El Gobierno de Venezuela prorrogó este martes el estado de excepción y emergencia económica por otros 60 días debido a la situación social que atraviesa el país.

Por séptima vez se aplicará el «Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos», reseña la Gaceta Oficial de Venezuela.

El objetivo de esta medida, expone el documento, es que el Ejecutivo Nacional adopte «las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias» para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y preservar el orden interno.

Bajo el estado de excepción económica el presidente Nicolás Maduro podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338, y 339 de la Constitución.

El decreto fue publicado luego de que cuatro personas más fallecieran en las últimas horas en medio de la nueva ola de protestas que se desató a principios del mes pasado, con lo que ya llegan a 48 los muertos en las manifestaciones, que han incluido actos vandálicos, ataques a la policía y represión policial.

También este martes, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) llamó a una nueva manifestación para el miércoles a la noche, aunque se declaró dispuesta a negociar algunas “concesiones” con sectores del oficialismo que “sostienen” al presidente Maduro.

El gobierno, agrega el texto oficial, podrá «diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados», informó la agencia de noticias EFE.

Más temprano, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la oposición informaron que tres personas murieron anoche durante protestas en el estado occidental de Barinas y que una cuarta falleció en una manifestación en la ciudad de San Antonio de los Altos, cerca de Caracas, en el céntrico estado de Miranda.

La oposición acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador que usa su influencia sobre las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Pero el mandatario alega que sus enemigos políticos están agitando las calles con disturbios y manifestaciones, sólo para derrocarlo.

El presidente dice que la salida de la crisis política está en una Asamblea Constituyente para reescribir parte de la carta magna, pero sus adversarios temen que la nueva legislación abra puertas que faciliten al «chavismo» mantenerse en el poder más allá de 2019, cuando culmina su período.

El gobierno de Maduro ha dicho que no permitirá la «injerencia» en su política interna y mantiene que las elecciones presidenciales se celebrarán a fines de 2018, como está establecido en el calendario, a pesar de que todavía no se han convocado dos comicios regionales previstos para 2017.

La oposición está buscando apoyo internacional para mantener la presión contra Maduro y ha logrado el pronunciamiento de varios gobiernos a favor de sus peticiones, particularmente de adelantar las elecciones.

A la habitual dureza de los dirigentes opositores, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, opuso hoy el anuncio de que la MUD está dispuesta a negociar «concesiones» con aquellos funcionarios públicos que «sostienen» en el poder a Maduro, de modo de evitar así una «cacería de brujas».

«Con todos los que están en el segundo nivel, es decir, magistrados, alto mando militar, cuerpos de policías, fiscales, contralor; obviamente sí estamos dispuestos a entrar en un proceso de negociación directa para garantizar que aquí no va a venir una cacería de brujas», dijo Guevara a la emisora privada Unión Radio.

Un día después de una jornada de protesta más intensa desde que recrudecieron las manifestaciones, a comienzos de abril, la Celac anunció que una reunión de cancilleres programada para el sábado en República Dominicana para abordar la crisis en Venezuela fue «pospuesta» para una fecha aún por definir.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no precisó los motivos de la cancelación, y se limitó a decir que se informará de la nueva fecha cuando esta esté fijada.

En cambio, la OEA celebrará el próximo 31 de mayo en Washington una reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela, a la que no se espera que asista el gobierno venezolano, ya que la convocatoria motivó su petición de salida de la organización, que no será efectiva hasta 2019.

El decreto de hoy de Maduro faculta al presidente también a decidir «la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político» contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de «excepción y emergencia económica».