El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó finalmente el decreto que rige la llamada Ley de la Reciprocidad, bajo la cual se prevén medidas en respuesta al arancel impuesto por el Estados Unidos sobre los productos brasileños, impuesto por Donald Trump en rechazo -y en abierta injerencia en asuntos de otros países- al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

El ministro de la Casa Civil brasileña, Rui Costa, destacó que este nuevo instrumento legal autoriza al Ejecutivo a adoptar medidas de «protección del país cuando otros países adopten medidas extemporáneas y extraordinarias de forma unilateral», según el diario ‘Folha de S. Paulo’.

«Por eso se denomina reciprocidad. Para que Brasil pueda responder con la misma rapidez si otro país toma una medida similar a la anunciada por Estados Unidos», declaró.

El texto prevé dos procedimientos distintos para la aplicación de la reciprocidad, uno ordinario, en el que los casos se remitirán a la Cámara de Comercio Exterior -vinculada a la Presidencia y al Ministerio de Industria- y contemplarán la realización de consultas públicas, y otro urgente, que podrá activarse en casos excepcionales -como, posiblemente, el actual enfrentamiento con Washington-, en los que la decisión pasará por un comité interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo, con la participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Exteriores y la Casa Civil.

La Ley de Reciprocidad define como objetivo a cualquier país o bloque económico que decida adoptar medidas unilaterales y acciones que perjudiquen la competitividad internacional de los bienes y productos brasileños, según el mismo medio, que informa también de que el texto prevé consultas diplomáticas coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El subsecretario de diplomacia pública del Departamento de Estado de Estados Unidos, Darren Beattie, recordó en la red social X la carta del presidente del país, Donald Trump, en la que impuso «consecuencias largamente esperadas al Tribunal Supremo de Moraes y al Gobierno de Lula por sus ataques contra Jair Bolsonaro, la libertad de expresión y el comercio estadounidense».

«Tales ataques son una vergüenza y están muy por debajo de la dignidad de las tradiciones democráticas de Brasil», subraya en un mensaje del que se hizo eco la embajada estadounidense en Brasilia.

La medida fue objeto de crítica tanto por las autoridades políticas del país sudamericano como por su estamento judicial, que han coincidido en pedir respeto por la justicia y la democracia brasileñas, mientras que el Gobierno del país insistió también en que quien presenta un déficit comercial en la relación económica entre los dos países -el argumento más ampliamente utilizado por la Administración Trump para justificar sus aranceles- es precisamente Brasil. Lo que deja como razón el apoyo al expresidente ultraderechista brasileño.

alg con Europa Press