Luego de una reunión virtual, la Coalición por una Comunicación Democrática Argentina fijó posición en un duro comunicado sobre el fallo judicial de una Cámara Federal que habilitó aumentos en las facturas de telefonía celular, televisión por cable e internet, pese a que el gobierno nacional los consideró servicios públicos esenciales y, por lo tanto, debería tener la potestad de regular los cuadros tarifarios a través del Enacom.
El texto difundido por el organismo es el siguiente:
La Coalición por una Comunicación Democrática repudia que en medio de la pandemia de Covid 19 una Cámara Federal haya habilitado a una corporación empresarial de telefonía, Internet y TV de pago a disponer aumentos discrecionales en sus tarifas, suspendiendo la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, que protege el derecho de millones de usuarios en el acceso a servicios esenciales.
Sostenemos como colectivo de medios de comunicación populares, de organizaciones de trabajadores, de docentes, de usuarios y consumidores en defensa del derecho a la comunicación, la trascendencia de que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas que recuperan la capacidad regulatoria del Estado, que había sido borrada por Mauricio Macri –vía DNU- para favorecer la concentración sectorial.
Medidas como la Prestación Básica Universal Obligatoria y la regulación de tarifas entre los privados y el Estado protegen el acceso social a la información, la educación, la cultura y la ciudadanía, más aún si se considera especialmente que, para estar conectados, los sectores por debajo de la línea de pobreza deben destinar más del 10% de sus ingresos mensuales.
Hacemos un llamamiento a la racionalidad política y a la primacía del estado de derecho para la inclusión democrática. Es lícito que Telecom y otros operadores hagan negocios, pero no dejando a millones de compatriotas fuera del teletrabajo, la educación y la socialización imprescindibles en los momentos actuales.
Es tiempo de recuperar las banderas de una comunicación democrática, sin monopolios que amenacen la democracia. Por la plena vigencia del Decreto 690 y de una mesa de diálogo que no quede restringida a los poderes fácticos del mercado. Por la defensa de la competencia y la regulación asimétrica para PyMes y cooperativas audiovisuales y TIC. Por la actualización de regulación y tributación de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales. Por el Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, y una distribución democrática y federal de la pauta publicitaria. Por la legalización pendiente de medios cooperativos y comunitarios, y el fortalecimiento de la Televisión Digital Abierta y gratuita.
Es con todos. Defendemos nuestros derechos.