Aquella madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas no actuaron solas. La dictadura cívico-militar-empresarial que se instauró esa noche fue la interrupción autoritaria del orden constitucional y, al mismo tiempo, una operación de reingeniería de clase destinada a quebrar al movimiento obrero organizado, desestructurar el tejido productivo nacional e instalar un nuevo patrón de acumulación subordinado al capital financiero transnacional. El golpe tuvo como blanco principal a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, mientras ese bloque de poder daba sustento material e ideológico al terrorismo de Estado.
La represión se desplegó a través de un dispositivo estatal y paraestatal que operó sobre la sociedad como tecnología de disciplinamiento masivo y el mundo del trabajo fue su territorio privilegiado. Fábricas intervenidas por militares —algunas convertidas en centros clandestinos de detención—, sindicatos desarticulados mediante intervenciones, prohibición de huelgas, despidos masivos y persecución de delegados revelan que el blanco principal de la violencia genocida fue la clase trabajadora organizada. Esta ofensiva no solo buscó debilitar la capacidad de negociación salarial, sino también erosionar las culturas políticas y organizativas construidas al calor de décadas de luchas, reordenando profundamente el campo popular.
Violencia política y violencia sexual
Esa represión no operó de manera homogénea. Las mujeres militantes fueron objeto de un castigo específico, en el que la violencia sexual en centros clandestinos de detención operó como herramienta de disciplinamiento de género. La dictadura las consideró doblemente transgresoras: por su participación política y por la ruptura de los roles tradicionales de madre, esposa y ama de casa, lo que derivó en prácticas represivas generizadas y sexuadas —violaciones, abusos, humillaciones— que hoy se analizan desde perspectivas interseccionales que combinan género, clase, edad, orientación sexual y otros ejes de desigualdad.
El plan encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz inscribió a Argentina en la ola neoliberal internacional mediante la apertura comercial, la liberalización financiera y el endeudamiento externo como eje de inserción subordinada en la economía mundial. La combinación de «tablita» cambiaria, reducción arancelaria drástica y tasas de interés sistemáticamente superiores a la devaluación del dólar institucionalizó la bicicleta financiera como mecanismo estructural de valorización del capital.
El efecto distributivo fue brutalmente regresivo: caída pronunciada del salario real, deterioro del empleo industrial, fuga de capitales y consolidación de una élite rentística asociada a los mercados financieros globales. La desindustrialización —cierre de grandes plantas y destrucción de miles de pymes— redujo el peso de la industria en el PBI y fracturó los núcleos históricos de sindicalización y conflictividad obrera.
La política de endeudamiento externo transformó al país, en pocos años, de deudor moderado a uno de los más endeudados del mundo. El «Seguro de Cambio» y la posterior estatización de la deuda privada marcaron el clímax de esta ingeniería regresiva: mediante normas como la Comunicación A 251 de 1982, pasivos en dólares de grandes grupos económicos se convirtieron en deuda pública, socializando pérdidas privadas en una monumental expoliación que transfirió al conjunto de la sociedad obligaciones contraídas por conglomerados locales y transnacionales.
El rol del empresariado
La dictadura no solo contó con la complacencia, sino con la participación activa de actores empresariales que confluyeron en el bloque de poder. La Junta Coordinadora Nacional —integrada por Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio y la Bolsa de Comercio— había impulsado el lockout patronal de 1975 y recibió el golpe como una salida política favorable a sus intereses.
El vínculo entre empresas y represión no fue ideológico solamente: fue operativo. Acindar, Ledesma, Alpargatas, Techint y Pérez Companc, entre otros, aportaron recursos, facilitaron vehículos y logística para operativos represivos. Sus plantas industriales funcionaron como extensiones del circuito represivo, y sus gerencias de personal ejecutaron listas negras de trabajadores «subversivos» para facilitar su secuestro o despido.
Dos casos condensan esa complicidad. En julio de 1976, durante la llamada Noche del Apagón, Ledesma cortó la luz en Libertador General San Martín para que sus propios vehículos trasladaran a militantes y vecinos hacia centros clandestinos de detención: al menos 400 personas fueron secuestradas. Acindar, por su parte, tenía en su directorio a José Alfredo Martínez de Hoz antes de que este asumiera como ministro de Economía de la Junta.
Think tanks empresariales como CEMA y Fundación Mediterránea proveyeron el andamiaje ideológico que legitimó ese programa, instalando una matriz neoliberal de apertura, endeudamiento y ajuste que reaparecería en ciclos posteriores. A esto se sumó la prédica de sectores de la jerarquía eclesiástica y medios hegemónicos que, bajo la consigna de «occidente cristiano», clausuraron el pensamiento crítico mediante la censura y la persecución de intelectuales.
Terrorismo de Estado y derechos humanos
La racionalidad económica del régimen se sostuvo en un terror sistemático dirigido contra militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de base, y amplios sectores populares. La represión estatal y paraestatal —incluida la continuidad y radicalización de prácticas de organizaciones como la Triple A— desplegó desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niñas y niños como parte de un plan genocida porque apuntó al aniquilamiento sistemático de grupos políticos y sociales organizados.
En este entramado, los movimientos de derechos humanos —con Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo como actoras emblemáticas— encarnaron una lucha por la memoria y la justicia que confrontó tanto el silencio dictatorial como las posteriores narrativas del «empate moral» entre víctimas y victimarios. Sus luchas contribuyeron a inscribir en el espacio público el carácter sistemático del terrorismo de Estado, a erosionar la impunidad y a complejizar la comprensión social de la violencia política y sexual ejercida por el régimen.
Legado estructural
En el presente, las políticas de memoria, verdad y justicia, los juicios por crímenes de lesa humanidad y los sitios de memoria funcionan como contra-dispositivos frente al legado dictatorial. Al visibilizar continuidades institucionales y económicas —como la persistencia de la Ley de Entidades Financieras y una distribución del ingreso estructuralmente regresiva—, esas memorias disputan sentidos consolidados por el neoliberalismo y reponen la dimensión estructural de la violencia económica y estatal inaugurada en 1976. Desde una perspectiva de larga duración, el balance de la dictadura cívico-militar-empresarial marcó la consolidación de una élite rentística asociada al capital financiero global, un aumento exponencial del endeudamiento externo, la desindustrialización y un debilitamiento profundo del poder social de la clase trabajadora. Lejos de clausurarse en 1983, esta matriz se reactualizó en sucesivos ciclos neoliberales que retomaron el ideario de apertura, ajuste y valorización financiera. La disputa contemporánea por la democracia, los derechos humanos y la justicia social implica no solo juzgar los crímenes del pasado, sino también desarmar las continuidades institucionales, normativas y económicas heredadas de aquel régimen.
