El Ejecutivo elimina los niveles de segmentación y el Programa Hogar. La medida entrará en vigencia desde enero.

La principal novedad es la eliminación de la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la supresión de esquemas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. En su lugar, el Ejecutivo define apenas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, cuya clasificación dependerá de la evaluación de ingresos, patrimonio y condición socioeconómica del grupo familiar.
Bajo este nuevo sistema, la asistencia se acotará a aquellos hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, un tope que se traduce en $ 3.641.397. Si bien el gobierno asegura que quienes ya están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán realizar un nuevo trámite (sus datos serán migrados automáticamente), la redefinición de parámetros amenaza con dejar afuera a miles de familias que antes contaban con algún nivel de asistencia.
Además, se incorporan al régimen unificado 3.364.065 usuarios que antes recibían el Programa Hogar, quedando ahora sujetos a las reglas de elegibilidad más estrictas.
El diseño del nuevo régimen evidencia una clara intención de concentrar la ayuda en los meses de mayor demanda, a costa de desproteger a los usuarios durante el resto del año:
El gobierno ha incluido una bonificación adicional y transitoria del 25% solo en enero de 2026 para ambos servicios (llevando el subsidio total al 75% en electricidad y al 25% en gas por ser mes de verano). Sin embargo, este componente extraordinario se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026, confirmando la tendencia a la baja de la ayuda estatal.
Desde el Ministerio de Economía, la justificación para este giro de timón se centra en una supuesta «corrección de irregularidades». Según los datos oficiales, la revisión del sistema permitió detectar situaciones anómalas, aunque los números levantan serias dudas sobre la focalización previa del RASE:
Si bien la detección de fraude es una tarea necesaria, el uso de estas cifras como principal argumento para desmantelar un sistema de protección social y reemplazarlo por uno de cobertura significativamente menor sugiere una prioridad del ajuste fiscal por encima de la protección de los sectores vulnerables que sí cumplen los requisitos.
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