Con alguna excepción, los gobernadores del panperonismo y del espacio “intermedio” (en Brasil dirían el “Centrão”) mantuvieron hasta ahora una actitud bastante reservada respecto a la denominada “modernización laboral” que impulsa el gobierno. Predominó el silencio. A pesar de la importancia de lo que está en juego. Hubo, sí, una reunión de los mandatarios ligados a Provincias Unidas con el nuevo triunvirato de la CGT. También circuló una declaración cuidadosa y pretendidamente equidistante del cordobés Martín Llaryora. Fue hace un mes, cuando el debate recién asomaba.

“Hace falta una modernización laboral, sobre todo para las pequeñas empresas y los trabajadores informales, pero no se puede retroceder en los derechos conquistados. Hoy no es momento de retroceder, es momento de avanzar. La misma economía ya te hace retroceder todos los días”, advirtió Llaryora al encabezar un acto por los treinta años de la explosión inducida de la fábrica militar de Río Tercero, hecho traumático y criminal del menemismo.

Otra intervención pública -de las pocas que hubo entre los gobernadores- fue la del bonaerense Axel Kicillof. El martes pasado, en una entrevista realizada en los estudios de C5N, Kicillof cuestionó abiertamente la reforma laboral mileísta. La consideró, sobre todo, anacrónica. “Todo ese paquete de leyes huele a naftalina”, sostuvo. Y amplió: “Ellos (por los libertarios) vinieron a modernizar, (dijeron) que había que adecuar (las leyes) a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma es más o menos igual a la de los ’90. Se probó en los ’90 y no anduvo. Yo esperaba algo por lo menos de originalidad, de novedad.”

Por último, Kicillof describió el proyecto que se presentó en el Senado como “un fantoche de la época del Consenso de Washington”. El gobernador de Buenos Aires, de permanente relación con el sindicalismo, incluso participará el jueves próximo en la concentración convocada por la CGT.

La debilidad financiera de buena parte las provincias, probablemente, explique el silencio. Por si no bastara con la interrupción de la obra pública nacional, algunas gobernaciones atraviesan problemas estructurales propios del terruño. Es el caso (por citar un ejemplo) de la convulsionada Córdoba, que por estos días se prepara para debatir en su Legislatura unicameral la aprobación de una cláusula de descuento adicional del 4% para todos los empleados públicos de la provincia. Tal contribución apuntaría a fortalecer la Caja de Jubilaciones transferida por el Estado nacional y desfinanciada desde hace años.

Llaryora no sólo debe lidiar con el continuo cierre de fábricas y las suspensiones: enfrente se está configurando un polo de resistencia sindical empujado por gremios estatales como Suoem (municipales), Judiciales o Luz y Fuerza (la eléctrica EPEC, a la que supo hacer famosa Agustín Tosco, es una empresa pública provincial), entre otros.

En este escenario, entre necesidades financieras y prudencia táctica de los gobernadores, se mueve el ministro del Interior Diego Santilli. Esta semana el funcionario mileísta con largo historial en el PRO dispuso una medida propia de su ámbito de competencia. Fue una decisión seguida con lupa por todos los jefes provinciales: le giró a Tucumán U$S 20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Tucumán es hasta ahora el segundo distrito que recibió más ATN durante la gestión mileísta. El uso de esos fondos -que se transfieren desde la cartera de Interior- no tiene asignación específica. 

Con decisiones sutiles y otras no tanto, Jaldo aportó lo suyo para la gobernabilidad mileísta. En 2024 fue un defensor convencido de la ley Bases (27.742). Hace un mes contribuyó con una jugada parlamentaria para que La Libertad Avanza se convirtiera en la primera minoría de la Cámara baja: el diputado electo Javier Noguera, exintendente de Tafí Viejo e identificado en su pago chico como kirchnerista, decidió sumarse al bloque Independencia (desprendimiento de los legisladores tucumanos) y no al bloque orgánico de Fuerza Patria.

Tras el recambio legislativo, el bloque Independencia cuenta con tres miembros: Elia Fernández, Gladys Medina y el propio Noguera. En el Senado, donde arrancará el debate laboral (salvo que prospere la judicialización interpuesta por los senadores Guillermo Michel y Carolina Moisés), Jaldo contará -se presume- con los votos de dos senadoras: Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Son, en definitiva, tres diputados y dos senadores. Pueden jugar un rol clave tanto en la discusión de la reforma como en el tratamiento del presupuesto.

En el espacio mayoritario del peronismo creen que Jaldo tratará de ayudar al gobierno. Lo mismo esperan del catamarqueño Raúl Jalil, porque -descuentan- “ambos se mueven en sintonía”. En cuanto al senador electo por Santiago del Estero y exgobernador de esa provincia, el influyente Gerardo Zamora, la expectativa es contradictoria. Un exfuncionario que lo conoce mucho no descartó que los tres senadores santiagueños (el propio Zamora más Elia Esther Moreno y José “Pichón” Neder) se repartan con una fórmula de compensación: “dos a favor, uno en contra”.

Es un panorama, inicialmente, no muy alentador. Sin embargo, algunos nombres del panperonismo no descartan que la CGT termine jugando un papel clave -por la presión de la calle- para rechazar, modificar sustancialmente o postergar sine die el proyecto laboral mileísta. Un antecedente histórico es lo que ocurrió con la ley Mucci en el alfonsinismo. Lo recordaron últimamente figuras de linaje peronista que conocen la problemática del empleo, el peso de los gremios y la vida legislativa.

El abogado Carlos Tomada, por caso, quien fue ministro de Trabajo a lo largo de tres gobiernos (2003-2015), señaló a Tiempo que la movilización convocada por la CGT “será un éxito enorme”. “Lo del jueves será un éxito enorme y muy importante para la toma de consciencia de que esto (por la reforma laboral de Milei) no es un problema solamente de los trabajadores. Es, entendido en un sentido estricto, un problema para el pueblo argentino todo”, vaticinó.

En cuanto al rol de los mandatarios provinciales, Tomada lanzó una advertencia. “Yo creo que con los gobernadores está pasando una cosa muy peligrosa porque están entrando en un terreno próximo a la Ley Banelco (por la Ley 25.250, también de Reforma Laboral, aprobada en el 2000 durante el gobierno de Fernando de la Rúa con pago de coimas y sobornos, NdR). Es algo así como ‘ustedes votan a favor y yo les resuelvo problemas”, cuestionó.

Y en el mismo sentido añadió: “No tengo claro cuál va a ser el rol de los gobernadores, pero me temo que pueden terminar siendo peones de un juego que le va a hacer mucho daño al país todo.” Otra voz del panperonismo, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, se dirigió directamente a las autoridades de Córdoba y Santa Fe, gobernadores de Provincias Unidas. “Si creen que por acompañar la Reforma Laboral van a obtener algo en el Presupuesto están viendo otra película. Este gobierno no va a poner un peso para ninguna provincia”, alertó.