Los servicios de la deuda pública son casi el único rubro que se salvó del tijeretazo al gasto público efectuado por el gobierno de Javier Milei. En lo que va de 2024, las partidas de dinero para ese fin subieron un 8%, mientras que decayeron las destinadas a todas las demás funciones del Estado.

El dato surge de un análisis efectuado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año. Allí se concluye que el gasto total medido en términos reales bajó un 32% y fue de $ 15,06 billones, frente a los $ 22,28 billones (actualizados por inflación) del período enero-marzo de 2023.

El trabajo muestra cómo se distribuyeron los gastos según la finalidad y función presupuestaria, una clasificación estandarizada que permite estudiar en qué cuestiones se aplican los recursos de la administración pública. De las cinco finalidades básicas, la única a la que se destinaron más recursos que en el mismo lapso del año pasado fueron los servicios de la deuda pública, que se incrementaron 7,93% y acumularon $ 2,79 billones. Fue además el segundo ítem más cuantioso.

En esa suma se incluyen fuertes pagos de títulos emitidos en pesos, muchos de los cuales se ajustan por inflación, lo que eleva los intereses a abonar. Por ese concepto también hubo un pago al FMI en febrero por U$S 781 millones.

“Se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 18,5% del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023”, explica el documento del CEPA.

El resto, para abajo

En el resto, la motosierra de Milei pasó con fuerza. Los servicios económicos (entre ellos, los subsidios para la generación y distribución de la energía y para el transporte) bajaron 64,86% y suman poco más de $ 1,1 billones, mientras que los servicios sociales (principalmente seguridad social, asistencia social, educación y cultura) se redujeron 33,19% y sumaron $ 9,83 billones.

También hubo recortes de 30,84% en la administración gubernamental ($ 609.441 millones en el primer trimestre) y 24,31% en los servicios de defensa y seguridad ($ 722.165 millones).

La baja del gasto público y la obtención de superávit son logros que se adjudica el ministro de Economía, Luis Caputo. “El déficit cero no se negocia”, afirmó Caputo en uno de sus posteos en redes sociales. Sin embargo, el lado B de esos hechos son programas virtualmente paralizados. El CEPA detalló, entre otros, que algunos con fuerte incidencia social, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas, bajaron 56% y 45% respectivamente.

Lo mismo sucede en Educación, con los programas de Fortalecimiento Edilicio, de Infraestructura y Equipamiento, que quedaron virtualmente suprimidos: han tenido caídas de entre 93% y 99%. En materia de obra pública, los programas para construcción y mantenimiento de rutas y autopistas se redujeron entre 85% y 88%.

Además, los programas de Infraestructura Urbana en Municipios, Mejoramiento Sustentable y Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo no tuvieron un solo peso de ejecución durante 2024. Al respecto, el CEPA concluyó que semejante nivel de reducción “está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo”.