El ministro de Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, confirmó que hay tres ciudadanos japoneses entre los detenidos en la construcción de la planta de baterías de Hyundai en el estado estadounidense de Georgia.

Este martes el periódico Nikkei publicó que entre los detenidos durante una redada en la construcción de la planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia se encuentran empleados enviados a través de empresas colaboradoras en Japón y China.

El establecimiento en cuestión es una inversión de 26.000 millones de dólares que, había anunciado la empresa, “creará 25.000 empleos directos y fortalecerá a Estados Unidos como centro de movilidad y tecnología del futuro”. Constará de una nueva fábrica de acero en Luisiana, la ampliación de la producción de automóviles y un centro de robótica con capacidad anual para 30.000 unidades”.

Según LG Energy Solutions, representantes del departamento diplomático ya se reunieron con los japoneses detenidos, sin embargo, no se informó si los diplomáticos chinos vieron a los ciudadanos de su país retenidos. El canciller agregó que los diplomáticos japoneses «seguirán actuando adecuadamente para garantizar la seguridad» de los ciudadanos detenidos.

El 4 de septiembre, la Oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 450 trabajadores durante una redada. Al día siguiente, la Fiscalía de EEUU para el distrito Sur de Georgia afirmó que al menos 475 personas habían sido.

Según la agencia de noticias Yonhap, alrededor de 300 de los detenidos son ciudadanos surcoreanos. El domingo, el jefe de la oficina presidencial surcoreana, Kang Hoon-sik, anunció un acuerdo con EEUU para la liberación de ciudadanos surcoreanos detenidos por la cual podrían abandonar el país esta misma semana en un vuelo chárter a Corea del Sur, después de que Seúl.

El avión partirá del cercano aeropuerto de Jacksonville, en el vecino estado de Florida, presumiblemente, el próximo miércoles, según el cónsul general de la Embajada de Corea del Sur ante Washington, Cho Ki-joong. El diplomático acudió este domingo al Centro de Procesamiento del ICE en Folkston, Georgia, donde el personal consular comprobó las condiciones y el estado de salud de sus conciudadanos.

Tras reunirse con ellos en un comedor de las instalaciones, Cho indicó que todos se encontraban bien, aunque, obviamente, «no tan cómodos como en casa», mientras que ha asegurado que Seúl está haciendo todo lo posible para que los que lo deseen puedan volver al país asiático «lo antes posible».

La redada en cuestión fue descrita por las autoridades estadounidenses como la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia de las investigaciones de Seguridad Nacional, una operación que el presidente del país, Donald Trump, defendió desde el Despacho Oval, argumentando que se trataba de «extranjeros ilegales».

La compañía automovilística negó que haya detenidos que trabajen «directamente» para Hyundai, al tiempo que defendió su compromiso con el cumplimiento de «todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos». «Esperamos el mismo compromiso de todos nuestros socios, proveedores, contratistas y subcontratistas», reza el comunicado emitido por la empresa.

Este mismo domingo, el inquilino de la Casa Blanca aludió a la redada e hizo un llamamiento a «todas» las empresas extranjeras «para que respeten las leyes de inmigración» del país y a que «contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses»

“Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que traigan legalmente a su personal altamente capacitado, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial. Nosotros haremos que esto sea posible de manera rápida y legal. A cambio, les pedimos que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses. Juntos, trabajaremos arduamente para que nuestra nación no solo sea productiva, sino también más unida que nunca”.

La fiscal Margaret Heap indicó que el objetivo de esta operación fue «reducir el empleo ilegal y evitar que los patrones obtengan una ventaja injusta al contratar trabajadores no autorizados» y «proteger de la explotación a trabajadores no autorizados».

Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional para los estados de Georgia y Alabama, dijo en conferencia de prensa que los inmigrantes «se encontraban de manera ilegal en Estados Unidos, o en violación de su presencia en Estados Unidos, trabajando de forma ilegal, tras haber entrado por diversos medios a Estados Unidos».

La investigación se había realizado durante meses antes de la redada, destacó Schrank, quien añadió que se descubrió una red de subcontratistas y que los detenidos trabajaban para múltiples compañías distintas en el lugar.

De acuerdo con la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, Lindsay Williams, portavoz del ICE confirmó que las autoridades federales llevaron a cabo la operación en un sitio de 1.214 hectáreas al oeste de Savannah, Georgia.

«La redada plantea una posible tensión entre las dos mayores prioridades del presidente Donald Trump: fortalecer la manufactura dentro de Estados Unidos y combatir la inmigración ilegal. También podría tensar la relación del país con un aliado clave», informó la BBC.

ALG con Sputnik, Europa Press y Xinhua