Lo que llaman libertad financiera es violencia económica

Febrero, en el calendario de quienes sostenemos las asambleas y reuniones organizativas para cada 8 de marzo, no es un mes de vacaciones hace ya muchos años.

Desde el Colectivo Ni Una Menos llamamos a organizarnos, a elaborar políticamente cuáles son las principales demandas del movimiento feminista pero también cuál es el aporte que hacemos a una dinámica general del campo popular.

Esta pregunta es fundamental. Es la que hizo que, frente a la iniciativa de un grupo de diputados de La Libertad Avanza de proponer la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la respuesta sea colectiva: no vamos a dejar que nos corran de eje y para reaccionar a sus provocaciones. Hoy el problema es la crisis alimentaria, habitacional y social de las grandes mayorías, en las que las mujeres, lesbianas, travestis y trans se encuentran particularmente afectadas.

Se hace necesaria una aclaración. Esta respuesta no tiene nada que ver con pensar que la lucha por los derechos reproductivos sea accesoria o no esté ligada a un reclamo con contenido de clase (sabemos que quienes más sufren la clandestinidad del aborto son las mujeres de los sectores populares que no pueden pagar clínicas privadas). Por el contrario, fue un ejercicio estratégico frente a la maniobra distractiva, provocadora, y sectorializante del gobierno para ocultar la derrota de la Ley ómnibus. Este ejercicio estratégico –que es pedagógico y es político– va a continuar con las asambleas de preparación al paro internacional feminista del próximo 8 de marzo.

Sabemos que la estrategia es también una prerrogativa que suele monopolizarse en referencias masculinas (las únicas aparentemente habilitadas para hablar de todos los temas), por eso quiero destacar la intervención casi unívoca del movimiento feminista usando la provocación para responder poniendo en primer lugar la crisis alimentaria.

Este 8 de marzo es uno de los más especiales desde el primer paro a Macri del año 2016, en el que nos opusimos a la avanzada neoliberal del gobierno del otrora Cambiemos, gran responsable de la deuda externa ilegal que hoy padece todo el pueblo argentino.

Es especial porque estamos frente a un gobierno que, como quedó claro en Davos, nos sube al ring de enemigas en su proyecto de refundación anarcocapitalista. Y lo hace para consolidar un eje antifeminista (que lamentablemente incluye parte de nuestro propio campo que “no la ve”) que siga proveyendo de “enemigos” y “blancos fáciles” a quienes tienen que sostener una vida llena de incertidumbre y desilusiones frente a proyectos políticos que no han dado respuesta.

Pero también lo hace porque sabe de nuestra fuerza a la hora de poner en cuestión estructuras de desigualdad como la del trabajo no reconocido y feminizado que sostienen a este capitalismo financiero cada vez más zombie y que es necesario combatir para su utopía de libertad de explotación de cuerpos y territorios.

Nos vamos a preparar para este 8 de marzo, en medio de una crisis alimentaria, social y habitacional de magnitudes extraordinarias, con un DNU que está vigente y que da vía libre a las corporaciones para subir diariamente el precio de los bienes y servicios más básicos. Esto incluye, como lo demostramos en una encuesta reciente realizada con Inquilinxs Agrupadxs, un aumento de precios de los alquileres y el acortamiento de los contratos, un aumento del endeudamiento de las familias y sobre todo de las mujeres para pagar alimentos, servicios de salud y medicamentos.

Al mismo tiempo que, en un ejercicio de crueldad sin precedentes, el gobierno a través de su ministra de Capital Inhumano, Sandra Petovello, se niegue a proveer de alimentos a los miles de comedores y merenderos que sostienen la comida de millones de argentinxs. El ataque sobre nuestras condiciones de vida, que tiene un particular ensañamiento con las trabajadoras de la economía popular y las trabajadoras estatales, no encuentra antecedentes.

La crisis, que aumenta los índices de violencia y feminicidios por el estado de precariedad generalizado, nos encuentra también en la incertidumbre sobre cuáles serán las políticas de prevención y atención de las violencias. Todo bajo el ropaje de una libertad financiera que tiene como reverso la violencia económica para las mayorías.

Contra eso nos vamos a organizar. Porque cuando dijimos que nos queremos libres, dijimos que eso significa desendeudadas.