El ajuste en las políticas de integración sociourbana por parte del gobierno de Milei golpea a los barrios populares, que son miles en el país. Las consecuencias son palpables: no hay obras de vivienda ni de infraestructura, tampoco de acceso al agua potable, a la electricidad y a la red de cloacas. No hay asfalto, ni espacios recreativos. En los barrios aumenta la contaminación, el desempleo y la conflictividad social. Sitios paradigmáticos como el Riachuelo vuelven a ser ejemplos de abandono.
Desde que asumió, la gestión de Milei tomó la decisión de vaciar la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), área encargada de llevar adelante las políticas habitacionales. De hecho, en febrero los casi 300 trabajadores que aún sobrevivían de este programa quedaron en la calle porque el gobierno no renovó sus contratos. El retiro del Estado tiene efectos concretos. Álvaro Llambi, militante del MTE y ex director de Fortalecimiento de Organizaciones Productivas de la Comunidad, detalló que en los barrios que componen Campo Unamuno, al sur del Conurbano, tienen paralizada la obra de cloacas: “Tuvimos que ir a una demanda judicial para que refuercen los camiones que sacan; básicamente, la mierda de todas las cloacas que están en el barrio. Estamos hablando de 2000 familias que están sacando los residuos cloacales con camiones cisternas durante la semana porque la planta de tratamiento fue suspendida por parte del Gobierno Nacional”.
Los fondos que la administración ‘libertaria’ invierte para mejorar las condiciones de vida de los 6467 barrios populares en los que habitan cerca de 5 millones de personas, son ínfimos. Sólo hasta noviembre de 2025, había desembolsado el 0,2% del monto anual para la integración habitacional.
El escenario para quienes habitan los barrios populares en la Cuenca Matanza Riachuelo -como Villa Fiorito- se agrava más aún luego de que la Corte decidiera cerrar la causa “Mendoza”, la más importante y emblemática en materia ambiental de la historia del país. Hoy, Llambi denuncia que no hay tareas de saneamiento y que “volvió el olor al Riachuelo”. Acota: “Volvemos a ver residuos flotando en el Riachuelo, olores nauseabundos y ni hablar de la falta de control de las fábricas que están alrededor de la Cuenca, como es el caso del Barrio El Paredón en Fiorito por parte de SADESA, la empresa de cuero más grande de Latinoamérica, propiedad de la familia Galperín”.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Nacionales, el gobierno nacional lleva adelante un “plan de miseria planificada”: abandonó 648 obras, dejó a 11.265 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y dio vía libre para que se activen 150 juicios de desalojo. Además, dejó sin empleo a 35 mil trabajadores de la economía popular que llevaban adelante las obras.
“En mi barrio, algunos pibes que laburaban con nosotros en las obras, hoy laburan para el transa”, graficó a este medio Gastón Reyes, integrante de la Mesa y vecino del barrio El Bajo de Aldo Bonzi, en La Matanza.
“La situación es triste. Vemos a las madres tratando de contener a sus pibes que venden, pero también a los que consumen. Vemos compañeros que quedaron tirados con las obras, cloacas sin terminar, pozos abiertos, caños que se están echando a perder”. La vida cotidiana de los barrios se vuelve así una “pelea entre pobres. Vos tenés una parte del barrio que pudo acceder a una casita y a un tanque de agua. Y después tenés a quienes no accedieron a eso que vuelven a enganchar la manguera, le sacan presión al otro. Se está retrocediendo con todo lo que habíamos logrado”.
El riesgo es la vida
La geografía cambia pero no las problemáticas. “Cuando llueve, el agua se mete en las casas porque se frenaron las obras de cordones cuneta”, afirma Lila Calderón, vecina del Barrio Obrero, al norte de Cipolletti, Río Negro. Se dejaron de hacer los cordones, las veredas quedaron inconclusas, se frenaron las conexiones intradomiciliarias de luz. “El riesgo de esto es que un cortocircuito te queme todo, corre riesgo la vida. Perdimos un montón de vidas por los incendios a causa de malas conexiones”.
El 30% de las obras que se realizaron en el Barrio Obrero estuvieron en manos de cooperativas integradas por los mismos vecinos del lugar. “Hoy eso ya no existe”, dice Calderón. Y describe la crudeza del abandono: “Hay vecinos que trabajaban en las obras que hoy son los arbolitos de los narcos. Esto es lo que está sucediendo. Cuando el derecho retrocede gana el narcotráfico. Ni hablar de la cantidad de pibes que trabajaban bien y terminaron suicidándose”.
Los barrios populares esperan que el gobierno nacional cumpla la Ley de Integración Sociourbana. “Nacimos de asentamientos porque políticamente a nadie le importó –concluye Calderón–, pero tenemos el derecho de vivir dignamente”.
Afecta a más de 5 millones de personas
Organizaciones sociales, populares, la Iglesia y referentes territoriales que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares se movilizaron el martes pasado hacia la sede de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). Bajo la consigna “El Estado se retira, los barrios pagan”, denunciaron que el desmantelamiento de las políticas de integración habitacional por parte del gobierno de Milei afecta a más de 5 millones de personas. El viernes también marchó la UTEP. La SISU fue creada en el 2018 a partir de la Ley de Integración Sociourbana 27.453. Hoy el 92% de los barrios populares carece de conexión formal de agua, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas informales.
