El juez federal Ariel Lijo se hará cargo desde ahora y por un año del Juzgado Federal 11 de Comodoro Py. Se trata del tribunal en el que está radicada la llamada causa Andis, que a comienzos de semana avanzó hacia el procesamiento de 19 imputados. Ahora, ese expediente sensible para la Casa Rosada quedará en manos de un magistrado que viene de ser candidato del Gobierno para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema.
Este miércoles a las 11 de la mañana se realizó el sorteo, bolillero mediante, que arrojó el nombre del magistrado que se hará cargo del Juzgado que está vacante desde el fallecimiento del entonces juez Claudio Bonadío. Tal como anticipó Tiempo, los que estaban en condiciones de participar del sorteo para subrogar eran el propio Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y las juezas María Romilda Servini y María Eugenia Capuchetti.
Sobre el filo del sorteo se bajaron Martínez de Giorgi y Servini, con lo cual solo quedaron en el bolillero los números correspondientes a Lijo y Capuchetti, supo este medio.
Así, el azar quiso que Lijo quedara a cargo de un expediente de alto voltaje por el que fue procesado, entre otros, Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ex abogado del presidente Javier Milei.
Casanello le endilgó la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y defraudación por administración fraudulenta. También lo ubicó como jefe de asociación ilícita. Todo ello en el marco de “un entramado de corrupción institucional” en el que la Andis “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, y por el que también hubo otras 18 personas procesadas y embargadas.
Pese al cambio de juez, el fiscal seguirá siendo Franco Picardi. La gran duda es si mantendrá la delegación que Casanello hizo en favor del representante del Ministerio Público Fiscal para que sea quien investigue el caso.
Pero un punto llamativo es que la causa quedará en manos de un magistrado que viene de ser elegido por el gobierno nacional para ser ministro de la Corte Suprema. Vale recordar que ese intento oficial para ubicarlo en una de las sillas vacantes del quinto piso del Palacio de Tribunales, donde trabajan los supremos, quedó frustrado por falta de apoyo político. Fue en abril del año pasado cuando el Senado rechazó su pliego en una votación que terminó con 43 votos en contra frente a 27 a favor.
Procesamiento confirmado
Si bien en los procesamientos ordenados por la Justicia a comienzos de semana no estuvieron alcanzados Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, no se descarta que la investigación avance sobre ellos. Vale recordar que esa es la droguería que aparece mencionada en los audios atribuidos a Spagnuolo y que motivaron la denuncia que dio origen a la investigación.
Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, pudo confirmar Tiempo.
De Vicentis había sido procesado por el juez Casanello en el marco de un desprendimiento de la causa principal a partir de la llamativa conducta que habría tenido cuando la Policía de la Ciudad fue a Nordelta con una orden de allanamiento a la vivienda de Jonathan Kovalivker.
Ese comportamiento, para el juez, fue motivo suficiente para considerarlo autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento, además de embargarlo.
Fue tras la declaración de un efectivo de la policía porteña que se presentó el día del allanamiento en la garita de seguridad y posteriormente dio cuenta de que tuvo serias dificultades para concretar la orden judicial. En parte, porque De Vicentis habría llamado insistentemente por teléfono al efectivo que estaba en la garita de seguridad del barrio privado para interiorizarse sobre los detalles de la orden judicial.
Según la información judicial, esa comunicación tuvo que ser interrumpida por la policía para evitar la difusión de información sensible. Todo eso terminó con la huída a bordo de un Audi de Jonathan Kovalivker, justo cuando iban a allanarlo.
Tras procesarlo, Casanello se declaró incompetente y giró la causa a San Martín por razones de jurisdicción. La causa quedó en manos del juez Lino Mirabelli y como la defensa de De Vicentis apeló, el caso llegó a manos de la Cámara Federal de San Martín.
En ese marco, los jueces Alberto Agustín Lugones y Néstor Barral, de la Sala II, confirmaron el temperamento de Casanello al sostener que “el asunto en revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que bastan para sustentar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido”. Para los camaristas, “las evidencias reunidas hasta el momento resultan suficientes para respaldar la decisión adoptada” por el magistrado.
El hecho que se le atribuye a De Vicentis ocurrió el 21 de agosto del 2025 en horas de la noche, cuando se ejecutaban las primeras órdenes de allanamiento tras el estallido público del caso Andis.
Un dato no menor es que a los minutos del episodio de los insistentes llamados, llegaron al lugar efectivos de la Policía Bonaerense, advertidos de la supuesta presencia de “falsos policías”. Con el correr de la investigación se pudo saber que ese llamado al 911 fue realizado desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta, minutos después de que el efectivo a cargo del allanamiento se viera obligado a quitarle el celular al personal de seguridad que estaba en comunicación con De Vicentis.
En la causa también se incorporaron mensajes de WhatsApp que el jefe de Seguridad de Nordelta mandó al grupo “Supervisores AVN”, integrado por el personal de seguridad del barrio. En uno de ellos, que figura en la resolución a la que accedió Tiempo, se le atribuye a De Vicentis haberles escrito: “Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. Para mi, esto estaba más que entendido y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí”.
“Todos estos extremos, analizados en conjunto, permiten tener por verificado, dentro de los límites propios de esta instancia del proceso, las maniobras desplegadas por el causante, orientadas a crear un escenario de confusión y resistencia de cara a obstruir el correcto diligenciamiento de la manda judicial”, plantearon los camaristas.
Ese cuadro se complejiza si se tiene en cuenta que al momento del hecho De Vicentis estaba de vacaciones.
