La conducción de la CGT dio por descontado que el gobierno conseguiría los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado y, por eso, decidió no dar continuidad al plan de lucha callejero a pesar de haber evaluado el paro nacional del 19 de febrero como “contundente” y haber advertido al gobierno que “esto recién empieza”.
La central obrera convoca a una movilización a Tribunales mañana para acompañar la presentación de un amparo. Forma parte de la nueva orientación de la estrategia de la mesa chica de la CGT, que apunta a la judicialización de la norma. Así lo adelantó su secretario adjunto Andrés Rodríguez que “el próximo paso es la judicialización de muchos de esos artículos que vulneran la Constitución”.
El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo, en declaraciones al programa Mañanas con vos, también adelantó que, si bien “la CGT había rechazado el proyecto de plano” ahora hay “un equipo jurídico que está trabajando en profundidad. Vamos contra los ataques a los derechos individuales y colectivos que son inconstitucionales”.
No se conocen aún los nombres de los letrados que elaboran la presentación, pero se descuenta que, entre otros, participarán los laboralistas Pablo Topet y Hugo Moyano (h) y el constitucionalista Alberto García Lema.
El primero de ellos, de hecho, fue el encargado de hacer los cuestionamientos legales al proyecto de ley en la comisión de Trabajo días antes de su ingreso al Senado. Allí adelantó las inconsistencias, tanto legales como constitucionales, que podrían formar parte de la presentación de mañana. Aún no se definió aún si será ante el fuero laboral o el contencioso administrativo.
La primera incógnita es si la norma será cuestionada en su totalidad o si la impugnación resultará parcial. Según los argumentos vertidos por Topet y los laboralistas consultados, la ley podría ser cuestionada en nombre de la Constitución Nacional (en particular el 14 bis) y en referencia a la “supralegalidad” de los tratados contenidos en la Convención de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La norma tomada en su conjunto vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos que, según el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a ampliar derechos y nunca disminuir la tutela o los derechos ya reconocidos sin justificación robusta.
Además, la ley “tiene vicios de inconstitucionalidad relativos a cuestiones de forma”, según Guillermo Gianibelli, abogado laboralista que representa varios sindicatos como el SiPreBA y la FatPren. Ello porque el debate congresal debió iniciar por Diputados; el dictamen de comisión fue modificado antes de su debate en el Senado y el traspaso del fuero laboral debió hacerse por una ley aparte. Esos tres puntos solos, dijo, “podrían dar lugar a una nulidad” aunque, resaltó, “resultan minúsculos con relación a otras cuestiones de fondo”.
La cuestión de fondo
En ese punto, aseguró que “es una norma absoluta y totalmente regresiva. Hay un principio que nuestra Corte ha recogido en numerosos fallos que proviene del derecho internacional (Naciones Unidas y Convención Americana de Derechos Humanos) que establece que los derechos deben ser reglamentados de manera progresiva, nunca regresiva. La Corte reconoce que esa presunción de regresividad se convierte en presunción de inconstitucionalidad”.
Pero, para Gianibelli, además, “cada artículo tiene un carácter regresivo en relación a cómo estaba regulado en la norma vigente”. Por eso, “la regresividad es tanto a nivel del texto en general como en cada derecho en particular. Todos los derechos bajan el nivel de tutela. Se pueden hacer planteos de orden general y particulares”.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Guillermo Pérez Crespo, señaló que “hay capítulos donde la inconstitucionalidad es más evidente y manifiesta». Por ejemplo, detalló, “la restricción del derecho de huelga con la ampliación del listado de servicios esenciales y de importancia trascendental es contrario a la normativa de la OIT. Es probable que la justicia lo observe, lo suspenda o lo declare contrario a la norma constitucional”.
Además, Pérez Crespo pronosticó que “lo que va a dar lugar a un debate muy fuerte es el Fondo de Asistencia Laboral. Es una reducción de los aportes y eso vulnera la garantía constitucional del haber previsional”. Pero además, “no cumple con el 14 bis que castiga el despido sin justa causa. Va a haber un pago pero al empleador le sale gratis. No hay una presión para que no despida”.
Pérez Crespo agregó que “la Justicia no debería aceptar el pago en cuotas de las sentencias laborales. Vulnera, entre otros, el derecho de propiedad del trabajador”. Además, cuestionó que “el banco de horas está expuesto en la ley con supuestos acuerdos individuales. No hay paridad de fuerzas entre empleador y trabajador. El Estado tiene el Convenio 1° de la OIT sobre jornada laboral como obligatorio”.
Entre otros puntos que el titular de la AALL cuestionó está el salario dinámico, que “es contrario al convenio 95 de la OIT que protege el salario y su naturaleza alimentaria”. Los mismo ocurre con “los convenios por empresa que vulneran el derecho a la negociación colectiva plasmados en el 14 bis y los convenios 98 y 87 de la OIT”.
Gianibelli agregó que “la Constitución exige protección al trabajo en sus diversas formas. La ley no ofrece ninguna protección a favor del trabajador de plataformas, es un vacío legal. Solo establece ‘libertades’, pero en relaciones asimétricas la libertad es del que puede ejercerla”.
Pérez Crespo adelantó que “va a haber una alta litigiosidad. Pero otra parte, se va a dar en la resistencia en los lugares de trabajo más allá de lo que diga la norma. Así fue como se construyó el derecho laboral”, concluyó. «
