En un contexto global atravesado por la crisis climática, la concentración de la tierra y el avance de modelos agroindustriales altamente concentrados, la Declaración de Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés) pasó de ser un marco normativo internacional a convertirse en un terreno de disputa política concreta, donde se define si los derechos reconocidos se traducen o no en transformaciones reales en los territorios. Lo que está en juego ya no es solo el reconocimiento formal, sino su aplicación efectiva en la vida cotidiana de millones de campesinos y campesinas.
Así lo plantea Carlos Duarte, presidente relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, quien en diálogo con Tiempo Rural sostuvo que “el principal desafío hoy no es normativo, porque la Declaración ya existe, sino político, porque todavía no logra imponerse frente a estructuras de poder muy consolidadas”. Desde su experiencia como académico y como acompañante de organizaciones campesinas en América Latina, Duarte advierte que la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad rural sigue siendo profunda.
Esa brecha se expresa con fuerza en América Latina, una de las regiones con mayor desigualdad en la distribución de la tierra y con altos niveles de conflictividad rural. Países como Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia concentran grandes extensiones productivas en manos de pocos actores, mientras amplios sectores campesinos y de la agricultura familiar enfrentan dificultades estructurales para acceder a la tierra, al crédito y a políticas públicas sostenidas. En ese escenario, la Declaración aparece como una herramienta clave, pero también como un punto de tensión permanente frente al poder del agronegocio.
El Grupo de Trabajo que preside Duarte tiene un mandato específico otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, que incluye “monitorear la implementación de la Declaración, dialogar con los Estados y recoger denuncias de vulneraciones de derechos”. Sin embargo, según el propio Duarte, ese trabajo enfrenta límites estructurales. “Tenemos un estándar internacional robusto, pero no contamos con mecanismos jurídicos obligatorios que permitan responsabilizar a las corporaciones transnacionales, que hoy son actores centrales en la violación de los derechos campesinos”, afirmó.
En los informes más recientes presentados ante Naciones Unidas se identifican tendencias comunes en distintas regiones del mundo. Entre ellas se destacan la creciente concentración del control sobre las semillas, la expansión territorial del agronegocio y la captura de políticas públicas por intereses corporativos. “Las voluntades empresariales y los compromisos voluntarios no alcanzan. La evidencia muestra que, sin regulación estatal fuerte, las violaciones continúan”, remarcó Duarte.
En Argentina, estas tensiones se expresan en debates abiertos sobre el modelo productivo, el uso intensivo de agroquímicos, la extranjerización de tierras y la situación de las economías regionales. Para Duarte, la UNDROP ofrece un marco que permite repensar esas discusiones desde una perspectiva de derechos humanos. “Cuando hablamos de tierra, semillas o alimentos, no hablamos solo de producción, hablamos de derechos colectivos y de democracia”, señaló.
Semillas
El especialista subraya que uno de los puntos más sensibles es el derecho a las semillas, reconocido en la Declaración como un derecho colectivo fundamental ya que “cuando las semillas quedan en manos de unas pocas empresas, no solo se afecta la producción campesina, también se pone en riesgo la soberanía alimentaria y la diversidad biológica”. También advirtió que las nuevas tecnologías y marcos legales están profundizando formas de apropiación que excluyen a los productores de sus propias prácticas históricas.
Para Duarte, la Declaración no puede leerse como un instrumento simbólico debido a que “la UNDROP es una herramienta política construida desde abajo, impulsada por los movimientos campesinos, y debe ser utilizada para transformar políticas públicas”. En ese sentido, remarcó que las organizaciones rurales deben ser reconocidas como sujetos políticos y no como meros destinatarios de programas estatales.
El principal desafió según Duarte, es “transformar los compromisos internacionales en políticas concretas”. Una distancia que sigue marcando la realidad de los sistemas agroalimentarios en Argentina, en América Latina y en otras regiones del mundo.
