con los gobernadores para compensarlos por la reducción en la recaudación coparticipable por el aumento del minimo imponible del Impuesto a las Ganancias. El Gobierno sostiene la posibilidad de hacer cambios en Bienes Personales, pero los gobernadores reclaman que otro impuesto se haga coparticipable. A ese tramo se suma el diálogo con las provincias hidrocarburíferas que buscan un acuerdo sobre la reforma de la ley de hidrocarburos.
Tanto en la UCR como en HCF consideran que hay un camino posible en el capítulo de privatizaciones. El jueves uno de los negociadores dijo que habían quedado afuera YPF, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, ARSAT e YMAD, pero la respuesta que había llevado Caputo sólo incluyó a la petrolera estatal y las otras siguen dentro del paquete que el Ejecutivo presentó. Propusieron activar la bicameral de Reforma del Estado para que haya una segunda instancia de control y que pasen los pliegos de venta.
El pedido de los negociadores apunta a que en esa instancia se active un compromiso para no vender esas firmas. El tema está en el aire todavía y contrasta con las certezas que habían sostenido los más optimistas. «El martes tenemos la voluntad de dictaminar. Es un dictamen que proponemos los bloques que estamos dispuestos a darle esta herramienta al Gobierno, pero con modificaciones.
El gobierno puede acercarse a firmar nuestro dictamen, de no ser así la discusión no se va a trabar, habrá dictámenes diferentes y lo debatiremos en el recinto», advirtió el diputado Nicolás Massot, de HCF. El mensaje confirmó que al principio de acuerdo del jueves le resta un largo camino para cristalizarse en un dictamen.
La UCR tiene un sector que piensa igual y que podría endurecerse si no hay mas concesiones del oficialismo. Aun quieren sacar los capítulos de cultura, educación, salud, materia penal y Justicia, además de sacar a cinco empresas del plan privatizador. Ahí podrían encallarse las conversaciones en otro punto crítico. El tema será parte de la reunión virtual que este domingo por la tarde tendrán los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, la única instancia donde la coalición opositora sigue existiendo.
De esa mesa podría salir un respaldo más fuerte para las posiciones de HCF que siguen sin respuesta. Este sábado el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro ya anticipó que se opone a todo el paquete que busca mantener las retenciones y que no alcanza con sacar a las economias regionales.
Los tiempos corren, tras la visita de Caputo hubo una prórroga de las extraordinarias hasta el 15 de febrero, pero sólo para darle aire al Senado en caso de que haya una sesión esta semana en Diputados para llevar al recinto el proyecto de ley.
