Con la caída y el asesinato de Muammar al Gadafi en 2011, Libia experimentó un proceso de fragmentación y conflicto interno. En la actualidad, el país se encuentra dividido en dos principales bloques: una administración reconocida internacionalmente con sede en Trípoli y otra controlada por la familia Haftar, la cual disputa el control de los recursos y la hegemonía política. Ambas facciones cuentan con el respaldo de diversas milicias y potencias internacionales, lo que dificulta una transición efectiva hacia una democracia que responda a los intereses del occidente capitalista.

La reciente escalada de violencia en Trípoli evidencia que las intervenciones de la OTAN y de los EE UU bajo el pretexto de promover la democracia contribuyen, en realidad, al debilitamiento del Estado, al fraccionamiento territorial, a la creación de liderazgos débiles y a la explotación de recursos por parte de las potencias. Este patrón de intervención resulta contraproducente para la estabilidad y el desarrollo del país.

En el contexto de la tensión político-social inducida y fomentada desde el exterior, Libia, en cierto modo, ofrece  oportunidades significativas para las corporaciones internacionales que buscan ampliar sus rentas y objetivos comerciales. La Compañía Nacional de Petróleo de Libia (NOC), con el objetivo de atraer inversiones para incrementar la exploración de crudo, convocó a empresas internacionales a competir por 22 bloques energéticos. Según autoridades libias, los contratos con las ofertas ganadoras se firmarán antes de diciembre del presente año.

Desde la última convocatoria, las petroleras Chevron y Total Energies participaron en la primera licitación tras la crisis de 2011. A estas compañías se sumaron ENI, ExxonMobil y otras 37 empresas, que compitieron por la exploración terrestre y marítima de los recursos energéticos libios.

De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Libia, junto con Nigeria y Angola, posee las mayores reservas petroleras en África. Antes de la caída de Al Gadafi, el país producía aproximadamente 1,65 millones de barriles diarios. Hoy, recuperar esa producción permitiría reubicar a Libia como un actor económico regional relevante y facilitaría un reordenamiento interno, siempre y cuando las diferencias políticas intramuros lo permitieran. Según estimaciones de la NOC, la inversión extranjera de las compañías participantes en la licitación podría elevar la producción a 2 millones de barriles diarios en menos de cinco años.

El ataque de los EE UU a las tres instalaciones de desarrollo nuclear en Irán provocó consecuencias en el mercado energético: que Irán suspendiera la cooperación con el Organismo  Internacional de Energía Atómica OIEA y posibles restricciones en la venta de crudo; una incertidumbre global respecto a su suministro, y como resultado de ambas, la suba de los precios a un 0,8% situando el barril, según su calidad, entre 66 y 68 dólares. A este panorama se suman las decisiones que generan mayor inquietud mundial como los recortes en producción por parte de la OPEP, las energías renovables, los aumentos del precio por el requerimiento de inversiones para mantener la demanda y la falta de exploración de nuevos yacimientos petroleros.

Otro factor son las tensiones bélicas en Asia Occidental que mantienen en vilo a los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb poniendo permanentemente en riesgo el constante mercado energético. En este contexto, la convocatoria de la NOC genera nuevas expectativas a las grandes transnacionales y presenta una oportunidad para consolidar una estabilidad económica interna y para posicionarse como principal proveedor de Europa.

Esta nueva exploración se sumará a la producción de los campos petroleros como Sharara. que produce 240 mil barriles diarios; Waha Oil Co, con 150 mil; y Arabian Gulf Oil, con una producción de 220 mil barriles por día.  Para ponerlo en perspectiva y contextualizar estos datos, considerando los rumores de privatización de YPF en nuestro país, la producción de Vaca Muerta en Neuquén oscila entre 448 mil y 468 mil barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 57% de la producción total de Argentina.

La política de incrementar la producción y el acaparamiento del “oro negro” en países de África y Asia Occidental tendría como propósito garantizar el suministro energético en una trama de tensiones armadas y comerciales internacionales.