A 40 años del veredicto en el Juicio a los comandantes de Las Juntas Militares de la última dictadura cívico militar, Luis Moreno Ocampo, integrante de la Fiscalía que encabezó Julio César Strassera durante ese proceso oral y público, reivindicó el rol que cumplió el expresidente Raúl Alfonsín para impulsar el debate de la denominada causa 13, al considerar que se trató de un “hecho político único” que resultó fundacional para la democracia en Argentina.
“Se trató de una forma de resolver una brecha política sin recurrir a la violencia como había pasado en los años ’70 sin necesidad de recurrir a la violencia. Argentina cambió entre las elecciones de 1983 y Juicio a las Juntas de 1985. Alfonsín tuvo la decisión política y el coraje cívico de llevarlo a cabo”, señaló en un diálogo que mantuvo con Tiempo.
Jurista de prestigio internacional que supo desempeñarse como Fiscal en Jefe de la Corte Penal Internacional durante nueve años, Moreno Ocampo reside actualmente en la localidad uruguaya de José Ignacio, y al recodar los difíciles primeros años de la institucionalidad que siguió al régimen castrense que gobernó argentina entre 1976 y 1983, pondera el trabajo que cumplieron los organismos de derechos humanos, los testigos, fiscales y magistrados a lo largo de las audiencias del juicio a las Juntas : “Los que participamos del Juicio hicimos todo para que se pudiera hacer”, remarcó.
–¿Cuál cree que es el principal legado que dejó el Juicio a las Juntas a 40 años de su realización?
–La sentencia y su realización constituyeron un hecho que creó la democracia argentina. Fue una forma de cerrar una brecha política sin la necesidad de recurrir a la violencia política que se había hecho en los años ’70. Por eso considero que Argentina cambió con ese Juicio porque (el expresidente Raúl) Alfonsín tomó la decisión de investigar los crímenes que habían cometido las cúpulas militares. Fue un paso más allá de lo que marcaban las transiciones democráticas. En España había habido un pacto y Alfonsín decidió que había que juzgar a los máximos responsables, algo que fue cuestionado por los organismos como las Madres de Plaza de Mayo, que reclamaban “aparición con vida” porque reclamaban que los militares dieran información sobre el destino de las víctimas. El proceso a las Juntas fue una promesa de Alfonsín en campaña a la que luego se sumaron todas las fuerzas políticas que en el Congreso apoyaron la derogación de la autoamnistía que habían decretado los militares antes de dejar el poder.
–¿Fue un hecho fundacional?
–Estableció un consenso que compartieron todos los partidos políticos de la época. Los jueces mostraron imparcialidad y prueba de ello es que se absolvieron a cuatro comandantes, pese a las críticas que hubo en ese entonces. El juicio unió a los argentinos en relación a cómo se debían procesar los casos que se investigaron. El mensaje que quedó es que había que mantener la democracia y por eso la gente salió a la calle cuando hubo una intentona golpista por parte de los militares carapintadas en la Semana Santa de abril de 1987. Eso significó una enorme transformación.
–Hay sectores negacionistas que siguen cuestionando la imparcialidad del juicio. Sostienen se juzgó a un solo sector.
–En su alegato, (Julio) Strassera mencionó la violencia en la que habían incurrido las organizaciones armadas y citó el caso de la hija del capitán (Humberto) Viola (muerta en un atentado cometido por el ERP en Tucumán), pero eso no podía justificar la ilegalidad en la que incurrió la dictadura. El denominador común del Juicio a la Juntas fue el castigo a la violencia política, en base al trabajo que realizó la Conadep. Hubo además otros juicios en los que se analizó las responsabilidades que tuvieron jefes de Montoneros y ERP en hechos de violencia y también se investigó a José López Rega por liderar a los grupos parapoliciales de la Triple A.
–¿Qué tan importante fue el compromiso de los organismos de Derechos Humanos para que se llegara a sentar a los militares en el banquillo de los acusados?
–Fue fundamental. Las Madres, que salieron a las calles en la dictadura para reclamar aparición con vida y comenzaron a marchar en Plaza de Mayo bajo esa consigna. El archivo que había elaborado la APDH y que luego se incorporó a la Conadep, y acá resultó importante el trabajo de Graciela Fernández Meijide. El aporte del CELS con la visión de sus abogados y también las denuncias de Adolfo Pérez Esquivel (premio nobel de la Paz en 1980. Todas esas visiones que reclaman verdad fueron importantes.
El Nuremberg argentino
Moreno Ocampo reconoce los aportes que formularon en 1982 los filósofos Carlos Nino y Jaime Malamud, quienes le propusieron a Alfonsín la realización de “un Nuremberg argentino” para procesar las violaciones a los Derechos Humanos que se habían cometido en Argentina.
“Alfonsín tomó esa idea y la expuso en un acto que se realizó en septiembre de 1983 en la cancha de Ferro. Cuando lo dijo, no lo aplaudieron mucho. Pero en 1983 lo pone en ejecución”, reseñó.
–¿Quedó conforme con lo que se contó en la película 1985?
–Es la historia de los fiscales, pero también hubo otras historias que merecen ser contadas. Como la de los jueces, los testigos, las víctimas o de los militares que estuvieron acusados. Creo que 40 años después, la película es una forma de recuperar una narrativa.
–¿Qué valoración hace de la figura de Strassera a 40 años del Juicio?
–Fue un héroe civil. Cuando me convocó me dijo que pretendía que investigara como se hacía en los Estados Unidos y así trabajamos con el grupo de jóvenes que nos apoyaron. Esa investigación sirvió para impulsar otros juicios que se hicieron después.
–El aparato represivo de la dictadura estaba intacto al momento del Juicio. ¿Tuvo miedo?
-Sabía que mientras hubiera democracia no me iban a matar. Pero el miedo estaba. Me acuerdo que Hipólito Solari Yrigoyen (exsenador nacional, víctima de la Triple A) me aconsejó que cuando encendiera un auto le dejara la puerta abierta. Si explotaba una bomba eso iba a atenuar el impacto de una explosión. Así y todo, los jueces, los fiscales, las víctimas y los testigos hicimos todo para que el Juicio a las Juntas se hiciera. Y así pasó.
–¿Le preocupan los discursos negacionistas que surgen de los despachos oficiales?
–Cada gobierno tiene su sesgo y sus visiones, pero creo que no se puede transformar una sociedad si renace la intolerancia política. Hay que investigar los abusos policiales, la corrupción, que atraviesa a empresas y a todos los partidos políticos. Debemos reclamar además que haya jueces serios. Me pareció positivo el rechazo que generó la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Tenemos que evitar caer en la lógica del enemigo interno. Es lo que propone la administración de Donald Trump para América Latina con la lucha contra el narcotráfico. No hay que involucrar a los militares en eso. Es una lógica que se aplicó en los años ’60 y ’70, y eso no puede volver. Tampoco podemos propiciar intervenciones de otros países más allá de la legitimidad que tengan algunos gobiernos. América latina debe seguir siendo una región de paz.
–¿Le gustaría volver a trabajar en el Poder Judicial argentino?
–Estuve nueve años en la Corte Penal Internacional. Es el cargo más alto al que se puede aspirar. No quiero desempeñar otra función pública en Argentina, donde no presenté nunca los trámites para jubilarme. Trabajo asesorando instituciones en la resolución de conflictos. «
