La atención a personas en situación de calle abrió este miércoles un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno porteño y el bonaerense. Todo se inició con el reclamo público del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, a la administración de Axel Kicillof, para que le pague una «deuda» de 27 mil millones de pesos por los gastos que le demanda a la Ciudad atender a los bonaerenses que viven en la calle en esa jurisdicción.

Macri hizo pública la situación en la red social X. «Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo», sostuvo y adjuntó una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en la que exige el pago de una deuda superior a los $27 mil millones por los costos de asistencia a personas con residencia en territorio provincial.

Según se detalla en la nota, firmada por funcionarios del Gobierno porteño, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas durante todo el año y que brindan atención integral. Y puntualizan que allí se asiste a miles de personas y, entre ellas, a 2.327 que poseen domicilio en la provincia de Buenos Aires, lo que representa un costo mensual de 1.163.135 pesos por cada uno.

En el documento se advierte que, desde que entró en vigencia el decreto nacional 373/2025 que modificó la Ley Nacional sobre personas en situación de calle, la Ciudad gastó $27.066.151.450 de pesos que se cubren con recursos propios de la Ciudad y que implica «un ahorro para la Provincia de Buenos Aires». Por eso, se solicita la transferencia inmediata de los recursos necesarios para cubrir la asistencia ya brindada y la que se genere de ahora en más.

La respuesta de PBA

La respuesta desde la Provincia no tardó en llegar. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, cruzó a Macri también por redes sociales y rechazó las acusaciones. «¡Qué tipo con ‘coraje’ sos! Te cuento que en la Provincia duplicamos los Centros de Integración Social, que operan en el área metropolitana y el interior bonaerense, en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad», replicó.

En la misma línea, el funcionario de Kicillof vinculó la situación con el contexto económico generado por la administración de Javier Milei y cuestionó la distribución de recursos. «A pesar de los recursos que nos robó Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses. Aunque quieras distraer, tu problema, como el de todos los argentinos, es Milei», agregó.

Desde la cartera que conduce Larroque difundieron, además, un informe en el que destacan que en los últimos dos años la Provincia duplicó su red de atención, pasando de 28 a 58 Centros de Integración Social distribuidos en el conurbano y el interior. Según ese relevamiento, los dispositivos funcionan de manera permanente y ofrecen no solo alojamiento, sino también acceso a salud, educación, formación laboral y acompañamiento social.

El subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, sostuvo que la problemática requiere un abordaje estructural y advirtió que no puede reducirse a una disputa entre jurisdicciones. «No alcanza con administrar la emergencia. Estamos frente a una problemática estructural que tiene que ver con la pérdida de ingresos, la ruptura de redes, los consumos problemáticos y la falta de acceso a derechos básicos en un escenario de deterioro social creciente», afirmó.

El funcionario también cuestionó el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y señaló que esta modificación implicó un corrimiento del Estado nacional, «trasladando responsabilidades a provincias y municipios sin un financiamiento acorde».

«Las personas en situación de calle no son el problema, están atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad. Frente a esto la respuesta tiene que ser más presencia del Estado, más articulación y más responsabilidad institucional, no la estigmatización», agregó Fidanza.