La persecución, torturas y secuestros perpetrados en perjuicio de 30 docentes, estudiantes y personal de la Universidad Nacional del Sur (UNS) durante la última dictadura cívico-militar es investigada por la Justicia Federal de Bahía Blanca como parte de un plan criminal desarrollado durante los años del terrorismo de Estado contra esa comunidad académica por parte del aparato de inteligencia del Ejército y que contó con la anuencia del diario La Nueva Provincia.

Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos analizados forman parte de “una amplia operación de acción psicológica” destinada a “exponer a las víctimas” con el armado de causas judiciales donde se los sindicaba como integrantes de una denominada “Universidad de la Subversión”, tal como lo definiera en su momento el general Acdel Vilas, segundo comandante del V Cuerpo del Ejército y principal responsable de la Subzona 51 del organigrama represivo diseñado por el régimen castrense.

En marzo pasado, La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó al Juzgado Federal Número 1 de esa ciudad la elevación a juicio oral y público de esta causa en la que se encuentran imputados seis exmilitares por delitos de lesa humanidad, cometidos entre junio y noviembre de 1976.

Entre los acusados se encuentran tres exoficiales del V Cuerpo del Ejército, el coronel Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Soria y el teniente primero Norberto Condal, y tres antiguos miembros del Destacamento 181 del Ejército, Jorge Granada, Carlos Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre.

Según pudo establecerse en la instrucción, la empresa criminal desarrollada contra la comunidad universitaria se sostuvo a partir de tres elementos: el accionar del Ejército y las fuerzas de seguridad en la zona; el Juzgado Federal de Bahía Blanca, que por esos años dio una cobertura de fachada legal a la empresa criminal y del multimedios de La Nueva Provincia, propiedad de la familia Massot, que difundió esas “investigaciones judiciales” con la finalidad de instalar que en la UNS se “formaban subversivos”.

La Fiscalía pidió imputar también al entonces funcionario judicial Hugo Mario Sierra y a Vicente Massot, directivo de la Nueva Provincia. Sin embargo, el juez Walter López da Silva no hizo lugar a estos pedidos y ordenó profundizar la investigación. Una resolución apelada por la Unidad Fiscal. 

De la triple a la dictadura

Esta causa por persecución contra la comunidad de la UNS se desprende de hechos que se ventilaron en el juicio de V Cuerpo y de elementos de contexto que se analizaron en el proceso por los crímenes cometidos por la Triple A en Bahía Blanca, donde la UNS se convirtió en el blanco predilecto de la banda parapolicial.

En ese juicio, concluido en 2021, fue condenado a prisión perpetua el agente parapolicial Roberto Aceituno por el asesinato del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en abril de 1975 en los pasillos de esa casa de estudios.

En el debate de esa causa se abordó la persecución que se desató en la UNS durante la gestión de Remus Tetu, un ciudadano de origen rumano designado como interventor de la institución durante el gobierno de Isabel Perón. También el rol que cumplió en esos años el entonces diputado nacional Rodolfo Ponce, como organizador de las actividades que la Triple A desarrolló en Bahía Blanca antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Gregorio Díaz Dionis, titular en esos años del gremio de ATUNS, que representaba a los trabajadores no docentes, debió exilarse como consecuencia de la persecución de la Triple A y desde el exterior fundó el equipo Nizkor, una organización de Derechos Humanos que participó en diversas investigaciones por crímenes contra la humanidad y que se especializa en derecho humanitario.

Dionis declaró en el juicio de la Triple A y ahora integra la querella que lleva adelante el Equipo Nizkor en este expediente por persecución a integrantes de la UNS durante la última dictadura.

“Es una causa que tiene que ver con la persecución ideológica en el contexto de crímenes contra la humanidad. En esta causa se investiga a integrantes del Ejército, pero sería interesante avanzar sobre las acciones que emprendió la Marina en el ámbito universitario”, señaló Dionis a Tiempo Argentino desde Bélgica, donde actualmente reside.

“La limpieza ideológica”

En diciembre de 1975, Vilas fue reemplazado por el genocida Antonio Domingo Bussi en el comando del Operativo Independencia que se desarrollaba en Tucumán y fue designado como segundo jefe del V Cuerpo en Bahía Blanca. Al asumir declaró que su intención era poner en marcha un plan de “limpieza ideológica” sobre la UNS, considerada como un “reducto de la subversión cultural” de Argentina.

Las denuncias que se presentaron contra los docentes de la UNS Stella Maris Ramírez y Hugo del Campo son las que dieron inicio a esta acción de persecución que se verificó en carreras como Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología.

“Se hacían allanamientos en los cuales se secuestraban materiales bibliográficos y se presentaba una denuncia que luego era difundida por los medios de La Nueva Provincia como parte de una acción psicológica”, explicó el fiscal Pablo Formento, que integra la acusación.

El sociólogo Fortunato Mallimaci fue una de las víctimas de esta persecución. En 1975 estudiaba Ingeniería Química en la UNS y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y debido a la cacería iniciada por la gestión de Tetu debió exilarse. Se encontraba en el exterior, pero resultó incriminado en estas causas armadas.

“Lo importante es que los juicios sigan, que continúen y se realicen todas las reparaciones que sean necesarias. En Bahía Blanca hubo una acción amplia del terrorismo de Estado, pero también mucha lucha contra la impunidad. Tenemos el caso del fiscal Hugo Cañón, quien trabajó mucho para que estos delitos no prescriban”, remarcó Mallimaci.

El inicio del proceso oral y público de esta causa no tiene aún fecha de inicio, pero fuentes relacionadas a las querellas indicaron que las audiencias podrían comenzar a fin de año. «