Los proyectos judiciales que anunció el presidente Alberto Fernández apenas asumió su mandato quedaron durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Una de las preguntas es qué pasó en el camino.

El primer desafío fue el impedimento de cubrir el cargo del Procurador General de la Nación, puesto vacante desde el gobierno de Mauricio Macri. La Casa Rosada quería para el puesto al juez Daniel Rafecas. En la actualidad, Eduardo Casal está como interino. Es acusado por el oficialismo de cometer irregularidades dentro del organismo y de trabajar para Cambiemos sin respetar la independencia de los poderes del Estado.

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La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que la designación a este cargo debe concretarse con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, lo que en números se traduce en 48 sobre 72 a favor. Con la composición actual de Cámara, el Frente de Todos cuenta con 41 escaños. Tiene mayoría absoluta (la mitad más uno del cuerpo) a la que se suman aliados, como la misionera Magdalena Solari Quintana, del Partido de la Concordia Social, y el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Rio Negro. Aún con esos apoyos, al oficialismo no le alcanza para llegar a la mayoría agravada de dos tercios. En la vereda de enfrente están Juntos por el Cambio, que cuenta con 25 senadores, y el Bloque Federal integrado por Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, María Clara Vega y Lucila Crexell, que juegan en bloque con radicales y macristas. Más allá de las diferencias en el tema, los opositores también señalan que el oficialismo no avanzó en su intención de tratar el pliego de Rafecas en la comisión de Acuerdos, cuya presidenta es la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Ante este panorama, el FdT impulsó la reforma de la Ley del Ministerio Público. Contó con 42 votos a favor y 27 en contra en el Senado. Es decir que no lo acompañaron los mismos bloques que no respaldan al gobierno en la designación de Rafecas.

Esta norma modifica las mayorías en el Senado para designar al jefe de los fiscales. Establece la necesidad de una mayoría absoluta, número que hasta el 10 de diciembre tiene el FDT en la Cámara Alta, como se explicó.  Este punto es cuestionado por la oposición. Los otros cambios que propone es que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Se establece que el procurador dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado. Actualmente, el cargo es vitalicio. 

El proyecto giró a Diputados. Allí, el oficialismo no tiene una mayoría y el texto no fue debatido hasta el pasado 27 de abril, cuando el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó de manera remota en comisiones. Defendió la iniciativa, pero anunció algunos cambios que, explicó, fueron consensuados en encuentros institucionales con representantes de peso del sector judicial como Carlos Rivolo (Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público), Marcelo Gallo Tagle (presidente de la Asociación de Magistrados) y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Más allá de la intención del ministro, al igual que el año pasado, en el poroteo el Frente de Todos sigue sin alcanzar una mayoría absoluta (129 diputados) para avalar la iniciativa. De modificarse, debería volver al Senado. A grandes rasgos, el bloque que comanda Máximo Kirchner cuenta con 118 diputados a los que pueden sumarse 6 legisladores del interbloque de José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo Federal). Pero necesitará de los federales, del Frente de Izquierda y la neuquina Alma Sapag, para alcanzar su objetivo sin el apoyo de Juntos por el Cambio.

Con la reforma judicial pasó algo similar. El proyecto fue presentado en el Senado por Marcela Losardo y perdió peso en Diputados, donde la exministra de Justicia nunca se presentó a defender la propuesta. Llamativamente, tampoco la Comisión de Justicia, que preside el oficialista Rodolfo Tailhade, se reunió ni una vez para tratar el tema. 

En el Senado, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, fue aprobado por 40 votos afirmativos del FdT y sus aliados contra 26 negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio.